Varias personas, entre ellos yo, hemos vaticinado que la tercera guerra mundial podría ser por el agua. Ojalá estemos equivocados. El agua es cada vez más escasa, así lo demuestran datos del INEGI que señalan una disminución considerable de la disponibilidad del agua en México debido al crecimiento poblacional y al mal uso del líquido: en 1970 la disponibilidad era de 10 mil m3 por habitante al año, en 2005 bajó a 4,500 m3, en 2010 fue de 4,200 m3 anuales por cada mexicano y para el 2025 será de 3,800 m3 por habitante.
En febrero de 2012 se emitió en México un Decreto que establece el acceso al agua como un Derecho Humano. Con base en lo anterior, se presentó un proyecto ante la LXII Legislatura para sustituir la Ley de Aguas Nacionales por la “Ley General de Aguas”, cuyo objetivo es, según dice la exposición de motivos “establecer la participación de la Federación, los estados, el Distrito Federal, los municipios y la ciudadanía para garantizar el derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico, así como regular las aguas nacionales”.
La propuesta de Ley señala que México “enfrenta una situación hídrica compleja y crítica”, por lo que es urgente sentar las bases para lograr la transición de un modelo basado en la sobreexplotación y la contaminación a un modelo que tenga como base el óptimo aprovechamiento del vital líquido.
“La Ley General de Aguas”, cuya discusión está aplazada, propone “encaminar al país hacia la sustentabilidad, la equidad y la seguridad hídricas a través de un inmenso esfuerzo gubernamental, social y privado. Porque el derecho humano al agua se vincula directamente con el goce efectivo de otros derechos humanos […] para el desarrollo integral de todos los mexicanos”.
Queda claro que la iniciativa busca EL MEJOR USO Y APROVECHAMIENTO DE UN RECURSO QUE CADA DÍA ES MÁS ESCASO, a través de la coordinación y regulación de los sistemas operadores de agua en los tres niveles de gobierno. Sin embargo, el hecho de que promueva terminar con la anarquía y hable de una mayor eficiencia de estos organismos ha levantado ámpula en diferentes sectores de la sociedad, argumentando algunos que “se quiere privatizar la administración del agua”, a lo que yo también me opongo. La decisión debe ser discutida y valorada en su justa dimensión debido a que, hasta ahora, los dos esquemas de administración (público y privado) han dejado mucho que desear por falta de regulación.
Lo que no es aceptable es que bajo la posición maniquea y el pretexto de la “privatización” prevalezca el desorden, la ineficiencia y el mal uso del agua. No es exagerado advertir que nos estamos acabando el agua que nuestros nietos van a necesitar y que evidentemente, con toda razón, nos van a reclamar el no haber tomado medidas a tiempo.
¿Se debe legislar para regular el buen uso y aprovechamiento del agua?, si la respuesta es sí, entonces el siguiente paso es discutir exactamente lo que eso significa y cuáles son las medidas que desde ahora debemos tomar. Intentando contribuir a la precisión del debate, a continuación se enlistan algunos elementos que deben ser evaluados y eventualmente legislados:
1.- La definición clara de una nueva cultura del agua basada principalmente en el buen uso y mejor aprovechamiento.
2.- Con base en los estándares internacionales, establecer el consumo máximo por persona al mes y ponerle un costo que proteja a las familias de escasos recursos; pero de ahí hacia arriba, con rigor, el agua debe pagarse tanto para su extracción, conducción y potabilización, como para su tratamiento residual.
3.- Legislar para reconocer a los organismos operadores comunitarios, municipales e intermunicipales, estableciendo una rigurosa administración gerencial y una especie de servicio civil de carrera para la administración de los mismos.
4.- Vincular estos Organismos a una instancia estatal y nacional que se asegure de ponerlos a salvo de los vaivenes políticos.
Con esta medida no se pretende violentar la autonomía municipal establecida en el 115 Constitucional, lo que si debe quedar claro es que el derecho humano al vital líquido, su buen uso y aprovechamiento deben tener prioridad en cualquier legislación, sobre todo en virtud de que hasta ahora tenemos una verdadera anarquía a nivel nacional en esta materia, lo que se refleja en el dispendio, contaminación, deforestación y mal uso entre otras.
Y si usted, lectora, lector querido, no tienen inconveniente, muchas gracias por sus amables comentarios y aportaciones, nos leemos el próximo jueves.
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