El acceso a educación sexual integral por parte de la población infantil y adolescente con base a los criterios de sus padres y madres y la penalización o no del aborto en Guanajuato serán temas que se debatirán esta semana en los congresos locales de ambas entidades. Ambos tópicos, ampliamente debatidos en múltiples ocasiones. Incluida, la reciente discusión en San Luis Potosí en materia de aborto y la modificación a la Ley de Educación neoleonesa.
En el caso de la educación sexual, dirimida en varias ocasiones, desde hace casi 100 años, cuando hubo una propuesta por parte del entonces secretario de educación, Narciso Bassols, para instaurar una educación en sexualidad, la cual fue rechazada ante la presión de varios grupos como la Asociación Nacional de Padres de Familia, la cual, desde 1917, había cuestionado que la educación tuviera un carácter laico.
A lo largo de la centuria, varias veces se discutió la inclusión de temas relacionados con la educación sexual en libros de textos y en los planes de estudio. Fue hasta la década de los 70 que se logró su abordaje en las aulas de las escuelas primarias y secundarias. Aunque, ha habido exabruptos ante el intento de modificar los planes de estudio para ampliar los contenidos.
En algún momento, se cuestionó que el gobierno de la ciudad de México publicará un libro sobre educación sexual o iniciativas como la Declaración Ministerial Prevenir con Educación no fueron apoyadas del todo. E incluso, por varios años, se corrió el rumor de que en las escuelas se pretendía “cambiar el sexo” de los niños.
Fue hasta 2019 que la educación sexual y reproductiva quedaron protegidas por el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciéndose que deben de quedar incluidas en los planes y programas de estudio, los cuales deben estar sustentados en una perspectiva de género.
Sin embargo, este jueves, el congreso de Nuevo León, aprobó incluir en el artículo 7 de la Ley de Educación del estado que como parte de las actividades educativas se debe “desarrollar actitudes solidarias en los individuos para crear conciencia sobre el respeto a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural y la integridad física y psicológica de todas las personas, así como sobre su formación para la vida adulta, incluyendo la planeación familiar, la paternidad y maternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana”.
La propuesta fue realizada por el diputado Juan Carlos Leal, del Partido Encuentro Social, quien también ha propuesto un cambio al artículo 92 de la misma ley para poder implementar la figura del Pin Parental, una medida que permitirá a padres y madres de familia autorizar o denegar que sus hijos e hijos puedan tomar talleres y actividades extracurriculares en caso de considerar que contravienen sus principios morales, éticos o religiosos.
A través de este Pin Parental, los padres y madres de familia podrán externar de manera escrita, su acuerdo o desacuerdo con las actividades extracurriculares propuestas por las instituciones educativas y determinar la inclusión, o no, de sus hijas e hijos.
Una vez más, en Guanajuato se debatirá la penalización o no del aborto. Un tema volátil en una entidad en la que existen múltiples sanciones penales y administrativas para quienes deciden interrumpir su embarazo, y que desde hace años, ha endurecido sus restricciones legales, incluso, definiendo a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural en la Constitución política local vigente.
Además, la organización civil Las Libres ha denunciado que entre los años 2000 y 2010 hubo 138 mujeres sancionadas legalmente por situaciones relacionadas con el aborto, pero por el delito de homicidio en razón de parentesco, y de 2010 a la fecha, se han abierto 186 carpetas de investigación por abortos.
La próxima semana se discutirá en el Congreso guanajuatense una propuesta, planteada en marzo pasado, por la diputada María Magdalena Rosales Cruz y el diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, en la que se contempla la derogación de la fracción IV del artículo 11, que indica que el aborto es un delito grave; modificar el artículo 158 para establecer que “el aborto es la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación”.
La iniciativa también contempla modificar el artículo 159 a fin de dejar claro que comete el delito de aborto quien interrumpe el embarazo después de la semana 12. Y se amplían las causales por las que es posible el aborto (artículo 163), estableciendo que no será punible cuando sea resultado de una inseminación artificial no consentida; cuando su estado de salud esté en peligro o pueda morir como producto del embarazo, y cuando el producto tenga malformaciones graves, sumándose a la de culpa de la mujer y producto de una violación.
Para Las Libres, un gran logro en la materia sería que se derogaran todos los artículos donde se tipifica al aborto como un delito.
El jueves pasado, en San Luis Potosí, el congreso local rechazó una iniciativa de modificación al código penal similar a la guanajuatense para permitir la interrupción legal del embarazo hasta su semana 12 por lo que el aborto seguirá siendo considerado como un delito en la entidad del centro norte mexicano.
Curiosamente, la discusión de este tipo de temas suele darse en situaciones complejas para poder realmente ser debatidas de manera pública. Por varios años, cuando se dio una oleada de reformas a las leyes estatales para recrudecer las sanciones derivadas de la realización de un aborto o garantizar el derecho a la vida desde el momento de la concepción, estás solían hacerse en horarios fuera de lo común, en días que por lo regular no sesionan los congresos, en sesiones con acceso restringido o en recintos fuera de la sede legislativa o sin todas las corrientes políticas presentes, sobre todo, aquellas a favor de la despenalización del aborto.
En medio de la crisis sanitaria más cruda a la que se ha enfrentado la humanidad contemporánea, en dos entidades del país, se pretende volver a resquebrajar la laicidad del Estado mexicano, cuyas características, como lo propone Rodolfo Vásquez, son la imparcialidad del Estado ante las diversas creencias de los ciudadanos en materia de religión; la protección del Estado de la libertad ideológica, incluida la posibilidad de la no creencia; no permitir que la moral de inspiración religiosa pernee las sanciones a ciertos delitos o que proponga la sanción de ciertas acciones que dentro de un determinado contexto moral sean consideradas como faltas, pero no para la sociedad en general, y privilegiar el diálogo y el principio de mayoría con base en argumentos y no en dogmas.