Opinión

La insoportable discriminación por VIH

Quienes viven con VIH, aún enfrentan situaciones adversas debido al estigma y la discriminación asociados a su condición de salud. | Leonardo Bastida

  • 06/03/2021
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Poner fin a las desigualdades fue el lema del Día de la Cero Discriminación de este año, promovido por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida, conmemorado el pasado 1 de marzo, recordando que hace cinco años, se estableció como Objetivo de Desarrollo Sostenible, la reducción de la desigualdad en todos los países del mundo. Sin embargo, varios sucesos acontecidos en el país en los últimos días, muestran que quienes viven con VIH, aún enfrentan situaciones adversas debido al estigma y la discriminación asociados a su condición de salud.

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Por más de 20 años, el albergue del Oasis de San Juan de Dios, ubicado en Conkal, a escasos kilómetros de Mérida, Yucatán, ha sufrido embates por parte de supuestos propietarios que desean despojar a la organización que da apoyo y alojamiento a personas que viven con VIH, sobre todo indígenas, de sus terrenos, aunque estos les fueron donados legalmente y cuentan con toda la documentación en regla. 

La razón de esta intentona es ocupar los terrenos donde el albergue tiene su granja para construir casas de lujo, como lo demanda el mercado inmobiliario, pues hay decenas de personas que desean comprar una vivienda cerca a las playas de Puerto Progreso con alberca y un gran jardín. La distancia entre el poblado y la costa es de menos de 20 minutos.

La historia se remite a 1996, cuando, poco tiempo después de haber llegado a Conkal, Carlos Méndez, fundador del albergue, descubrió que se hicieron asambleas ilícitas entre ejidatarios para disputar las tierras. En aquellos años, el Tribunal Comunitario Agrario emitió una sentencia favorable al Oasis y le otorgó la posesión del terreno en disputa.

A pesar de la sentencia, un comisario ejidal de la localidad les empezó a comprar los títulos a otros ejidatarios y se los vendió a las constructoras. En 2011, se presentó una persona que aseguró ser agente ministerial y dijo que los iban a desalojar porque había otros dueños.

Tres años más tarde, en 2014, empresarios de la industria inmobiliaria reclamaron la posesión de los terrenos del Oasis e invadieron la mitad del área correspondiente a la granja bajo el argumento de que nadie la utilizaba. Fueron acompañados por cuatro patrullas de la policía estatal, dos municipales, una federal y maquinaria para tomar posesión del predio, acompañados de un notario que le dijo a Carlos: “no me importa, no veo”, cuando éste le mostró papeles que lo acreditaban como posesionario del espacio.

La escena se repitió este martes 2 de marzo, cuando una persona identificada como David Peña Garza, quien dijo comprar los terrenos al comisario ejidal Víctor Ku, llegó escoltado con policías municipales, una jueza de paz y personas armadas con machetes para introducirse al terreno, actualmente ocupado como criadero de cerdos. 

Además de que no presentaron documentos que acrediten la propiedad más que la copia de un recibo de predial a nombre de David Peña Garza, quien, por cierto, nunca se ha acreditado como tal. 

Sobre la situación, el propio Carlos Méndez ha explicado en innumerables ocasiones que el problema real es entre las constructoras y quienes les vendieron los terrenos, aunque también es de discriminación, pues la comunidad nunca ha aceptado del todo la presencia del albergue. Pues, en varios momentos, los pobladores han intentado bardear el terreno o se han expresado peyorativamente de quienes viven en el espacio.

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En junio de 2017, Armando Uri Cepeda García inició un proceso de selección en la aerolínea Volaris para ocupar una plaza de sobrecargo. Pasó todas las etapas selectivas hasta que se le solicitó realizarse exámenes médicos en Laboratorios Médicos Polanco, S.A., donde se le aplicó una prueba de VIH sin su consentimiento, y esta fue enviada directamente a la aerolínea sin el conocimiento del implicado, interrumpiéndose la comunicación con él, sin que se le citará a firmar el contrato, como se le había indicado previo a las pruebas médicas.

En 2019, el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación de la Ciudad de México, emitió una resolución en la que se señaló claramente el acto de discriminación de la aerolínea y sus subsidiarias hacia Armando Uri. 

Por lo anterior, se solicitó al juez la inscripción de la demanda de daño moral en la Bolsa Mexicana de Valores como lo marca la Ley de Mercado de Valores por ser las demandadas empresas que cotizan en la bolsa y que se considera esta demanda un hecho relevante para los accionistas, sin embargo, desde el año 2019 que se admitió la demanda las empresas han tratado de impedir su inscripción, aun cuando en agosto de 2020, perdieron el amparo que tenían interpuesto.

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A casi dos meses de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitiera un oficio a los ayuntamientos veracruzanos de Coatzacoalcos y Minatitlán para que acepten las recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) referentes a un caso de discriminación de una persona que vive con VIH, éstas han sido rechazadas por las autoridades competentes.

A Jorge se le ha negado el empleo en ambos municipios por su condición de salud y las autoridades no le han otorgado los documentos sanitarios necesarios para el desempeño de sus funciones.

De acuerdo con fuentes consultadas ambos municipios rechazaron las recomendaciones, por lo que la CNDH envió otros oficios para que lo ayuntamientos reflexionen sobre su postura con respecto al otorgamiento de tarjetas sanitarias a personas que viven con VIH y trabajan en la industria de los servicios restauranteros, debido a que no representan un riesgo para la inocuidad de los alimentos o para las personas que acuden a estos centros.

Para Jorge, quien ha sido afectado por la situación, la negativa de ambas municipalidades para reconocer que ha sido discriminado durante los últimos seis años le ha provocado un desgaste y también le ha impedido mejorar sus condiciones de vida, ya que le ha sido imposible continuar trabajando en un rubro en el que ya había acumulado casi dos décadas de experiencia.

En 2015, la CEDH emitió la Recomendación 36/2015 a los referidos ayuntamientos “para solicitar que no se prohíba la posibilidad de trabajar en bares o cantinas a personas con VIH mientras no se dediquen al comercio sexual”. Y tres años después, también emitió la recomendación 49/2018 con la misma solicitud. En ambos casos, las recomendaciones fueron rechazadas.

Para la CNDH, la postura de los ayuntamientos está sustentada en argumentos relacionados con estigmas y prejuicios que padecen las personas que viven con VIH e incurren en discriminación en materia laboral, al considerar a la víctima como un riesgo para la colectividad, restringiendo toda posibilidad de ejercer su derecho de acceso al empleo.

El caso de Jorge no es el único, ya que otras dos personas han interpuesto quejas ante la CEDH por los mismos motivos, y han visto afectado su modus vivendi durante los últimos dos años.

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