La entidad con el mayor número de extorsiones tiene 23.4 por cada 100 mil habitantes, la Ciudad de México tiene 4.24, es decir cinco veces menos. 

De acuerdo con conceptos del Foro de Profesionales Latinoamericanos de Seguridad, la extorsión es un delito que consiste en obligar a una persona, a partir del uso de la violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o bien del sujeto pasivo. Se realiza principalmente por vía telefónica, medios electrónicos y mensajes anónimos.

El Código Penal Federal sobre la extorsión señala en su artículo 390 “al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial” por lo que “se le aplicarán de dos a ocho años de prisión y de cuarenta a sesenta días de multa”; y agrega “las penas se aumentarán hasta un tanto más si el constreñimiento se realiza por una asociación delictuosa, o por servidor público o ex servidor público o por miembro o ex miembro de alguna corporación policial o de las Fuerzas Armadas”.

La extorsión creció en años recientes porque algunas modalidades de este delito se fundan en la intimidación a distancia a través del teléfono, quienes lo perpetran utilizan rudimentos psicológicos para amedrentar a sus víctimas con base en el miedo, la mezcla de elementos reales con mentiras, con la información que la propia víctima proporciona sin percatarse al hablar con el delincuente, con algunos datos que disponen de la persona y la familia, y con amenazas duras sobre su integridad y sus familias. Todo tipo de recursos se utilizan para amedrentar a las personas y obligarlas a entregar su patrimonio que van de amenazas directas a su vida hasta simulaciones de secuestros, pasando por supuestas detenciones de familiares en la frontera norte, falsos delitos, presencia física amenazante inminente, o de plano ofrecen protección al decirse parte de algún grupo delictivo conocido.

Las cifras ubican a la capital del país en el décimo lugar a nivel nacional en extorsiones; su incidencia disminuyó 18 por ciento en el periodo de enero a septiembre de 2017, respecto al mismo periodo de 2016, pero la reducción resulta insuficiente, el reclamo  ciudadano se mantiene y se requieren mayores programas, acciones y campañas para enfrentar este delito en las instituciones públicas, privadas y sociales así como en las personas y sus familias.

El gobierno de CDMX ha debido desplegar una estrategia con varias líneas de acción para enfrentar la extorsión, es el caso de más elementos debidamente capacitados para investigar y perseguirlo; y de proveer de mayor capacidad de investigación y empleo de las tecnologías. Un campaña con mejores efectos es la denominada “Yo no pago extorsión” que brinda a la ciudadanía herramientas para evitar estos actos, enseña cómo afrontarlos y alienta para denunciarlos.

En este punto, es necesario señalar que la incidencia delictiva se mide por los casos que las personas denuncian ante las autoridades, de ese modo, una campaña que convoca a la denuncia tiene una de sus externalidades en incrementar los índices delictivos; en realidad, el delito ya se cometía, pero no se denunciaba, de ahí la importancia de esta campaña del gobierno de la CDMX que asumió que lo importante que es combatir el delito antes de pensar en las cifras. 

En el lado de la sociedad civil, el Consejo Ciudadano de la ciudad lanzó la aplicación para celulares No más XT cuya función es detectar los números que utiliza la delincuencia y al momento que se marca el número, ya registrado con los números vinculados a este delito, lanza una alerta a través de la pantalla del celular para que el usuario no lo conteste. Es decir, la sociedad civil trabaja por las personas y contribuye a disminuir la incidencia de este acto delictivo.

La estrategia ha surtido efecto pues al comparar el periodo de enero a septiembre del 2017, contra el mismo del 2016, se aprecia una reducción del 18%, y al contrastarlo a nivel nacional es posible evaluar los avances porque en el país se presentó un incremento del 16%; dicho de otro modo, de las 32 entidades del país en 15 se presentaron incrementos en el delito extorsión; la entidad que está en primer lugar tiene 23.4 extorsiones por cada 100 mil habitantes, mientras que la CDMX tiene 4.2, es decir cinco veces menos.

Entre las acciones realizadas por la procuración de justicia de la capital del país de enero a agosto del presente año, se registra en informaciones públicas, que hay 73 detenidos por el delito de extorsión, a 43 se les consignó y vinculó a proceso penal, mientras que el resto de los detenidos están en proceso, ha de subrayarse que la Procuración de Justicia integró los suficientes elementos ante el Poder Judicial para lograr 24 sentencias condenatorias y que diversos procesos penales están en curso.  

Dr. Jorge A. Lumbreras Castro | Académico de la FCPyS - UNAM

jorgelumbrerascastro@gmail.com



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