En el diseño e implementación de las políticas públicas convergen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Plan Nacional de Desarrollo y los Programas Sectoriales de cada secretaría de Estado y complementado por la legislación federal vigente y en su conjunto constituyen los documentos rectores de la gran política nacional.
La Constitución establece los anhelos del pueblo mexicano, que han sido la interpretación del Constituyente Permanente surgidos de los movimientos sociales que han cismado las estructuras de este país, desde la conquista, pasando por la colonia, la independencia, la intervención francesa y la historia del presidencialismo mexicano.
El Plan Nacional de Desarrollo, que es un documento próximo por cumplir los cuarenta años, fue implementado en la administración del presidente Miguel de la Madrid, en el cual se refleja la visión de Estado y de gobierno que cada ejercicio de gobierno le imprime a su administración y los Programas Sectoriales constituyen el plan de trabajo de cada dependencia.
En todos estos documentos se reflejan las políticas públicas de las funciones de Estado así como de las funciones de gobierno que realiza cada rama de la administración pública, por conducto de las secretarías, en lo individual, o de los gabinetes especializados, en lo general.
Estas funciones de Estado y de gobierno conviven en sistemas y subsistemas en cada ramo de la administración pública. El sistema de salud mexicano es una gran estructura de infraestructura y servicios especializados para llevar la salud hasta los rincones más alejados de nuestro país en el que participan la federación, los estados y sus municipios; lo mismo el sistema educativo, de seguridad, etcétera.
La mayoría de estas funciones de Estado y de gobierno que realizan junto con sus sistemas, no serían posible sin la aportación que realizan los centros de investigación implementados por la vía de los fideicomisos públicos que se han constituido desde años atrás.
Su aportación se refleja en el conocimiento de nuevos escenarios de políticas públicas, de investigación científica en la medicina, la tecnología, biología y otros campos del conocimiento humano.
La extinción de los fideicomisos que dan vida a los centros de investigación es una decisión de política pública desacertada, debido a que le retira flujo de investigación y aportación científica que realizan investigadores mexicanos a las distintas disciplinas de políticas públicas que tienen impacto en las funciones de Estado o de gobierno a quienes sirven.
En el mediano y largo plazo sus efectos se sentirán en las áreas de gobierno o de prestación de servicios, que utilizaban las investigaciones para perfeccionar o mejorar procesos de prestación de servicios públicos en salud, educación o seguridad.
Lo triste es que se manda el mensaje de desinterés en la ciencia y tecnología que producen investigadores mexicanos y, con ello, se da un retroceso en la academia, la docencia y la investigación mexicana.