Opinión

La Guardia Nacional y la (no) militarización del país

La Guardia Nacional se encuentra al filo de convertirse en un grave error que le costaría mucho al presidente de la República. | Eduardo Zerón*

  • 27/12/2018
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Controvertidas fueron las declaraciones del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Lic. Alfonso Durazo ante la Cámara de Diputados en el sentido de que de no aprobarse la Guardia Nacional en los términos que dijo el Ejecutivo, sacarían al Ejército de las calles. Estas mismas declaraciones, fueron replicadas por el primer mandatario, y luego reculadas ante las críticas que incluso sus correligionarios hicieron a este proyecto.

Aprobada en Comisiones en San Lázaro, únicamente por miembros de la bancada de Morena y algunos de sus aliados, hemos sido testigos de cómo el gobierno López Obradorista ha querido hacer corresponsables de las acciones del Ejecutivo por la aceptación o no de una Ley al Legislativo, lo que culminó siendo una oprobiosa amenaza. Un chantaje innecesario terminó por dejar fuera la posibilidad del debate parlamentario. Hoy la discusión del proyecto se irá a la primera quincena de enero, y con o sin la aprobación de la ley, el Gobierno Federal deberá de comenzar a asumir el costo de su mandato constitucional por su principal función: “preservar la seguridad nacional”, es decir, la de brindar protección a sus gobernados.

El Gobierno, podría estar perdiendo la oportunidad de realizar un proyecto que puede ser muy positivo, como la Guardia Nacional. Ésta se encuentra al filo de convertirse en un grave error que le costaría mucho al presidente de la República, como responsable y líder supremo de las fuerzas armadas, que ante las eventuales irregularidades que puede cometer este cuerpo él sería su principal responsable. Incluso, López Obrador podría ser llevado a tribunales internacionales, como será el constante interés de quienes se han convertido en su antagonista.

El verdadero dilema, según los técnicos y los colectivos, es el tema de la adscripción en el ámbito castrense, ya que, a su juicio, esto se podría prestar a graves violaciones a los derechos humanos y a la militarización del país, no obstante ello, por parte del Gobierno digan que actuarán dentro del ámbito civil adscritos al Ejército.

No debemos olvidar que actuaciones similares a las que realizará la Guardia Nacional se venían efectuando por parte de las Fuerzas Armadas en auxilio de las autoridades civiles, y que las jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación era el único instrumento que le daba certeza a su actuar; sin embargo, en noviembre pasado, este poder Judicial invalidó en su totalidad la Ley de Seguridad Interior, al pronunciarse por la negativa de que los cuerpos castrenses hagan labores de Seguridad Pública, como hoy sucedería con la Guardia Nacional, lo cual llevaría a una inminente controversia constitucional.

Con la Guardia Nacional estamos inmersos en un debate en el que se quiere que todo quepa en la Seguridad Pública, esto como consecuencia de sacarle la vuelta a legislar en materia de Seguridad Interior, que es donde la constitución la dispone, razón por la cual es un equívoco “policializar” a los militares.

Ante el desconocimiento generalizado de la Doctrina, una propuesta es que la Guardia Nacional no sea una fuerza militar permanente sino temporal, es decir, como una “Fuerza de Tarea” que funcione como una reserva, y que con ella quepa la posibilidad que los militares no pierdan su adscripción, pero cuando sea convocada en su actuación sea fuera de ese ámbito. En ese tenor, podría ser convocada con controles legislativos y judiciales, cuidando el pacto federal e incluso la temporalidad de sus actos -que no es la vigencia del cuerpo, sino de la emergencia- en exclusivo cuando existan afectaciones que deban de ser atendidas por este grupo, es entonces que la Guardia Nacional debería atender las tareas respecto del orden Interior como lo establece el artículo 89, fracción VI, de la Constitución.

Pareciera necesario entonces que el poder Judicial, y los legisladores deberían tomar en consideración la doctrina de nuestras fuerzas armadas, de la que mucho se desconoce y sobre todo en Seguridad Nacional y la Seguridad Pública que en nada tiene que ver la Seguridad Interior, sólo así se encontrará el punto medio de este dilema.

La Guardia Nacional puede, según lo que manda el Congreso en su reglamentación, convertirse en un cuerpo intermedio que pueda ser convocado por el jefe del Ejecutivo, para realizar actividades relacionadas exclusivamente con la Seguridad Interior del país. Es decir, el dia de hoy estamos enconados en una discusión respecto a una corporación que evidentemente debería estar fuera del ámbito de la seguridad pública. Incluso, tanto la Ley Orgánica del Ejército como la Ley Orgánica de la Armada, refieren la participación de las fuerzas armadas para coadyuvar y/o garantizar la Seguridad Interior.

No sabemos a bien la operatividad que tendrá esta corporación, jurídicamente hoy la Carta Magna advierte que es parte del mismo Ejército, de ahí que sea correcto su mando como advierten la minutas del Congreso, sin embargo, hasta este momento no sabemos cuáles serán las actividades que desempeñará ¿Qué tipo de policía será?, ¿los mandos o jefes militares rotarán como siempre o estarán permanentemente adscritos a la Guardia Nacional? Nada de esto deja de lado la posibilidad de que esta corporación pueda tener un mando operativo civil, con lo que se terminaría evidentemente el fantasma de la presunta y mal argumentada militarización.

El Gobierno en turno puede perder la oportunidad de hacer una corporación fuerte y temporal en materia de Seguridad Nacional en las condiciones en las cuales se encuentra el proyecto de ley, parecería imposible que sus antagonistas les dieran el beneplácito de contar con los votos necesarios para su conformación.

La Guardia Nacional se podría conformar únicamente tomando algunas Divisiones de la Policía Federal como las de Gendarmería y/o Seguridad Regional, con militares y marinos, sin prescindir de la totalidad de la Policía Federal, y por el contrario, engrosarla, mejorarla con la finalidad de continuar con las labores de prevención y así apuntalar la Seguridad Pública e Interior, lo que no puede ser es que se claudique en sus obligaciones y se entregue la Seguridad Pública a las fuerzas armadas, cuando ésta debe ser brindada enteramente por las autoridades civiles.

*Este artículo contó con la colaboración del Maestro Gerardo López Ruiz

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