Finalizaba el mes de octubre de 2014. En mi celular recibí una llamada desconcertante. Una voz femenina —que no quiso identificarse— me hizo una cordial invitación a comer “a donde yo quisiera”, a efecto de “conversar sobre mis solicitudes de información, con una persona de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal”.

Insistí en que me proporcionara su nombre. No lo hizo. Como tampoco quiso informarme con quién era la reunión, le pedí que ellos eligieran el sitio.

Para entonces había optado por cambiar la estrategia original de realizar solicitudes de información sobre documentos que previamente tenía en mi poder, por el de enviarlos y solicitar de ellos una copia certificada; posibilidad contemplada en las leyes de transparencia.

Tal fue el caso de la solicitud de información número 5000000191014, de fecha 21 de octubre de 2014, en la que pedí: “1) copia certificada de la Cuenta por Pagar número 11302239, relativa a la póliza DR. 233 (sic), que ampara al cheque número 00034476, por la cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.), para el C. Diputado Federico Döring Casar, según copia fotostática que se anexa a la presente solicitud; 2) copia certificada de la póliza número DR. 233 (sic) de 2013, que ampara al cheque número 00034476, por la cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.), para el C. Diputado Federico Döring Casar; 3) copia certificada del cheque número 00034476 amparado por la póliza número DR. 233 (sic) de 2013, por la cantidad de $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.)”; documentos vinculados al Acuerdo de la Comisión de Gobierno del 2 de octubre de 2012 (ver entregas anteriores).

El 24 de octubre, Pablo Trejo Pérez, entonces tesorero general de la ALDF mediante oficio JG/VIL/1380/14, notificó al director de transparencia que “a efecto de poder atender debidamente en tiempo y forma dicha petición, me permito solicitarle en términos del artículo 51 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, se otorgue una ampliación de plazo en función de la complejidad para la obtención de la información solicitada”.

Días después me informaron que debía pagar la ridícula cantidad de cincuenta centavos para acceder a esa información. Desde luego, me proporcionaron una línea de captura falsa para realizar el pago en una institución bancaria, línea que debía ser sustituida en el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal; mecanismos diseñados para inhibir el acceso a la información.

La voz femenina me indicó que la comida sería en el Club de Banqueros, ubicado en la calle 16 de Septiembre, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, a una cuadra de la calle de Gante, donde están las oficinas de la ALDF.

Únicamente tres mesas estaban ocupadas en dicho recinto. Las tres, por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y de la Asamblea Legislativa. Entre ellos, Joaquín Rueda Carrillo, que desde tiempo atrás daba seguimiento puntual a mis actividades, por solicitud del propio Manuel Granados Covarrubias.

Con prestancia y corrección política, se levantó a recibirme el personaje que me había convocado anónimamente: Aarón Josué Ramos Miranda, entonces Oficial Mayor de la Asamblea Legislativa. Me dijo que valoraba mucho la oportunidad que le daba de vernos y rápidamente fue a su tema:

“Hemos dado seguimiento puntual a las solicitudes que has enviado. Todo ha venido avanzando de manera muy correcta y muy normal. Sin embargo, nos preocupó un poco que tengas documentos que se presume salieron de acá. Nos preocupó que de adentro estás recibiendo apoyo porque entonces se convierte en un tema de carácter político, porque tiene que ver con intereses”.

Me identifiqué como periodista. Le informé que mi investigación en torno a la opacidad en la Asamblea Legislativa venía de tiempo atrás y que, como era obvio, tenía mis fuentes. Me dijo que su intención era ponerse a mis órdenes. “Estamos en una cruzada por hacer las cosas bien; nuestro fin es servirle a la ciudad; hacer nuestro trabajo lo mejor posible”.

Resultaba extraño que el propio Oficial Mayor de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se tomara la molestia de buscar a un particular que estaba realizando solicitudes de información, para invitarlo a comer al Club de Banqueros y decirle: "como en el Ejército: tengo permiso para hablarte claro”.

Me dijo que quería tener una relación de confianza y amistad y que estaba a mis órdenes para atender mis requerimientos; que esperaba que los hubiera buscado antes, pero que no era demasiado tarde y que en el futuro quería él personalmente revisar mis inquietudes.

Le dije que muchas veces intenté comunicación con el asambleísta Gabriel Gómez del Campo Gurza, presidente de la Comisión de Transparencia en la VI Legislatura, con Federico Döring Casar y con el propio Manuel Granados Covarrubias y que no obtuve respuesta.

Sobre los temas que yo traía en la agenda, le comenté del caso de la remodelación del recinto de Donceles (solicitud número 5000000170614, del 8 de septiembre de 2014); que dicho asunto había sido discutido en una sesión de la Comisión de Gobierno —realizada a puerta cerrada— por lo que no podían proporcionarme la información, con lo cual todo su discurso de la transparencia perdía sentido.

Me preguntó: “cómo le podemos hacer; te propongo una sucesión de encuentros, de la manera más leal. Estamos con la conciencia tranquila; en legislaturas pasadas, los oficiales mayores duraron muy poco tiempo, porque eran muy dados a los escándalos. Ahora tenemos la instrucción de hacer las cosas bien”.

Y remató con una frase que me evocó aquel inolvidable programa de Tercer Grado de mayo de 2012, cuando el candidato Enrique Peña Nieto se refirió a la “nueva generación de priístas” en alusión a Javier y César Duarte así como a “Beto” Borge: “Somos un equipo de políticos jóvenes, traemos una visión distinta de cómo hacer las cosas, queremos mantenernos fieles a nuestros valores, a nuestros principios, queremos ofrecerte la posibilidad de hacer la historia juntos”.

Del tema del Acuerdo de la Comisión de Gobierno por el que se repartieron más de cien millones de pesos, ni una palabra. Quizá el entonces Oficial Mayor de la ALDF no reparó en que la información de mi teléfono celular, por el cual tuvo contacto con mi persona, sólo podía provenir de mi registro en el sistema Infomex DF. Quizá —sólo quizá— no se dio cuenta que ese acto era violatorio de la ley de datos personales y de la propia ley de transparencia.

Tiempo después lo busqué para enseñarle algunos de los documentos que requería certificar. Medari Mejía Pineda —su asistente— me informó que Ramos Miranda había sido separado de su cargo.

@gomezvives




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