Nuestro pueblo está conformado en una república representativa, democrática y federal por medio de los tres poderes de la Unión, (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La impartición de justicia se lleva a cabo por conducto de los órganos judiciales con plenitud de jurisdicción en ejercicio de las atribuciones que le confiere la Carta Magna. Sin embargo, cuando se habla de fuero no sólo los tribunales del Poder Judicial son los únicos órganos del estado en el sistema jurídico mexicano que se encuentran dotados de jurisdicción.
Cabe mencionar que como referencia histórica en la Ley Benito Juárez del 22 de noviembre de 1855 se abolieron los fueros (especiales) dejando únicamente subsistente el fuero de guerra y el 11 de marzo de 1857 cuando se promulga la Constitución de 1857, se estableció en el artículo número 13 que “subsiste el fuero de guerra solamente para los delitos y faltas que tengan exacta conexidad con la disciplina militar”. En 1917 se debatió si debía subsistir el fuero de guerra, prevaleciendo la consideración que debía permanecer para garantizar la disciplina del ejército como base fundamental. Esto inició una transformación del Ejército Mexicano al momento de promulgarse el Código de Justicia Militar, por lo tanto, quedaría establecida la tipicidad y comenzaría el uso de la teoría del delito como instrumento conceptual de cada uno de los delitos del orden militar.
Quedando establecida la debida competencia cuando exista la figura de militar en activo que se desempeña en actos del servicio (fuero de guerra) y militar en activo que se encuentra fuera de actos del servicio (para ser juzgado por un tribunal civil). La propia Suprema Corte de Justicia establece una resolución clara y precisa: AMPARO EN REVISIÓN 217/2012 “Militares en servicio. A efecto de determinar la competencia para conocer y sancionar los delitos que presuntamente hayan cometido, se consideran como tales incluso a los militares que hayan abandonado las labores inherentes a sus funciones, en el momento en que fueron perpetrados los ilícitos”. Por lo que el fuero de guerra tiene la naturaleza de juzgar a todos los militares de cualquier graduación por los juzgados militares de control conforme a sus leyes especiales.
Ahora bien, sin un orden basado en la obediencia con estricto apego a la estructura jurídica, el ejército estaría contaminado con una serie de malas prácticas que actualmente adolecen la mayoría de las instituciones o dependencias. En éstas solamente existen funcionarios públicos con una preparación académica, que manejan información privilegiada –e incluso– pueden utilizarla para desestabilizar y chantajear al propio estado, como ha estado sucediendo hasta el día hoy, ante los descuidos, falta de resultados, y comisión por omisión de diversos funcionarios. Esto ha provocado que los ciudadanos estemos sufriendo por la falta de capacidad de los bufones y arlequines que no pueden dar resultados al ejecutivo, y al interés público y social.
Cabe mencionar que el fuero de guerra no implica ningún trato preferencial, ni tampoco representa un beneficio para con respecto de los demás ciudadanos, es una materia del derecho donde se juzgan los ilícitos que afecten la disciplina en actos del servicio que infringen las leyes y reglamentos militares. Por consiguiente, la disciplina militar es rígida y debe ser preservada para garantizar la correcta aplicación de las leyes y reglamentos militares. La pregunta obligada sería ¿cuántos funcionarios civiles podrían cumplir este tipo de normas que tanto critican? Hasta el momento sus nulos resultados deberían de ser sancionados ipso facto.
Hoy el Ejército Mexicano nuevamente se ve en la necesidad de modernizarse ante el sistema penal acusatorio, por consiguiente, ha sido modificado y armonizado el Código de Justicia Militar por el poder legislativo para brindar una mayor certeza jurídica y de manera paralela se realiza la creación de un Código Militar de Procedimientos Penales. Hoy el liderazgo que se ejerce en las unidades y en los cuarteles Generales, debe estar enfocado a impedir que su tropa y oficiales terminen en una prisión por cumplir órdenes temerarias y contrarias. Hoy la Policía Ministerial Militar debe acabar con las malas prácticas del pasado, cuando realizaban interrogatorios con sus métodos científicos (tortura). Hoy los mandos de las grandes unidades deben actuar apegados al derecho, con lógica y pensamiento abierto. La necedad nunca será un buen asesor.
El éxito de sus operaciones dependerá si cuentan con personal militar táctico altamente adiestrado y compenetrado en los procedimientos para actuar en flagrancia cuando tienen heridos, muertos y durante las acciones de mando inmediatas. Cuidando que no se vulneren los derechos humanos y se traduzca en una violación a los ciudadanos que cometen un delito.
De nada sirve un gran plan estratégico si no hay quien lo ejecute de manera correcta. Por eso, hoy se requieren líderes con capacidad de decisión en todos los niveles de mando, que cumplan órdenes apegadas a derecho. La sociedad está observando con lupa el trabajo desarrollado por el personal militar, no permitan que se manche por gente sin vocación de servicio.
El caso del General Cienfuegos
Por otro lado, está el caso del General Cienfuegos que ha dado un giro histórico. De la desclasificación a la publicación del expediente enviado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a la Secretaría de Relaciones Exteriores por valija diplomática, para ser entregada a la Fiscalía General de la República (FGR). El expediente consta de 751 fojas, que en realidad serían 743 que mencionan los supuestos datos de prueba que la DEA (Drug Enforcement Administration) recopiló durante cerca de seis años contra quien fue el Secretario de la Defensa Nacional de México, no contienen datos relevantes ni a manera de indicio no solo para procesarlo, ni siquiera para una amonestación pública. La captura de mensajes entre dos presuntos criminales como el H2 (Juan Francisco Patron Sánchez) y el H9 (Daniel Isaac Silva Garate), no solo es fantasiosa, si no que en todo momento el H2 cuestiona que quien los está apadrinando sea el Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda. Sumado a esto está el hecho de que utilizan como pruebas recortes de periódicos y fotos bajadas de internet, lo que nos hace dudar de la seriedad de la investigación realizada por la agencia antidrogas. Pero además, la desclasificación de la Carpeta de Investigación FED/SEIDO/UIETA-NAY/0000821/2020, que fue publicada por la FGR, si bien es cierto que cerca del 85% de la Carpeta de Investigación está testada, la realidad es que sí nos ayuda a tener claridad sobre los datos de prueba que se analizaron, así como de la declaración del mismo General Cienfuegos.
