Este lunes, las periodistas Yessenia Mollinedo y Sheila Johana García fueron asesinadas en Veracruz, apenas unos días antes se encontró el cuerpo de Luis Enrique Ramírez en Sinaloa con lo que suman 11 periodistas asesinados tan sólo en lo que va de este año ante la indiferencia de las autoridades quienes se limitan a condenar los hechos a través de mensajitos casi idénticos publicados en Twitter a los que únicamente les cambian los nombres de las víctimas o de los tardíos comunicados de la CNDH, lo que contrasta con su enérgica reacción por un altercado en el que le rompieron los lentes a un periodista afín al grupo en el poder.
En unas cuantas horas, Vicente Serrano, quien al parecer ya contaba con elementos asignados para su seguridad -a diferencia de la mayoría de las y los periodistas que han sido amenazados-, recibió el apoyo de la Fiscalía de la CDMX, del mecanismo de protección a periodistas y la generalmente ausente Comisión Nacional de los Derechos Humanos se pronunció con inusual prontitud y firmeza. Si bien todo acto de violencia es reprochable, no se puede equiparar ese conato de pleito -precedido de tiempo atrás por una serie de enfrentamientos verbales-, con el alto riesgo que corren quienes, con sus investigaciones periodísticas, reportajes y columnas “incomodan” a policías, políticos e integrantes del crimen organizado y que son abandonados a su suerte. El 98% de los ataques a periodistas quedan impunes.
Sin embargo, este no es más que una preocupante muestra sobre la visión, prioridades y criterios de la actual clase gobernante, así como de la politización y aplicación discrecional de la ley y la justicia en nuestro país. Mientras las personas cercanas al oficialismo gozan de toda la protección y no tienen que afrontar ninguna consecuencia, quienes están en la oposición o cualquiera que se atreva a asumir una posición crítica son perseguidas política e incluso penalmente.
Nada ha pasado con los hermanos del presidente a quienes se exhibió recibiendo fuertes cantidades de dinero en efectivo sin una explicación razonable o con la sobrina diputada que en una conversación telefónica pide moches a un proveedor. A un año de que colapsó la Línea 12 del Metro ocasionando la muerte de 26 personas y más de 80 lesionadas, no hay responsables, el gobierno de la Ciudad de México ha tratado de ocultar la información sobre las causas, en tanto que la entonces directora del Sistema de Transporte Colectivo fue exonerada y se le dio un importante cargo en el CONACYT. Lo mismo sucedió con Ignacio Ovalle a quien, después de que se detectaron irregularidades por miles de millones de pesos en Segalmex, únicamente se le reubicó en otro puesto dentro del gobierno federal como titular del INAFED.
Como interpretar que, al tiempo en que atravesamos por una grave crisis de inseguridad y violencia y todos los días siguen desapareciendo y matando mujeres, los encargados de velar por la seguridad de las y los mexicanos asisten a eventos proselitistas en aviones oficiales como fue el caso del comandante de la Guardia Nacional, o que el subsecretario esté más ocupado en sus aspiraciones político-electorales que en cumplir con sus responsabilidades institucionales.
Pero quizá el ejemplo más elocuente y ominoso sea el del Fiscal Gertz Manero, quien a pesar de la impunidad con que actúa la delincuencia organizada, del muy cuestionado manejo del caso Lozoya y de otros casos de corrupción que involucran a personajes vinculados con este gobierno, así como de los escándalos en que ha estado involucrado (plagio, lujosas propiedades y autos no declarados cuya procedencia no es muy clara entre otros), abusa de su poder para perseguir a la pareja de su hermano y encarcelar a su hija, perseguir a académicos del CONACYT -que en su momento se opusieron a que ingresara al Sistema Nacional de Investigadoras por incumplir con los requisitos-, y recientemente al periodista Mario Maldonado por difundir un audio que lo exhibe y compromete, pero que además estaba disponible en YouTube. Por más que digan, lamentablemente muchas cosas no han cambiado y ésta es una de ellas, la justicia selectiva al servicio del poder.