La Cuarta Trasformación tiene entre sus bases la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación del daño, la no repetición de un pasado violento y la transición hacia una normalidad democrática.
Existe lo que expertos han llamado las justicias transicionales, orientadas a ayudar a las sociedades o países que han sufrido graves violaciones a los derechos humanos, para transitar hacia sociedades democráticas y así restablecer el estado de derecho.
En el historial de las violaciones masivas en nuestro país están, ente otros, los casos de Tlatlaya, y Ayotzinapa, así como la represión de Atenco.
La justicia transicional busca poner fin a un pasado de impunidad y corrupción, terminar con un historial de abusos a gran escala, y que los responsables rindan cuentas de sus actos; incluye también la búsqueda de personas desaparecidas.
En este sentido, a su llegada al ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, firmó un decreto para la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa; la PGR ha retomado la investigación para que se resuelva la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En esta nueva etapa de investigación presidida por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, se analizarán varios elementos, entre ellos, el posible involucramiento en delitos (entre ellos tortura) omisiones e irregularidades de exfuncionarios de diferentes dependencias que participaron en las pesquisas.
Se busca llegar a la verdad y a la justicia, para aclarar aquella “verdad histórica” que estuvo vigente durante la administración de Peña Nieto.
El presidente de la República ha dejado ver en sus declaraciones su postura frente a la transición y la justicia:
Sostuvo en días recientes que “si no se hubiera llevado a cabo el fraude de 2006, no estaría el país como está”. “Este fraude causó muchísimo daño, porque la primera decisión de Felipe Calderón fue declarar la guerra contra el narcotráfico, sin saber del porqué de la inseguridad y la violencia, sin atender las causas”.
La actitud del nuevo gobierno es lejana a toda actitud persecutoria contra exfuncionarios. López Obrador está totalmente de acuerdo en los términos con que se aprobó la Ley de Extinción de Dominio “para agilizar la reintegración, recuperación de bienes incautados a la delincuencia común, para el pueblo”: busca justicia.
Ha declarado que indagar al pasado se desprendería de una consulta popular de la cual podría surgir la demanda social de enjuiciar a los ex presidentes de la era neoliberal, y sigue pensando que “los responsables de la tragedia nacional son los de mero arriba, tanto del sector público como del sector privado”.
Ya lo dijo AMLO: “La 4T saciará el hambre de sed y justicia del pueblo mexicano”.