Uno de los aspectos más relevantes generados en la reforma constitucional en materia político electoral y materializada en diversas leyes secundarias, fue sin duda la realización de ajustes y el endurecimiento de la fiscalización de los recursos asignados a partidos políticos y candidatos independientes. Así, el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene la facultad de revisar el origen, monto, destino y la aplicación de dichos recursos con el objeto de verificar que los mismos sean utilizados de acuerdo a la norma electoral; esto debe generar un equilibrio entre los recursos que ejercen los Institutos Políticos que se deben a la sociedad, y la rendición de cuentas que exige justamente la sociedad.
Hay que enfatizar que la fiscalización que realiza el INE se centra principalmente en la revisión de tres tipos de gasto. Así, el primero de ellos, revisa los gastos que dichos Institutos Políticos realizan por “actividades ordinarias” que consisten principalmente en los recursos ejercidos respecto a los salarios, rentas, gastos de estructura, gastos para el correcto funcionamiento de sus actividades en los ámbitos geo electorales respectivos (seccional, distrital, municipal, estatal o nacional), entre otros.
El segundo rubro de la fiscalización son los gastos por “actividades específicas” entre las que destacan las acciones que los partidos políticos llevan a cabo en torno a la educación y capacitación para promover la participación política. En este rubro destaca la obligación que tienen los partidos de brindar o generar las condiciones suficientes de capacitación, promoción y desarrollo de liderazgos políticos de las mujeres, para lo cual deben destinar un 3 por ciento del financiamiento que reciben. Sería interesante ver cuántos de ellos cumplen esta norma legal.
El último apartado y, tal vez uno de los de mayor importancia, está relacionado con los gastos del “proceso electoral”, que son los recursos erogados por partidos políticos y candidatos independientes en el transcurrir de las campañas. La revisión que el INE realiza a este tópico se basa fundamentalmente en la revisión detallada de los gastos generados en materia de propaganda electoral, en publicidad, en la realización de eventos públicos y toda la logística o gastos generados alrededor de las mismas; los gastos generados en la producción de mensajes para radio o televisión, entre varios más.
Ahora bien, un aspecto que el legislador convino en las leyes secundarias, fue que el INE fuera el responsable de auditar, además de los partidos políticos con registro nacional, a los partidos políticos locales; pero también a las coaliciones entre partidos, precandidatos y candidatos. También el INE audita a las organizaciones que buscan obtener su registro como partido político, a las organizaciones de observadores electorales y a las nuevas figuras, al menos a nivel federal, llamadas candidaturas independientes.
Con este breve esquema y a poco más de un mes de la jornada electoral, el Sistema Nacional de Fiscalización instrumentado por el INE estará dando sus primeros resultados en próximos días. En esta tesitura, el INE ha revisado más de un millón de operaciones financieras realizadas por los partidos políticos y sus candidatos, con lo que la autoridad electoral federal empezará, de manera pública a través de sus sesiones de su máximo órgano de dirección: su Consejo General, a analizar, discutir y en su caso a aprobar los diversos dictámenes de ingreso y de gasto de algunas entidades federativas más la federal.
Al respecto, algunos consejeros electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización del INE han asegurado que la fiscalización no será ligth, e inclusive algunos otros medios de comunicación destacan que pudieran haber nulidades en algunas elecciones por rebase de topes de gastos de campaña, por lo que esto debe tener alertados a los actores políticos de la pasada contienda electoral.
A todo esto hay que agregar que los tiempos se acercan, que si bien la legislación electoral establece un plazo de 45 días, después de la jornada electoral, para que la autoridad electoral apruebe los dictámenes de ingreso y gastos de los que fueron candidatos independientes y candidatos de las distintas fuerzas políticas. Este tiempo fatal concluye el 22 de julio próximo.
El INE tiene programada discutir en sesión probablemente del 20 de julio dichos dictámenes, que en todo caso, podrán recurrir si así lo consideran quienes pudieran sentirse afectados ante las resoluciones que emita la autoridad electoral federal, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que aún queda camino por recorrer en este proceso electoral que, como ya hemos comentado, las elecciones en nuestro país cada día se judicializan más por razón de derecho o bien por estrategia política, sobre todo tratándose de elecciones competidas.
Como sea, el Tribunal Electoral tendrá la última palabra, así que hasta entonces podremos definir con claridad cómo queda el mapa político electoral de la elección federal, así como de la elección concurrente que tuvo verificativo en las 16 entidades federativas y el Distrito Federal.
¡Hay que estar atentos!
