Entre los países de la OCDE, México tiene el segundo mayor grado de disparidad económica entre pobres y ricos. La OCDE también señala que los gastos presupuestados de México para el alivio de la pobreza y el desarrollo social son sólo alrededor de un tercio de la media de la OCDE. Esa es la realidad en México ante los problemas sociales de: corrupción, pobreza, delincuencia, desnutrición, acceso a la salud, analfabetismo, falta de empleos, violencia intrafamiliar, trata de blancas, migración, narcotráfico, falta de justicia y racismo, los cuales han provocado que lo ilegal sea el único camino para seguir. La falta de resultados, el exorbitante clientelismo y nepotismo de bufones y arlequines que sirven a diversos gobiernos, sólo han generado el incremento de todos estos problemas.
Hasta el momento de qué sirven que haya más de mil iniciativas si no se ha podido lograr generar el cambio que requiere México. Sin embargo ya aumentó la gasolina y solo se aprueban iniciativas a modo en las cámaras del senado y diputados.
Ahora bien, el proyecto de nación actual no logra consolidarse ante la incapacidad, incompetencia e ineficiencia de ciertos funcionarios de diversos niveles que solo cobran buenos sueldos y prestaciones. No hay que inventar el hilo negro, solo deben de ponerse a trabajar y hacer las cosas BIEN, conforme a los procesos y procedimientos ya establecidos, de ahí nacen los resultados, por medio del arduo trabajo que genere progreso para nuestro país.
Lamentablemente la omisión, corrupción y la falta de supervisión de los funcionarios actuales de las dependencias gubernamentales, se ha convertido en un cáncer que no se ha logrado extirpar. Lo que no se audita y no se mide con indicadores y transparencia es solo un dato maquillado.
A nivel internacional el narcoterrorismo utiliza las alianzas de las mafias del poder con grupos armados extremistas o paramilitares, quienes utilizan tácticas de guerrilla urbana y rural. Incluso dentro del Derecho Internacional Humanitario, únicamente establece dos condiciones para determinar un conflicto armado no internacional, 1) Los grupos deben de tener un mínimo de organización y 2) Los enfrentamientos deben de alcanzar un mínimo de intensidad (indicadores fácticos).
En este caso, en México, los diversos cárteles se han ido organizado más en forma a partir de los años 60. La historia nos indica que existía un control por parte de las extintas DFS y PJF, así como de políticos de esa época. Durante esa etapa se destaca la presión del gobierno de Estados Unidos en el mandato del Lic. Miguel de la Madrid, debido al homicidio del agente Enrique Camarena (DEA). Por lo anterior, México inicia una “Guerra contra las drogas” con diversos operativos en Sinaloa, Durango y Chihuahua (operaciones Cóndor y Marte) por parte del ejército. Tiempo después sucede la caída de Félix Gallardo y surgen varios capos como Amado Carrillo, los Arellano Félix, el Chapo Guzmán y Juan García Abrego, quienes se dividen el país en sectores. Durante los sexenios de los expresidentes Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, la incidencia se centraba más en otro tipo de delitos y el narcotráfico se centraba en el trasiego hacia EU.
Durante el sexenio del expresidente Vicente Fox, los cárteles comienzan a mutar en una delincuencia organizada a nivel nacional y trasnacional, comienzan a expandir sus tentáculos y control, creándose nuevas facciones de cárteles que buscan dominar diferentes plazas, finalizando un sexenio sin pena ni gloria. Ante esto el expresidente Felipe Calderón declara la “Guerra contra el Narcotráfico” dando como resultado al final de ese sexenio, alrededor de 60 mil muertes. Durante el sexenio del expresidente Peña Nieto, se lanza el “Pacto por México”, en donde se lanzaron nuevas ofensivas esta vez más organizadas por las fuerzas militares y los tres órdenes de gobierno. Hoy a 18 meses de este nuevo gobierno se han registrado aproximadamente 53 mil 628 homicidios y eso que faltan cuatro años de este sexenio.
Ante la nueva división de los cárteles, surgen traiciones y ajustes de cuentas, por lo que cada cártel crea sus propios brazos armados quienes brindan la seguridad a los capos y sobornan a diversas autoridades policíacas o del poder judicial, quienes brindan protección para no ser capturados; y en caso de que hayan sido puestos a disposición ante los jueces, logren salir por violaciones al debido proceso o la mala integración de la carpeta de investigación al no poder establecer la trazabilidad correcta del control de la detención o incongruencias en los datos. En caso de que no logren cooptar a los funcionarios de alto nivel estos se convierten en blancos para ser eliminados.
En tiempos actuales los cárteles mexicanos han evolucionado en diversos delitos como: lavado de dinero, extorsiones, robo de hidrocarburos, trata de blancas, secuestros, homicidios (tortura, descuartizamiento, quema o disolución de cuerpos) etc. La periodista Anabel Hernández ha descrito en su libro cómo fue creado el modelo de negocio en su red de distribución y venta de estupefacientes a nivel nacional e internacional del cártel de Sinaloa.
Es importante considerar los factores que provocan el incremento tanto de la delincuencia como la violencia extrema. De esta manera los grupos paramilitares o brazos armados rivales, han comenzado a utilizar tácticas y técnicas de guerrilla, utilizando artefactos explosivos, carros-bomba, armas de uso exclusivo del ejército con potencia y poder de fuego, letales en contra de vehículos blindados. Así lo hemos observado en diversas entidades federativas (Tamaulipas, Nuevo León, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Jalisco y la CDMX) en contra de rivales y funcionarios públicos. Por eso es la exigencia de los ciudadanos que están indefensos ante esa ola de violencia extrema que caen en fuego cruzado o son víctimas del delito.
