Los partidos políticos, como lo establece el artículo 41 de la Constitución, son entidades de interés público cuyo objetivo consiste en ser un medio de participación ciudadana en la vida democrática del país y contribuir a la integración de los órganos de representación nacional. Los partidos son indispensables en cualquier democracia, en tanto que representan, entre otras cosas, uno de los vasos comunicantes más importantes entre Estado y ciudadanos.
Las candidaturas independientes en cambio, son una alternativa de participación política, sin la sujeción ideológica y disciplinaria que representa pertenecer a un partido. Se trata de un modelo que se fundamenta en la libertad del ciudadano. No es un sustituto ni un remedio. Es simplemente una alternativa que se basa en el retiro del monopolio de las candidaturas a cargos de elección popular de los partidos políticos.
Previo a las elecciones del año 2006, Jorge Castañeda buscó obtener una candidatura independiente para la presidencia. Ante la negativa de registro por parte del Instituto Federal Electoral (hoy INE), ni la Suprema Corte de Justicia de la Nación ni el Tribunal Electoral (y las respectivas leyes que regulaban sus procesos de garantías), dieron acceso efectivo a la impartición de justicia en ese caso de violación a los derechos político-electorales.
Ante tal circunstancia, Castañeda acudió al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En el año 2008 la Corte Interamericana decidió a favor de Castañeda, no por una cuestión de fondo sino por debido proceso. Es decir, resolvió que efectivamente existió una violación a las garantías judiciales, pero no hizo una ponderación sobre derechos políticos de participación democrática.
Por cuanto hace a las candidaturas independientes, la Corte resolvió que dependía de cada Estado nacional determinar las formas de acceso a la representación nacional. Bajo un margen de apreciación, estipuló que cada país sujeto a su jurisdicción, habría de decidir si el acceso a cargos públicos de representación popular, se haría con base en un sistema de partidos cerrado o mixto, que incluyera candidaturas ciudadanas.
Se trató de una victoria para el debido proceso, pero no lo fue para la apertura del sistema político. Ante tal circunstancia, un grupo de ciudadanos decidimos continuar con el proyecto de Castañeda. Bajo el lema “vota independiente”, buscamos el registro de Elisa de Anda como candidata independiente a una diputación federal en el Distrito Federal. Ante la inexistencia de la figura normativa de “candidatura independiente o ciudadana”, el registro le fue negado. Sin embargo, a diferencia de Castañeda y gracias a él, nosotros tuvimos la posibilidad de impugnar ante el Tribunal Electoral, vía un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, la negativa del registro.
Ese juicio también lo perdimos, bajo el argumento que se trataba de una materia resuelta por la Suprema Corte en una acción de inconstitucionalidad, en su momento presentada por el Partido Convergencia. Lo que nos motivó en su momento, no fue el hecho que las candidaturas ciudadanas fueran a resolver los problemas políticos del país; no se trataba de descubrir el agua tibia. Fue en cambio, una lucha por la libertad de elección, que consiste en tener la capacidad de no elegir entre las opciones políticas que se presentaban. Se trató del derecho para participar, sin sujetarse necesariamente a las alternativas políticas existentes. Era en fin, una lucha por retirar el monopolio de la participación en la vida pública a los partidos políticos.
Ahora que existen las candidaturas independientes, es necesario no perder de vista que su esencia y naturaleza es la libertad de elección del ciudadano. Tanto para elegir como para participar en política. Por eso, ante el reciente proceso electoral, es indispensable precisar sus términos, condiciones y accesibilidad, de tal forma que realmente se convierta en una herramienta de participación ciudadana y no en un desfogue para políticos que no obtienen candidaturas.