Alfiles gubernamentales en la Cámara de Senadores están apurando reformas legales para que los actos de gobierno pasen al letargo del silencio. Bastará que funcionarios públicos argumenten la existencia de un peligro para la “seguridad nacional” o a la estabilidad financiera, económica o monetaria”, para justificar la negativa a entregar información sobre un tema controvertido.
El gobierno de Enrique Peña Nieto ha sufrido los peores embates a su gobierno porque comunicadores, investigadores y cualquier persona ha tenido acceso a datos que han dejado en evidencia conflictos de intereses y hasta actos de corrupción de los mandos de este gobierno y sus allegados. Por ello hacen lo necesario para anular esta garantía fundamental a como dé lugar.
El acceso a la información es un derecho humano reconocido en el artículo sexto constitucional, incluso en Tratados Internacionales y obliga al Estado, entendido como el conjunto de poderes de la Unión, a garantizarlo; sin embargo, desde la Presidencia de la República pretenden socavarlo.
En la mesa de discusión legislativa para reformar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGT) fue presentada una petición de la oficina de la Presidencia de la República para que en las reformas sobre esta materia se faculte al gobierno federal vetar discrecionalmente una solicitud de información pública.
La propuesta permitiría al Ejecutivo federal, a través de su consejero jurídico, a impugnar las decisiones que llevaran a cabo los órganos encargados de velar la transparencia de la información. Bastaría que las autoridades argumentaran que dar a conocer una información determinada representaría un peligro para la “seguridad nacional” para ocultarla por años.
No sólo eso, de aprobarse la solicitud presidencial, permitiría meter “a la reserva” información de carácter económico, financiera o monetaria con el simple alegato oficial que darla a conocer afectaría la estabilidad del país (léase de los gobernantes en turno). La pretensión sería esconder la información derivada de operaciones mercantiles con empresas transnacionales o grupos financieros nacionales e internacionales a propósito de las reformas estructurales. Ello facilitaría, aún más, el incremento de actos de corrupción de los funcionarios involucrados.
La propuesta de la oficina presidencial incluye además la facultad gubernamental de oponerse a otorgar todo tipo de información que resultara de averiguaciones penales en los casos en que el IFAI determinara que se trata de violaciones graves a derechos humanos.
No está de acuerdo la oficina presidencial que la opinión pública se entere de hechos en los que ocurren atentados a la vida e integridad de las personas cometidas por fuerzas gubernamentales. Actualmente el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) está facultado para resolver de manera autónoma que un hecho afecta derechos humanos fundamentales o delitos de lesa humanidad y ello hace obligatoria la entrega de esa información.
Como ejemplo el IFAI acaba de resolver la entrega de información pública que posee la PGR sobre la investigación (cuestionada nacional e internacionalmente) sobre el secuestro de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Sin embargo, el gobierno se opone a entregarla por la sospecha de maquinación y falta de sustento científico de la que ha sido acusada.
La gravedad de la propuesta presidencial anularía, de facto y legalmente, la autonomía del IFAI al permitir que sea la propia autoridad investigada, a través del consejero jurídico federal, oponerse a la entrega de la información; le bastaría manifestar de manera expresa de que su difusión representa un peligro para la seguridad nacional para justificar su negativa.
La propuesta pretende sancionar severamente a los funcionarios que entregaran información considerada por la oficina presidencial como “reservada” con la destitución, suspensión o inhabilitación de su cargo.
Esta propuesta representa un retroceso indigno al derecho de información pública que como personas poseemos y no debe ser aprobada por ningún motivo. Sin embargo, el equipo de legisladores que revisa esta propuesta en lugar de alertar a la población lo hace en la clandestinidad oficial.
No permiten, este remedo de legisladores, que la discusión sobre estas reformas regresivas a la información pública sea abierta a la sociedad. Para ellos la sola discusión pública sobre el acceso a la información es un peligro para la estabilidad nacional.
Desde hace tiempo ha sido incómodo para los gobiernos que el derecho a la información sea obligatoria para todo tipo de autoridades, no sólo del poder Ejecutivo, Legislativo y hasta el Judicial, sino incluso en órganos investigadores fiscalizadores, como la Auditoría Superior de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal y hasta organismos autónomos como el INE, la CNDH, universidades públicas como la UNAM o la UAM entre otros, pero ya no quieren que siga ocurriendo.
Restringir el acceso a la información es en sí mismo uno de los actos más regresivos de un gobierno en cualquier sociedad. Sus actos al derivar de una función pública están limitados al escrutinio social por lo que no pueden ser motivo de reserva alguna como ambicionan hacerlo.
El pretender restringir el derecho humano a la información pública es socavar aún más la endeble democracia de este país. No lo permitamos.
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