2017 comenzó con protestas y disturbios sociales; las primeras, auténticas y justificadas quejas de personas que se ven afectadas por un drástico aumento de la gasolina, compiten en la agenda nacional con una serie de disturbios de delincuentes que se han dedicado a saquear comercios, lesionar la propiedad de otros, reducir la calidad de la seguridad pública, perjudicar la economía local, nacional y la imagen de México.
Estos eventos que marcan el inicio del año no son hechos aislados, se adscriben en un clima enrarecido de inseguridad donde debemos reconocer que 2016 cerró mal, ya que hasta el momento ha sido el año más violento de la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, en niveles equiparables de homicidio a los de los peores años de la llamada "guerra contra el marco", y con aumentos en otros delitos como secuestros, robos y lesiones.
La mayoría de quienes protestan lo han hecho para recordarle a nuestros gobernantes sus promesas: "con la reforma energética bajará el costo de la gasolina", lo hacen para manifestar que el dinero en las familias no alcanza, que este aumento afectará aún más la calidad de vida de todos y lo han hecho pacíficamente.
Sin embargo, en un contexto de enojo social, también ha habido casos de violencia excesiva y quebranto de la ley, donde las policías, cual representantes del Estado, han sido víctimas de esos excesos. Como el caso de Rosarito, Baja California, donde 5 policías federales fueron atropellados.
Paralelamente hubo quien aprovechó el descontento para delinquir, dichos casos se reportan prácticamente en todas las entidades, siendo los más graves los de la Ciudad de México, del Estado de México, de Tabasco y Veracruz.
Debo insistir que la gran mayoría de las protestas han sido pacíficas y son una respuesta genuina ante un grave problema que afecta a la economía de las familias, por eso, quien actúa con violencia debe ser proporcionalmente sancionado conforme a la ley. De la misma manera, recordemos que los saqueos no están relacionados con las protestas, son injustificables, son delitos cometidos por delincuentes y deben ser perseguidos conforme a derecho.
Para muchos observadores la duda es ¿por qué el Estado no logra poner orden, por qué tolera delitos y violencia, poniendo en riesgo la gobernabilidad del país?
Una posible respuesta que me atrevo a dar, es que, parte de las acciones de la autoridad son ilegitimas o incluso ilegales, que por años la autoridad ha actuado sin contrapesos violando derechos y esas mismas normas que ha establecido le ha impedido actuar con contundencia, aunado a que el poco apoyo de la opinión pública, pronta a criticar el actuar del Estado, pone en manifiesto que estas y muchas acciones emprendidas por la autoridad son carentes de legitimidad. Dicho de otra manera, podemos decir que la ilegitimidad histórica de nuestro gobierno con la que operan las autoridades, impide hoy la plena aplicación de la ley.
La falta de persecución y sanción de los delitos por temor o falta de apoyo ciudadano, se suma a la incapacidad propia de una autoridad que no cuenta con los insumos para implementar los protocolos de actuación, que ayudarían a la autoridad a mejorar su eficiencia, eficacia y legitimidad, tornándose en un círculo vicioso que mantiene vigente la impunidad y la acción de delincuentes.
Por tal motivo, los saqueos pueden seguir, las protestas pueden tornarse violentas y los derechos de individuos y de todo el entramado, ser pisoteados sin que la autoridad actúe.
Si el Presidente o los Gobernadores quieren empezar por cambiar algo, deben comenzar por combatir la corrupción, aplicar la ley -con una visión de derechos humanos- sin distingos, respetar la ley y los derechos de las personas e impulsar una agenda de políticas sustentadas en diagnósticos reales y medibles a través de indicadores claros y transparentes, para aumentar la competitividad del país, reducir despilfarros del gasto público y combatir los delitos.
Hasta que aquellos que pidieron nuestros votos para servir a la voluntad popular no honren el objetivo fundamental para el cual pidieron el voto, las medidas y acciones del gobierno serán entendidas por la sociedad como una manera más de despojar al pueblo de recursos y futuro -tal y como por décadas ha sucedido-, generando protestas y caos.
La solución no es tan difícil de aplicar, sólo requiere de esa famosa voluntad política que aparece cuando a los poderosos les conviene. Espero que pronto entiendan la conveniencia de un país justo y en paz.