Opinión

La justicia torcida: caso ABC

El reclamo de justicia no cesa, a pesar del tiempo transcurrido.

  • 19/08/2015
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Apenas había transcurrido un mes del trágico 5 de junio de 2009 cuando pude conocer los restos de la guardería ABC en la ciudad de Hermosillo Sonora.  Recuerdo que al acercarme apenas unos metros del inmueble que ocupaba la guardería me impactó observar esas negras paredes, ese olor a carbonizado, penetrante, tan fuerte que me hizo estremecer.

 

Unos cuantos policías cuidaban el lugar. Me lo imaginaba con mucha gente alrededor, pero apenas tres vigilantes deambulan; se percibía una soledad de mucha tristeza.

 

De esos cuartos destruidos, carbonizados, de esas paredes con boquetes hechos a la fuerza por la desesperación, emanaban de él un impresionante silencio. Mi piel se erizaba de sólo pisar esos espacios llenos de tanta irresponsabilidad.

 

Hubo momentos que al permanecer observando el lugar sentía una gran incomodidad, molestia e impotencia; preferiría no haberlo conocido por tan sólo imaginar el horror de niños atrapados en medio de las llamas y humo negro que se esparcían rápidamente.

 

Esa tarde pude presenciar una marcha silenciosa por las calles de Hermosillo de familiares y de miles de personas que los acompañaban, de todos los estratos sociales, vestidas de blanco, consternadas, exigiendo justicia.  Llevaban fotografías de los niños y niñas víctimas de ese horror, sus juguetes, sus carriolas. Fue impresionante haber estado en ese lugar.

 

No más de 30 días antes que conociera la guardería ABC estaban registrados 220 niños, en un servicio subrogado por el Instituto Mexicano del Seguro Social a particulares de alta alcurnia (como una prima de Margarita Zavala). Su capacidad era de 180 niños, pero había mucha demanda de padres de familia, por la escasez de ese servicio.  Todos los límites se podían romper y se rompieron.

 

En un breve recorrido que hice por la ciudad de Hermosillo vi con sorpresa, que algunas guarderías, como la de ABC, son enormes galerones que con el calor agobiante de la zona, requieren del uso constante del aire acondicionado.

 

Deberían tener entonces todas las medidas de seguridad, de primeros auxilios, de salidas de emergencia, de equipo anti incendio, de servicio médico, de suficiente personal, pero la sorpresa que eran condiciones precarias las que tenía la guardería ABC.

 

Estas medidas de seguridad, el deber de cuidado, correspondía a los particulares subrogados tener todos los equipos para ese fin.  Las autoridades del IMSS tenían la obligación de supervisar el servicio, pero nunca se pararon por ahí y si apareció un acta en esos expedientes perdidos, tendría el rutinario visto bueno de esos burócratas incapaces.

 

La consignación que hizo la PGR el pasado 4 de agosto a 22 maestras y trabajadores acusándolas de homicidio y lesiones culposas, tras considerar el Ministerio Público que abandonaron a los 49 niños que murieron es un hecho incomprensible después de 6 años de “investigación”.

 

Nunca tuvo la PGR la virtud de consignar a particulares y funcionarios directamente involucrados. El trato con ellos fue de protección, negligencia y hasta de complicidad.

 

Las 22 consignadas son maestras, cocineras, personal de intendencia y enfermeras que a juicio de la autoridad ministerial deben pagar su irresponsabilidad.

 

A pesar de la magnitud del incendio pudieron rescatarse 150 niños, esas trabajadoras, con ayuda de vecinos, rescatistas improvisados, que rompieron paredes a riesgo de su vida, algunos pudieron ingresar y salir con niños en brazos de las salas invadidas de humo negro asfixiante.

 

Las trabajadoras nunca fueron reconocidas como víctimas, estuvieron sujetas a un contrato de protección de la CTM por ser prestadoras de servicios particular.  Fueron llamadas a declarar una y otra vez y como consecuencia de un amparo en que resolvió que la investigación no se realizó de manera adecuada, la justicia se inclinó por lo más fácil acusando a las trabajadoras.

 

Ellas también fueron víctimas de una gran irresponsabilidad de los dueños de la guardería y de los funcionarios implicados y ello ahora no se visibiliza.  Ahora se les considera presuntas responsables de graves delitos.

 

¿Dónde estuvo en su momento el gobierno del estado de Sonora para vigilar las condiciones de trabajo, las medidas de seguridad en lugares de tan alto riesgo? ¿Dónde estuvieron las autoridades de inspección de la secretaría de trabajo para prevenir medidas y riesgos de trabajo? ¿Dónde los funcionarios del IMSS?

 

¿Dónde los dueños de la guardería? ¿Dónde estuvo el sindicato cetemista que eso si cobraba cuotas sindicales para solapar a los dueños de la guardería?

 

Ellos no están a la vista de la procuradora general para ser consignados, porque ello implica que el sistema se juzgue a sí mismo, y una acción así es inaceptable para los juzgadores. 

 

Pero el reclamo de justicia no cesa, aun a pesar del tiempo transcurrido.

 

La justicia que se vive en México, es una justicia torcida, una justicia de simulación que solo se atreve a cortar el hilo por lo más delgado.

 

Correo: mfuentesmz@yahoo.com.mx      Twitter: @Manuel_FuentesM