Cabe mencionar que las fallas comienzan desde quien emite la orden que habrá de cumplir el soldado, policía militar, marino, guardia nacional o policía municipal y estatal. La capacitación durante la ejecución de conductas tipificadas como delitos durante la flagrancia, persecución o investigación, requiere un mayor grado de especialización y práctica, para que se puedan integrar bien las carpetas de investigación y los fiscales logren ejercer la acción penal en contra de los delincuentes. Debemos tomar muy en cuenta que los Jueces NO investigan, ellos valoran los datos de prueba, dictámenes y testimoniales, así como los informes policiales homologados (IPH) y la argumentación de la teoría del delito, de otra manera seguirá funcionando la puerta giratoria para que salga el delincuente.
Ahora bien, ante tales fallas y la mutación de la delincuencia organizada y local que amenaza con agresiones en contra de la vida de nuestras autoridades ¿qué sucede con quien hace el papel de agentes aprehensores? Muchas veces realizan la detención en flagrancia, por denuncia anónima o ciudadana, pero tienen que pasar por el vía crucis del llenado del IPH y registros de custodia, mantener el control y resguardo de la integridad física del probable imputado, después realizar la puesta a disposición con la ratificación en sus declaraciones en la agencia del Ministerio Público, quien se hace cargo de hacerle del conocimiento al juez de control para que se programe la audiencia inicial, en donde se calificará la legalidad de la detención y se aporten los datos de prueba para que se continúe con las demás etapas del proceso o se finalice con la libertad del imputado.
Ahora cambia la situación, el problema es ¿quién defiende a ese soldado, marino o policía, que ahora recibe un requerimiento por parte de asuntos internos, o denuncia de derechos humanos en su contra?, ¿quién lo asesora o paga los servicios de un abogado?, la respuesta es NADIE. Se supone hizo algo en cumplimiento de una orden superior, un plan estratégico que desarrolló una institución. La realidad es que caen en un estado de indefensión que incluso ha costado la vida de militares que van a sus audiencias solos y al salir del juzgado no los vuelven a ver nunca o aparecen muertos en algún paraje. Quizás ése es uno de los tantos factores, (como el mando y liderazgo), que provocan la falta de resultados satisfactorios. ¿Quién va a querer arriesgar la estabilidad y el gasto para mantener a la familia?, no todos pueden gastar 6 millones mensuales de presupuesto para su manutención sin tocar su sueldo, la realidad es cruda pero así tenemos que sobrevivir.
Por último, es importante señalar que jamás se hubiera llegado a estos niveles de violencia e impunidad de haber atendido el problema en el momento en que se suscitaron las primeras muestras de violencia de guerrilla urbana por parte del crimen organizado. La realidad es que se abandonó a las corporaciones policiacas por parte de los políticos que ostentaban el poder. No podemos olvidar que la policía, al igual que al soldado y al marino, no se le toma en consideraciòn al tomar decisiones, se les cree inmunes a todo. Se piensa que con un sueldo miserable pueden sobrevivir y mantener familia, sus necesidades más básicas son simplemente ignoradas; de igual manera las ventajas que se tiene en el medio militar es que existe un servicio de carrera, distinto al medio policial, ya que quien ostenta los cargos de relevancia es de acuerdo al grado y el escalafón militar. Los cuerpos policiacos se encuentran plagados de políticos improvisados que son impuestos como directores de seguridad pública de municipios o estados. No conocen las necesidades del personal, lo ven como algo lejano y fuera de la realidad. Arriesgar la vida por $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.), como en muchos municipios del paìs, con armas viejas, descompuestas, chalecos defectuosos, cáducos e inexistentes, hace imposible cumplir con las obligaciones de seguridad para las que han sido contratados. Esto hace mucho más fácil la decisión de dedicarse a andar de corrupto en complicidad con el crimen organizado, ya que las recompensas, aunque falsas, parecen ser más reales que cumplir con una vocación de servicio, misma que no pone el pan en la mesa todas las noches.
Es ahora cuando nuevamente las Fuerzas Armadas han tenido que salir a cumplir con una misión más que es brindar seguridad pública a la ciudadanía. Esta no tan nueva misión, (ya que 14 años se ha hecho lo mismo) ahora tiene una diferencia, (sin entrar en las polémicas obvias): existe un marco jurídico que le da al personal militar la facultad de realizar dichas tareas. Aún así existen los críticos que no están de acuerdo.
Las Fuerzas Armadas de cualquier país no deberían tener que salir a las calles a defender a sus ciudadanos. Ver eso significa que estamos ante la última barrera de defensa que tenemos... como siempre, el militar será difamado, atacado, menospreciado y criticado en su trabajo por quienes reciben esa seguridad, siendo algo que el personal militar ya vive en su día a día; aunque es imposible acostumbrase a que se vanaglorie al delincuente, a que se le reconozcan derechos humanos de un delincuente y que cuando el soldado o marino se encuentra en esa situación es tratado como el peor de los criminales, sin oportunidad de defensa. La justicia militar es una justicia de mando y eso lo sabemos todos, aun así, y aun a pesar de eso, las Fuerzas Armadas siguen con el compromiso de cuidar y proteger al pueblo de México, aunque no sean valorados por su trabajo y sacrificio.