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La guerra de las discrepancias

Es posible que en la función de Estado de seguridad haya servidores públicos que desconozcan las particularidades de la seguridad. | Rodolfo Aceves Jiménez

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Escrito en OPINIÓN el

Cuando Germán Martínez Cázares presentó su renuncia al cargo de director del Instituto Mexicano del Seguro Social en mayo pasado, dijo que “algunos funcionarios de la Secretaría Hacienda tienen una injerencia perniciosa en el IMSS y ponen en riesgo la vocación igualitaria, de justicia y, concretamente, de prestación de servicios de salud que tiene el Seguro Social […]”.

Mientras tanto, Carlos Urzúa, hasta hace unos días titular de la SHCP dijo en su renuncia, que “me resulta inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés […]”.

En otros sexenios, las formas políticas decían mucho. La remoción de un secretario de hacienda estaba pactada y era anunciada mediante rueda de prensa, en el que estaban el secretario saliente y el secretario entrante, el que era despedido y presentado, respectivamente, por el titular del Ejecutivo Federal.

Como haya sido, el común denominador de ambas redacciones es que, al interior de los nombramientos en la Secretaría de Hacienda, existen servidores públicos que desconocen la función de Estado de hacienda, así como sus funciones de gobierno, o bien, sirven a intereses ajenos a la República.

Con nombres y apellidos. Trascendió que a quienes se refería el ex titular de Hacienda es a Raquel Buenrostro y Victoria Rodríguez Cejas, oficial mayor y subsecretaria de Hacienda, respectivamente. Esto tiene lógica. Buenrostro fue quien salió a medios para explicar la crisis por los medicamentos en el sector salud.

Además de que esto abre un frente de crisis en el Gobierno Federal y le da la razón al senador Ricardo Monreal, en el sentido de que hay servidores públicos que “no acompañan al presidente”.  También se sabe que las diferencias con el jefe de la oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, así como con la secretaria de energía, Rocío Nahle, pudieron haber influido en la decisión del hoy exsecretario.

Por otra parte, es probable que esto explique los subejercicios, a manera de ahorros, que se están presentando en las dependencias del Ejecutivo Federal.

Más allá de las formas, la pregunta es ¿en qué otras dependencias del Ejecutivo Federal existen funcionarios públicos que retrasan la función de Estado, así como las funciones de gobierno a las que están sirviendo?

Por sus resultados, es muy posible que en la función de Estado de seguridad haya servidores públicos que desconozcan las particularidades de la seguridad.

Que además tengan conflicto de interés con alguna de las funciones de gobierno que componen la función de Estado, para poner en entre dicho su desempeño y que posean intereses en ralentizar el avance del mejoramiento de las condiciones de seguridad en el país.

En parte quizás esto también explique la crisis con el personal de la Policía Federal que se niegan a cambiarse a la Guardia Nacional, que lo único que se hizo fue, darle aparador político al expresidente Felipe Calderón.