Opinión

La impartición de justicia también es vulnerable

Ayotzinapa y Tlatlaya son el talón de Aquiles en derechos humanos en la presente administración.

  • 22/05/2016
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Parece que la intención es llegar al proceso electoral en las doce entidades federativas, con el menor frente de crisis, como consecuencia de los desvaríos en la impartición de justicia en aquellos temas polémicos que han puesto contra las cuerdas al sistema de justicia y al de impartición de justicia.


Esta es una de las interpretaciones que puede tener las sentencias promulgadas entre el fin de semana pasado, que involucran temas que han sido frente de crisis en diversos momentos.


Por orden cronológico se presentan las penas hasta por 29 años a 17 exfuncionarios y dos empleados de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde perdieron la vida 49 pequeños, como consecuencia de la corrupción. A esta sentencia le hizo falta involucrar a Carla Rochín Nieto, quien en el momento del siniestro, era Coordinadora Nacional de Guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como a Marcia Gómez del Campo y cuyas influencia políticas y consanguíneas con el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, hicieron que no fueran molestadas ni con el pétalo de una declaración.


El ex secretario de gobernación Fernando Gómez Mont y quizás algunos de sus cercanos colaboradores podrían tener complicidad en la ausencia de justicia al finado ex director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, por haber cabildeado su inocencia en la Corte.


Luego, el Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito de Toluca dictó auto de libertad a los últimos tres militares detenidos por la masacre de 22 civiles ocurrida en 2014 en la comunidad de San Pedro el Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, y fueron absueltos en definitiva de los delitos que se les imputaban.


Por último, no menos grave, se encuentra las afirmaciones del juzgado primero de Distrito en Procesos Penales Federales y el segundo Tribunal Unitario de Tamaulipas, quienes emitieron sus sentencias respecto a la presunción de que los estudiantes de la Normal rural de Ayotzinapa hubieran sido privados de la libertad ya que de acuerdo con los jueces, indican que los 43 normalistas fueron víctimas de una ejecución sumaria, es decir, que la persona es juzgada, condenada y ejecutada en un mismo momento, como en un fusilamiento.


Este tema parece que causa estado, bajo una serie de sospechas en las investigaciones, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) es señalada de entorpecer las investigaciones del grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.


Así y junto con el tema Tlatlaya se convierte en el talón de Aquiles en derechos humanos en la presente administración y con el decidido apoyo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien con unas tibias recomendaciones a las dependencias del Ejecutivo Federal, dice que protege los derechos humanos.


No sólo eso. La PGR violó el principio de unidad procesal, al establecer 13 causas penales diferentes sobre los acontecimientos de Ayotzinapa, enviando a seis juzgados ubicados en cinco ciudades en el país (Política Zoom, Ricardo Raphael, mayo 14, 2015): Matamoros, Iguala, Cuernavaca, Toluca y Guadalajara, por consiguiente, cada juzgado poseía una parte del entramado del rompecabezas y la auténtica verdad histórica permanece lejos de su esclarecimiento y con la complicidad de la PGR.


Por tanto, más parece que el compromiso de la impartición de justicia se encuentra con la impunidad, que verdaderamente impartir justicia.