Opinión

La fragil legitimidad de los impuestos en México

Para reforzar el principio de legitimidad fiscal se requiere que las instituciones de gobierno sean transparentes.

  • 25/05/2016
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Los seres humanos compartimos el interés de satisfacer diversas necesidades que, de otra forma, no seríamos capaces de cumplir individualmente, tales como la protección de nuestras libertades frente a otros, o el afrontar riesgos de manera compartida. Para satisfacer esta necesidad, nos reunimos en sociedad y a partir de esta base, constituimos un Gobierno. Este proceso se define como la integración de la Soberanía de un pueblo, esto es, la posibilidad de que mediante la asociación de individuos se alcance la satisfacción de intereses comunes y, que las instituciones que surjan de ello, busquen siempre el beneficio de ésta colectividad.

 

El ideal expuesto fue magistralmente resumido por Abraham Lincoln al afirmar que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo; en ese sentido, vale la pena reflexionar sobre este ideal dentro del marco de la política fiscal, es decir, de todas aquellas medidas que el Gobierno instrumenta para hacer que la sociedad contribuya a solventar aquellos gastos para sustentar las instituciones gubernamentales, así como las acciones y medidas con las cuales se pretende satisfacer las necesidades colectivas.

 

Bajo esta perspectiva, debe existir una correlación entre la medida en la cual se satisfacen las necesidades sociales de los gobernados, a través de bienes y servicios públicos, y el grado de sacrificio que para cada gobernado representa contribuir al gasto gubernamental.

 

Efectivamente, en nuestra opinión, la legitimidad fiscal implica el reconocimiento social de los beneficios directos o indirectos que recibirán del Estado, a cambio de los impuestos que pagan. Se observa entonces que este concepto de legitimidad fiscal implica un vínculo entre la sociedad y el gobierno, mismo que se materializa a través de un verdadero contrato social, y se perfecciona con el fortalecimiento de las instituciones de gobierno y la participación democrática de los ciudadanos.

 

Lo anterior significa, por una parte, la representación democrática de la sociedad dentro de los marcos de la tributación, y como ejemplo paradigmático tenemos la Guerra de Independencia norteamericana, en la cual los entonces colonizadores exigieron a la Corona inglesa que tuvieran el derecho colectivo de determinar su carga tributaria, argumento que fue resumido en la expresión “no taxation without representation”. Por otro lado, para reforzar el citado principio de legitimidad fiscal, se requiere que las instituciones de gobierno sean transparentes en su actuación, y se encuentren obligadas a rendir cuentas a los ciudadanos respecto del uso de los recursos públicos.

 

En este sentido, es cierto que como ciudadanos no podemos sentirnos satisfechos al observar que, año con año, nuestro Gobierno casi agota en su totalidad los montos que integran el presupuesto federal, pues muchas veces estas erogaciones de miles de millones de pesos no se ven reflejadas en una mayor satisfacción de nuestras necesidades sociales. Para comprobar este dicho, basta observar la calidad de los servicios públicos que nos son prestados (educación, transporte, comunicaciones, salud) así como el estado permanente de inseguridad y temor con el que vivimos.

 

Ante este escenario, resulta insuficiente que nuestra Constitución señale que los recursos económicos serán administrados por el Gobierno con eficiencia, eficacia y honradez, pues al revisar las estadísticas y datos económicos recientes, observamos que las desigualdades sociales superan por mucho los esfuerzos del del propio Gobierno para remediarlas.

 

Sin embargo, no podemos esperar que a través de medidas que se suponen “novedosas”, como la creación de nuevos impuestos o el incremento de los vigentes, el Gobierno logrará allegarse de los recursos suficientes para brindar a los gobernados una mejor calidad de vida, pues medidas como éstas implican desconocer que el resquebrajamiento del tejido social se debe, en gran medida, a que no todos contribuyen de una manera directamente proporcional para cubrir los gastos públicos.

 

Resulta obvio, entonces, que muchos mexicanos desconfíen de las acciones del gobierno orientadas a obtener una mayor recaudación de los contribuyentes, puesto que estos no sienten que este gasto se destinará a satisfacer las necesidades sociales reales, ni existe la percepción de que contamos con una administración tributaria eficiente, conformada por funcionarios íntegros.

 

Para salir de esta dinámica, donde el ciudadano desconfía de sus autoridades hacendarias, la única fórmula que podría funcionar es ampliar la intervención directa de los gobernados en la instrumentación de las políticas públicas. Es decir: que los ciudadanos participemos directamente en las funciones de control y vigilancia de la recaudación de contribuciones, así como del destino final de estos recursos. Solamente así, los ciudadanos podemos asegurarnos de que exista una real transparencia en el ejercicio del presupuesto público.

 

Así, al existir un equilibrio entre el monto de contribuciones de los gobernados a gasto público, y la satisfacción de las necesidades colectivas, podrá cumplirse los principios constitucionales relativos a la soberanía del pueblo, al principio de solidaridad en la concurrencia del desarrollo nacional, a la obligación de contribuir al gasto público y al de ejercer dichas erogaciones dentro de los límites de la eficacia, eficiencia y honradez.

 

En efecto, un balance adecuado entre estos tres factores fundamentales permitirá que nuestro país crezca económicamente pero, más allá de eso y con mayor importancia, se permitirá que mediante la prestación de servicios públicos y la satisfacción de las necesidades colectivas se alcance una eficaz distribución de la riqueza y, por ende, una mejor calidad de vida para los ciudadanos.

 

@JVillalobosS

@OpinionLSR