Lo que quedó claro que desde el día uno, yo lo mencioné, es que las pruebas obtenidas por la DEA serían ilegales en México, por el simple hecho de que ningún juez mexicano las había autorizado. Ahora escuchamos a Mike Vigil, exdirector de operaciones internacionales de la DEA, retirado desde 2004; tratar de justificar el hecho de que nunca realizaron escuchas telefónicas, ni intercepción de mensajes fuera de Estados Unidos. Esto queda demostrado con las pruebas enviadas por el departamento de justicia a la cancillería mexicana, en donde se especifican las supuestas coordenadas de quiénes eran los que utilizaban los teléfonos Blackberry, y dónde se encontraban de acuerdo a esos datos en México. A esto se suma el hecho de que se justifica que no fueron enviadas todas las pruebas al gobierno mexicano. Me pregunto entonces, ¿cómo pensaban que con esos datos de prueba que envió el Departamento de Defensa de Estados Unidos acusaran y vincularan a proceso al General Salvador Cienfuegos Zepeda?
¿Será entonces que la DEA se guardó datos de la investigación para sacarlos en otro momento? O ¿tal vez nunca existieron esas pruebas tan contundentes que presumieron a los cuatro vientos?
Mis fuentes me informan que sí existe una grabación que en su momento la DEA interceptó a quien ellos aseguran es ZEPEDA o el PADRINO. De igual manera que existen dos testigos protegidos que serían presentados en juicio en la corte de Nueva York, además de que la imputación contra el General Cienfuegos era parte de una serie de acusaciones que se realizarían en contra de varios funcionarios mexicanos y elementos de las Fuerzas Armadas ya retirados.
Me aseguran que esto no se va a quedar solo en esto. Aunque saben que la relación con México se encuentra dañada por los recientes hechos y la exoneración del General Cienfuegos, (que realmente fue un no ejercicio de la acción penal por falta de elementos para procesar). Se menciona que existen varios funcionarios de administraciones anteriores que están siendo investigados por sus presuntos nexos con grupos criminales.
Persisten muchas dudas y reclamos para el gobierno federal. Como lo he mencionado en diversos medios y entrevistas, era obvio que mucha información de la carpeta de investigación serian testados, por ser datos confidenciales que podrían violar el debido proceso del General; pero como lo he dicho desde el día uno, la defensa del ex titular de la SEDENA o él mismo podrían hacer públicos dichos datos. Ésta es la oportunidad histórica que tiene de limpiar su nombre y su trayectoria militar, para no dejar duda de la institución militar, como lo es el Ejército Mexicano y la Secretaría de la Defensa Nacional. A él no se le exoneró de causa alguna, simplemente no se le acusó de posibles delitos, y no se realizó una investigación paralela, como en otros muchos casos que podría poner de ejemplo. Lo que sí me queda claro es que deben existir diversos desgloses de la presente carpeta de investigación.
Es un hecho que de forma clara y reiterada se menciona el nombre del General de División DEM Ret. Virgilio Daniel Méndez Bazán. Él fue Subsecretario de la Defensa Nacional en el periodo del 2012 al 2014 pasando a situación de retiro, y posteriormente ser designado como diputado federal plurinominal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el periodo del 2015 al 2018. Supuestamente tuvo contacto con el H9 (Daniel Isaac Silva Garate), con quien incluso concuerda mucho más con la descripción física que hace el presunto delincuente en los mensajes interceptados en la Blackberry con el H2, a quien describe como General retirado, güero, bajito, que cuando se enoja se pone chapeado. Ahí se los dejo de tarea.
Mis fuentes al interior de la Secretaría de la Defensa Nacional me confirman que sí existe una investigación interna respecto a toda la información obtenida por la DEA, ya que quieren verificar si hubo movimientos de tropas en las fechas y lugares que supuestamente mencionan los mensajes. De igual manera, se requiere verificar los personajes que se mencionan en los mismos, ya que no quieren tener sorpresas el día de mañana de nuevas imputaciones contra personal militar retirado y en activo.
Por último, cómo cambian los tiempos, así como vemos que las imputaciones contra el General Salvador Cienfuegos son una reverenda vacilada, las mismas tienen muchas más pruebas que las imputaciones que hicieron contra mi señor padre, el finado General de División DEM Jesús Héctor Gutiérrez Rebollo. No solo no hubo prueba alguna, solo se torturó a personal militar para declarar en contra de mi padre, los mismos que se retractaron años después. Igualmente utilizaron recortes de periódicos como pruebas, y lo peor de todo es que jueces federales aceptaron esos recortes como pruebas irrefutables, dándoles valor probatorio pleno. Pero eso se los contaré con lujo de detalle en otro momento.
No cabe duda que como dice el viejo dicho, los tiempos vaya que han cambiado. No es lo mismo ser juzgado en 1997 que en el 2021. Aquellos eran los tiempos donde el poder único era del PRI y el presidente de la República. No existían contrapesos. Hoy, aunque les moleste, todos pueden opinar y dar su opinión sin ser torturados, como sucedió en mi caso.