La integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) es posible desde una lectura orgánica, formal y axiológica del texto constitucional y permitiría esclarecer una función trascendental del Estado mexicano que es la seguridad pública de la federación, así como los mecanismos para apoyar la seguridad pública de los estados y municipios de nuestro país a vistas de una problemática que sucesivas administraciones han enfrentado desde la década de los años ochenta del siglo XX donde las aproximaciones institucionales y jurídicas han resultado insuficientes e incluso regresivas del Estado de derecho.
La función de seguridad pública es del Estado mexicano y no existen principios de exclusión sobre esta función. La Guardia Nacional es una respuesta institucional y jurídica para disponer de una institución profesional, lo que básicamente significa una institución estable, con condiciones claras de ingreso, permanencia, promoción y retiro, predecible en su desempeño y con las bases para mejorar en la ruta del tiempo. Por ello, resulta paradójico que algunos actores asuman que la disciplina militar no debería sustentar un organismo de seguridad pública aunque este opere con base en los derechos humanos y en los protocolos internacionales que son propios de las personas responsables de hacer cumplir la ley.
Si en nuestro país, las Fuerzas Armadas garantizan el funcionamiento de las instituciones democráticas, el orden interno y las libertades pública, en suma, los derechos que la Constitución le otorga a cada persona, habrían que plantearse argumentos razonables para que no pudieran colaborar en la seguridad de la federación y en apoyo a los estados y municipios, cuando la delincuencia es un desafío en México.
Una serie de textos y piezas digitales publicados en medios de comunicación contienen argumentos hechos para convencer sobre sus propuestas pero carecen de razonabilidad jurídica, histórica e institucional. Por ejemplo, un grupo de textos plantea una teoría del enemigo, asumen que las Fuerzas Armadas son antagonistas a la construcción cívica del Estado democrático, y señalan que existiría un creciente desequilibrio funcional si el Instituto Armado participa en tareas civiles. Por inconcebible que parezca, tales actores sustentan el origen de esa desigualdad no en la capacidad, educación, disciplina o desarrollo de la institucionalidad militar, sino en que tienen armas. Es curioso que los adalides de la pluralidad y la democracia tengan que sustentar sus ideas en identificar al “enemigo”.
Otro grupo de piezas de comunicación invoca un día sí y otro también, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; se invoca al Estado democrático y se subraya que esta reforma representaría un riesgo para las libertades públicas en México; por otra parte, se repite que la mayoría de las policías del mundo son civiles y que nada bueno dejaría que la SEDENA tuviera a su interior a la Guardia Nacional porque la ciudadanía podría ser víctima de toda arbitrariedad posible e imaginable, se arguye que esa institución se construyó para hacer la Guerra y velar por la seguridad nacional, por tanto, la seguridad pública es tema exclusivo de los civiles.
Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano relativas a que las Fuerzas Armadas no deben participar en tareas de seguridad pública y la copia de párrafos íntegros de tales sentencias aceptadas de plano por nuestro país, son fuente socorrida para oponerse a actos públicos o propuestas de reforma; se acusa que los derechos humanos de la ciudadanía corren riesgos porque los militares desaparecen personas, abusan de las armas y torturan por decenas de miles y miles a las mexicanas y los mexicanos. Hay informes de instituciones internacionales que llegaron a decir que en México la tortura es una práctica generalizada con base en metodologías endebles, con poca evidencia y menos entidades de la república sujetas a análisis causales.
Lo extraño del caso es que esos mismos críticos no dejan de reconocer la institucionalidad del Instituto Armado, su disciplina, vocación democrática, capacidad de trabajo y entrega a la nación. Es decir, las Fuerzas Armadas son malas cuando se trata de seguridad pública, para todo lo demás si están bien y merecen reconocimiento. Esos estudios a la carta –que expresan una red internacional de despachos con nexos al interior de los gobiernos– no explican el por qué ocho de cada diez personas en México confían en las Fuerzas Armadas si cometen tanta atrocidad, todos los días y en todas partes. Sobra decir que se han registrado excesos y errores, pero son la excepción y no la regla, y que las sanciones han sido severas ante las faltas cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas.
