Apenas pasó la jornada electoral, y ya los partidos políticos están cocinando las reformas para el siguiente proceso electoral. Aunque algunos grupos políticos todavía estén lamiéndose sus heridas, y otros más sigan embebidos por la euforia, la necesidad de sentarse en la mesa para tomar acuerdos parece inminente.
Como en tantas otras ocasiones el motor de la reforma tiene nombre y apellido, y en este caso se trata de Andrés Manuel López Obrador. El tema central que anima a la próxima reforma electoral es el acceso a radio y televisión.
Después del conflicto post-electoral de las elecciones presidenciales en el 2006, una de las quejas más sentidas por parte de la oposición era el desigual acceso que tenían candidatos y partidos a los medios de comunicación. En ese escenario conflictivo, las fuerzas políticas acordaron modificar el esquema de comunicación política, y procesar todos los materiales político-electorales a través del entonces IFE para transmitirlos únicamente en los tiempos oficiales del Estado.
Hasta ahora ese modelo parecía haber funcionado razonablemente bien para los fines que originalmente se propuso, es decir el acceso en condiciones de equidad a los medios de comunicación. Sin embargo, desde la irrupción de AMLO en todos los spots de su partido, y el uso de estrategias similares de otros presidentes de partido (PAN), la reforma a ese esquema de comunicación se volvió una prioridad.
Por otra parte, ahí están también los resultados de la reforma electoral del 2014. Un esquema de administración electoral sumamente complejo y costoso que, formalmente está descentralizado pero que en los hechos funciona focalizando todas las decisiones relevantes en el INE.
El discurso político que justificó la transformación del IFE en INE fue evitar que los Ejecutivos locales influyeran en las autoridades electorales estatales, y que con ello se afectaran las condiciones de equidad en la contienda. Se dijo que se mejoraría la fiscalización, y se homogeneizarían los estándares y procesos electorales en todo el país.
La verdad es que no pasó ni lo uno ni lo otro. El esquema entre el INE y los OPLES no ha funcionado para resolver lo que se propuso. Por el contrario, este año tuvimos un número alarmante de irregularidades cometidas en algunos institutos locales por los aquellos funcionarios que supuestamente habían sido escogidos por el INE por su profesionalismo y capacidad.
Otro tanto similar podríamos decir de la nueva fiscalización electoral. La norma dice una cosa, pero la realidad la supera ampliamente, y sin consecuencias. Como lo resumió el Consejero Electoral del INE Ciro Murayama, “la mayoría hizo campaña pero no rindió cuentas”.[1]
De acuerdo con el Consejero Murayama, los candidatos que no reportaron absolutamente nada de sus ingresos y gastos representaron el 52.6% del total de contendientes. De ahí que INE esté por hacer públicos los datos de los gastos de campaña de los candidatos, en un afán de “transparentar” y de exhibir a los partidos políticos. Un intento de la autoridad de transparentar sin garantizar la rendición de cuentas y sin consecuencias, pero transparencia al fin.
Ojalá que en la mesa de las reformas electorales no solamente se hable de reglas especiales para evitar que los presidentes de los partidos se promocionen en los spots de sus partidos, sino que también se consideren los grandes problemas que nos dejó la reforma pasada. Ojalá que se discuta la conveniencia de tener un sistema electoral menos complejo y más accesible al ciudadano. Ojalá que se entienda que a todas las fuerzas políticas y ciudadanos nos conviene saber de dónde viene el dinero de las campañas. Ojalá que se analice seriamente el papel de las autoridades electorales, y se privilegie legitimar su trabajo ante la ciudadanía, por encima de engordar sus funciones y estructura. Ojalá…
[1] Ver Acosta Córdova, Carlos, Revista Proceso, “La fiscalización electoral, un desastre”, cinco de junio de dos mil dieciséis.