Opinión

La implementación de la #3De3ContraLaViolencia en los OPLE

Sería importante que también en lo local fuera un práctica cotidiana y obligatoria la verificación de la información contenida en los formatos #3De3. | Carla Humphrey

  • 28/04/2022
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El 13 de abril de 2020 fueron reformadas diversas leyes, entre otras, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para establecer que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), su máximo órgano de decisión, “…debe vigilar que todas las actividades de los partidos políticos nacionales y las agrupaciones políticas nacionales  se desarrollen con apego a esta Ley, la Ley General de Partidos Políticos, así como los lineamientos que emita el Consejo General para que los partidos políticos prevengan, atiendan y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género, y vigilar que cumplan con las obligaciones a que están sujetos”.

A partir de entonces, el 19 de octubre de ese mismo año, diputadas de diversos partidos políticos, junto con un grupo de feministas, solicitaron al INE que para el proceso electoral de 2021 se contemplara la iniciativa “3 de 3 contra la violencia” para que quienes tuvieran antecedentes o denuncias, fueran personas deudoras alimentarias, acosadoras sexuales o agresoras en el ámbito familiar no pudieran aspirar a cargo alguno de elección popular.

Consecuentemente, el 28 de ese mismo mes y año, el INE aprobó los “Lineamientos para que los partidos políticos nacionales y, en su caso, los partidos políticos locales, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la violencia política contra las mujeres en razón de género”.  Dichos lineamientos tuvieron como objetivo principal garantizar a las mujeres el ejercicio de sus derechos políticos y electorales libres de violencia política y se establecieron, entre otros aspectos, la implementación de la declaración 3 de 3 contra la violencia para exigir a los sujetos obligados que cada persona aspirante a una candidatura de elección popular firme, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, su manifestación de no haber sido condenadas respecto de los 3 rubros identificados en el párrafo precedente.

El 18 de noviembre de ese mismo año, el Consejo General del INE aprobó los criterios para el registro de candidaturas por ambos principios y, en su caso, las coaliciones que, entre otros rubros determinó que las solicitudes de registro de dichas candidaturas tanto propietarias como suplentes deben cumplir con diversos requisitos destacando una declaración firmada que dio vida a la 3 de 3 contra la violencia, en la que bajo protesta de decir verdad manifiesta no haber sido condenado o condenada por delito de violencia política y de no tener por desvirtuada la presunción de tener un modo honesto de vivir.

El 21 de diciembre de ese mismo año el INE aprobó los modelos de formatos de 3 de 3 contra la violencia a efecto de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.

El 3 de abril de 2021 el INE aprobó el procedimiento de revisión de los supuestos del formato 3 de 3 contra la violencia, cuyos resultados se dieron a conocer el 26 de mayo de ese año, destacando los casos de violencia política contra las mujeres; las quejas o denuncias presentadas por el probable incumplimiento de algunos supuestos de la medida 3 de 3 contra la violencia, así como el dictamen por el que se propuso la cancelación o la no afectación de candidaturas.

Desde entonces, el mecanismo de 3 de 3 contra la violencia ha sido adoptado, en virtud de los Lineamientos aprobados por el INE, por los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y, en cinco entidades federativas esta declaración se exige ya como requisito legal para la postulación de cualquier persona a un cargo de elección popular.

En este año que hay elecciones locales en los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas han cumplido con la obligación de solicitar esta declaración para los cargos que eligen, no obstante, desafortunadamente sólo Oaxaca realizó la verificación de personas morosas alimentarias, el resto requirió únicamente el formato de buena fe, tal como lo hizo el INE en 2021, pero sin comprobar que las personas postuladas a una candidatura no estuvieran incurriendo en alguna falsedad y, por tanto, cometiendo un delito. Sería importante que también en lo local fuera un práctica cotidiana y obligatoria realizar una revisión de la información contenida en estos formatos, para tener certeza de que no están siendo postuladas personas que cumplan con los supuestos y hayan incurrido en violencia de género. Solo así podríamos ir materializando acciones en favor de erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género.

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