El gobierno está decidido en convertir la captura de El Chapo en un factor clave para reconstruir la credibilidad nacional e internacional perdida. Para cumplir este objetivo, ha centrado su estrategia en tres directrices: Transformar la captura y sus circunstancias en un espectáculo mediático para enterrar los cuestionamientos sobre la fuga y distraer la atención de los problemas nacionales; convencer al público sobre la capacidad y solidez de las institucionales de seguridad y justicia; acelerar el proceso de extradición como medio para recuperar la confianza del Gobierno Norteamericano y, sobre todo, evitar cualquier posibilidad de una nueva fuga.
Me interesa en especial el segundo de los elementos, el argumento de que México cuenta con instituciones fuertes y capaces para enfrentar las amenazas a nuestra seguridad y garantizar justicia expedita. Ante la captura, calificada como un “un logro en favor del Estado de Derecho” y una “acción contra la impunidad”, el presidente afirmó: “Hoy, México confirma que sus instituciones tienen las capacidades necesarias para hacer frente y superar a quienes amenazan la tranquilidad de las familias mexicanas”.
Más adelante reitera: “Hoy, nuestras instituciones han demostrado una vez más que los ciudadanos pueden confiar en ellas, que nuestras instituciones están a la altura, que tienen la fortaleza y determinación para cumplir cualquier misión que les sea encomendada”.
Desde esta lógica, gracias a la captura de El Chapo avanzamos en contra de la impunidad y en favor del Estado de Derecho, más aún, asume que los ciudadanos pueden confiar en sus instituciones de seguridad y justicia, de hecho en las instituciones de gobierno, porque estas cuentan con las capacidades necesarias para enfrentar las amenazas a nuestra seguridad.
Salta de inmediato una primera contradicción: ¿Si nuestras instituciones en verdad son tan capaces, porque resulta necesario acelerar el proceso para extraditar a El Chapo? No es claro que el presidente confíe en los hechos en las instituciones que reivindica en el discurso. Pero es la terca realidad, la cotidiana manifestación de la violencia y el horror, la que en realidad desmiente esa supuesta fortaleza institucional.
En su informe anual, el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, pone en duda la fortaleza y capacidad de nuestras instituciones de seguridad y justicia y compartió cifras muy preocupantes de violaciones a los derechos humanos, en especial un incremento en el número de expedientes relacionadas con personas desaparecidas. El mensaje más importante del Ombudsman, tanto por su sentido simbólico como por la advertencia que implica, se refiere a la desaparición de cinco jóvenes en Veracruz: Las autoridades no han sido capaces de aprender a combatir el delito de desaparición de personas, a pesar de la gravedad y las consecuencias del caso Ayotzinapa.
El Informe de la CNDH es un golpe demoledor a la fortaleza institucional imaginaria. Representa una muestra más de la sociedad indecente en que se ha transformado México, parafraseando a Avishai Margalit, un país en el cual las instituciones humillan sistemática, cotidiana e impunemente a las personas. Mucho menos pueden ser fuertes las instituciones que demuestran ser incapaces de aprender.
Así lo perciben también agencias y organismos internacionales. El Informe anual de Human Rights Watch advierte en México retrocesos graves en materia de protección a los derechos humanos, un incremento en el número de personas desaparecidas y un clima de impunidad total en el país. Transparencia Internacional reprueba a México en materia de corrupción, calificándolo con un índice de 35 puntos de 100 posibles, y advierte que se está haciendo muy poco para enfrentar el problema. Freedom House nos califica como un país “parcialmente libre” en su informe Libertad en el mundo 2016, como consecuencia de los niveles de violencia, crimen y corrupción que prevalecen en México.
Basta con revisar las primeras planas de los periódicos para comprobar la debilidad de nuestras instituciones y atestiguar su incapacidad para proteger a los ciudadanos. Lo que en realidad son fuertes, extremadamente poderosas, son la impunidad y la capacidad del sistema corromperse. Lo que es claro es que nuestras autoridades no han sido capaces de aprender ni de entender el daño que causa y ha causado la impunidad en México.
El Índice Global de Impunidad (IGI 2015) señala que en México existen condiciones generalizas de impunidad y que estas retroalimentan y multiplican la violencia, la inseguridad y la corrupción. El próximo 3 de febrero, los investigadores que participamos en este proyecto desarrollado por la UDLAP y el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, presentaremos nuestro análisis sobre los grados de impunidad prevalecientes en las entidades federativas en el país. En las próximas semanas compartiré algunos de los principales resultados y conclusiones de este trabajo. Puedo adelantar que este trabajo comprueba también que nuestras instituciones de seguridad y justicia son cualquier cosa menos fuertes.