Todas las fuerzas políticas del país podrían coincidir en que la impunidad es la causa que debilita las autoridades y las instituciones.
Ejemplos sobran del anterior y del actual sexenio, como la guardería ABC en Hermosillo y el caso Florence Cassez; de este sexenio, Oceanografía, Rafael Caro Quintero, Tlatlaya y con frente de crisis abierto, Ayotzinapa, en cuyas crisis alojan a damnificados políticos que ven truncadas sus carreras políticas en busca del siguiente cargo o puesto.
Buscan a las instituciones de procuración de justicia o electorales para que en el uso de sus atribuciones, les extiendan un certificado de buena conducta política, o bien, refrenden ante la ciudadanía la legitimidad ansiada que les permita seguir en el poder.
Este es el caso del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, quien dice que buscará un referéndum de su mandato al que el Instituto Nacional Electoral le dijo, contestó de manera negativa al grave frente de crisis aún sin solucionar por la matanza de estudiantes y la desaparición de otros de ellos de la Escuela Normal de Ayotzinapa.
Es obvio que el gobernador Aguirre no es el responsable material -ni intelectual- de dichos crímenes; él no mandó matar a nadie ni jaló del gatillo en estos hechos, pero su autoridad como primer mandatario lo coloca en una responsabilidad de tipo político, porque su papel, así como el de cualquier gobernador es conocer las condiciones políticas, económicas y sociales; desde el lugar más cercano a sus oficinas de gobierno hasta las del último rincón o límite del estado que gobierna.
La razón de lo anterior radica en que Aguirre Rivero es oriundo de Guerrero en otro momento de crisis producto de los campesinos muertos en Aguas Blancas en 1995, él fue gobernador sustituto de ese estado, ha sido diputado federal y senador por Guerrero lo que lo coloca en un ámbito de perfecto conocimiento de la situación política de su estado y debió conocer el entramado de redes políticas, económicas y sociales de las autoridades de los 81 municipios de Guerrero, así como un mapa de las condiciones de seguridad generado por las instituciones que gobierna.
Es posible que el gobernador Aguirre y cualquier ciudadano de Guerrero, tenga autoridad en descalificar a quienes no vivimos en ese estado para pedir la justicia política.
Lo que seguramente desconoce el gobernador Aguirre, su séquito de colaboradores y su partido político, es que las conductas ejercidas en los estudiantes de esa escuela y que consistieron en una desaparición forzada, carente de humanidad y que causó y sigue causando graves daños tanto psíquico como físicamente y que además han sido cometidos como parte de un ataque integral o sistemático contra una comunidad, se encuadra en crímenes de lesa humanidad que ampara el Estatuto de Roma, como instrumento que otorga vida juridica a la Corte Penal Internacional, instrumento adoptado en Roma, Italia, el 17 de julio de 1988 y ratificado por México en octubre de 2005.
La comunidad internacional en voz de Naciones Unidas, la OEA y la Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana, han protestado y condenado la impunidad en este grave caso de violación de derechos humanos que compromete al estado mexicano y que podría generan una nueva crisis internacional para México.
Sostener a Aguirre Rivero en el cargo podría ser una muestra de impunidad política a la que se refieren los organismos internacionales y la ciudadanía. De nada valió el perdón que pidió la dirigencia de su partido por postular al cargo de presidente municipal de Iguala, a José Luis Abarca; sus múltiples relaciones con la delincuencia lo delatan y el amparo que le fue otorgado por un juzgado de la ciudad de México viene a enrarecer la petición de justicia.
Es muy probable que la impunidad y el vació de justicia que dejó la liberación de la ciudadana Florence Cassez, haya sido la causa por la que los legisladores de oposición consideraron que la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Olga Sánchez Cordero, no sea la más indicada y en el momento más inoportuno en el país, para recibir la medalla “Eduardo Neri” que otorga el Congreso; o bien, que en el ánimo de la opinión pública la llegada del nuevo avión del presidente de la República haya sido vista como un acto de frivolidad y en una coyuntura indeseada para el estado mexicano por la decadente protección de los derechos humanos en México.
Mientras tanto, este es un grave problema de seguridad nacional que confronta a los ciudadanos y la clase política; los primeros en reclamar a los segundos que separen del cargo al gobernador y de considerarlo en derecho, procesarlo; y por su parte, la clase política en aminorar los efectos generados por las graves violaciones de derechos humanos como consecuencia de la impunidad y de la corrupción que podrían trascender fronteras como el problema mismo y enmarcarse en el derecho internacional.
La protesta en México y en el extranjero con motivo del asesinato de estudiantes de Ayotzinapa no debe ser desestimada o subestimada por la autoridad, de lo contrario, generaría condiciones para iniciar otro movimiento subversivo como el del Ejército Popular Revolucionario, en Guerrero por cierto.
En algún otro momento, el país vivió un momento de crisis: En sesión del 15 de diciembre de 1861, Vicente Rivapalacio, presidente del II Congreso, se dirige al Presidente Juárez a quien la asamblea le otorga facultades extraordinarias para hacer frente a la intervención francesa, “La historia enseña que todas las naciones para llegar a la reforma y a la verdadera civilización han tenido que pasar por pruebas terribles y por dolorosos sacrificios y muchas veces, los pueblos más poderosos debieron tocar el borde del abismo y sin embargo, pudieron salvarse por la fe y la unión entre sus hijos”.