La otra crítica pasa por un singular esfera del deber ser, es decir, según este grupo de actores, México necesita una policía profesional, sofisticada, con múltiples capacidades, mandos formados en prestigiadas instituciones, tecnologías de punta, equipamiento táctico de primera línea, salarios escalables en las promociones y correspondientes a los riesgos, armamento proporcional a las funciones, capacidades de investigación de vanguardia, derechos humanos de todo tipo y del sistema de justicia penal en su conjunto, carreras universitarias y maestrías, y de inicio 3 mil 500 horas de capacitación, una carga laboral de ocho horas al día, prestaciones internacionales y otros atributos cuya lista ocuparía todo esta entrega.
Como puede apreciarse, lo que deberíamos hacer es simple, crear esa policía del siglo XXI, regresar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles, desaparecer la Guardia Nacional y de paso legislar una Ley Nacional de Policías que estandarice la función a nivel nacional y establezca un sistema de carrera –ingreso, permanencia, promoción y retiro por igual para todas las entidades federativas y los municipios–, el costo financiero de estas propuestas que involucra 260 mil policías estatales y municipales se haría después, porque lo importante es tener razón y la mejor idea posible para posicionarla en el firmamento de la política pública.
Sin embargo, al mundo del deber ser, se le oponen realidades difíciles de zanjar, una es que desde el año 1988, el narcotráfico se consideró un tema de seguridad nacional, que se han dado presiones internacionales, en especial del vecino país del norte, para que en México se desatara una política frontal contra las organizaciones criminales de un día para otro. Así las cosas, de facto ocurre que las Fuerzas Armadas participan en tareas de seguridad pública, en especial contra la delincuencia organizada, hace más de treinta años, política que se radicalizó a partir del año 2017.
En el mundo del deber ser hay contradicciones y desconocimientos pues los mismos que tanto critican la posible reforma, ayer aplaudían la presencia militar en seguridad, aunque fuera por necesidad y sólo temporal, pues apostaban a que la seguridad federal –que en su mejor momento no llegó a tener más de 20 mil efectivos para todo el país– podía enfrentar la delincuencia organizada hasta el último rincón de México aunque el presupuesto en seguridad y justicia sí se duplicó en 10 años.
Lo que sabemos es que se necesitan las FA en tareas de seguridad pública; que sin las FA desplegadas en el territorio enfrentaríamos una catástrofe; que se dispone de 45 mil nuevos elementos formados como Guardias Nacionales; que se tienen más de 200 Coordinaciones Regionales nuevas para enfrentar este flagelo; que se necesita mantener la disciplina, y los valores en la Guardia Nacional para que funcione bien en el futuro; que se cuadruplicó el número de efectivos, es decir, 90 mil elementos trabajan en tareas de seguridad de la federación y en apoyo a la seguridad pública.
La cuestión es redefinir o redimensionar las relaciones cívico militares ante los desafíos que tenemos, y algo inmediato, por necesidad sería que la Guardia Nacional se incorpore a la SEDENA. En los países avanzados del mundo hoy los Ejércitos son llamados a cumplir nuevas tareas ante las amenazas que plantea la delincuencia organizada transnacional, y esto implica cambiar moldes mentales y despejar el debate de la tensión entre dos artículos constitucionales, porque si seguimos así, no lo vamos a resolver. Sobre decir que en distintos países del mundo existen instituciones como la Guardia Nacional que forman parte de las Fuerzas Armadas y a nadie se le ocurre decir que desaparezcan.
Mientras un sector y grupos de interés consideren que el modelo de negocios de la seguridad pública es lo que debe defenderse no vamos avanzar. La Guardia Nacional no será una cuarta fuerza armada para hacer la guerra, sus 45 mil nuevos elementos fueron formados para brindar seguridad pública. Para el Instituto Armado esta propuesta supone grandes desafíos, que impacta en su operativa, organización y método de trabajo.
La ciudadanía quiere personal de tiempo completo destinado a la seguridad, hombres y mujeres de valor dispuestos a servir, de ahí la aprobación del más del 75 por ciento a la Guardia Nacional. Pero en esto, debe subrayarse algo fundamental, las Fuerzas Armadas son garantes de la soberanía nacional, de nuestra independencia y de nuestra capacidad real y efectiva de preservar lo que es nuestro. El Ejército debe seguir siendo Ejército, al igual que la Fuerza Aérea y la Marina Armada de México, la Guardia Nacional podría ser un organismo abocado a la seguridad pública de la federación y de apoyo a estados y municipios, bajo la disciplina y orden militares, al seno de la SEDENA con funciones, estructuras, sistemas y mandos delimitados y diferenciados con toda precisión.
* Dr. Jorge A. Lumbreras Castro
Académico de la FCPyS-UNAM