Como héroes salvadores de la educación aparecieron tanto el presidente de la República como sus secretarios de Educación y de Gobernación para pregonar que los exámenes de evaluación se llevarán a cabo a como dé lugar, así llueva o truene.
Dicen en discursos (yo digo demagógicos) que se transmiten por todos los medios de comunicación que con exámenes (así de fácil) se mejorará la educación en nuestro país para beneficio de millones de niños y jóvenes que reciben la educación básica y media superior en todo el país. Pero todo esto es falso.
En diversos lugares los directores de escuelas están formando listados al vapor para que los maestros se presenten a los exámenes para acatar la orden gubernamental. Todavía no se tienen lugares ni definido quiénes lo realizarán, pero la orden debe acatarse de inmediato. Hay mucha confusión porque ni siquiera se les están entregando de manera personalizada los avisos de presentación al examen.
En muchas partes hay confusión, pero también mucho enojo magisterial porque se les trata ante la opinión pública como si fueran delincuentes. Varios miles decidieron marchar en la capital del país y oponer la resistencia civil para buscar un diálogo para que se respetaran sus derechos laborales, pero la respuesta gubernamental a través de la Secretaría de Gobernación fue darles un portazo y la amenaza a toda resistencia. Sin embargo, su lucha no cesa.
En otros lugares del país miles de maestros han decidido presentar amparos contra los lineamientos que fijan los criterios para la aplicación de los exámenes porque no se les dan elementos mínimos de preparación. Dos jueces de distrito en materia federal, uno en Jalisco y otro en Michoacán han otorgado suspensiones provisionales (que son amparos provisionales mientras dura el juicio) para impedir que los docentes sean obligados a presentarse a realizar los exámenes ante el riesgo que se afecten sus derechos humanos previstos en la Constitución.
Otros maestros que han decidido presentarse a los exámenes de evaluación lo estarán haciendo “Bajo Protesta” presentando escritos ante la autoridad estatal en materia educativa en el que expresan no reconocer la legalidad de esta medida al ser contraria a tratados internacionales y a sus derechos humanos. Todo ello sin abandonar la organización, defensa legal y movilización como acción principal en su lucha.
La inconformidad magisterial permea en todo el país y por eso los gobernantes alzan la voz amenazante para buscar amainar el descontento que crece sin que lo puedan impedir.
Al no convencer con amenazas ahora usan la represión como método. Apenas un día después de terminado el proceso electoral se detuvo arbitrariamente al profesor Miguel Guerra Castillo dirigente del Consejo Magisterial Poblano y uno de los tres secretarios generales del CEND-SNTE de cometer supuestamente ataques a las vías de comunicación mientras realizaba una marcha de protesta el 14 de septiembre de 2013 con motivo de la reforma educativa.
Casi dos años después ejercen esta acción penal maquinada ahora que las protestas crecen. Todo para dejar una advertencia que quien se oponga a medidas gubernamentales enfrentará la cárcel.
Como venganza el gobierno estatal y federal, a pesar de las inconsistencias y contradicciones de las acusaciones en contra del maestro Guerra Castillo, el juez segundo de distrito en materia de procesos penales en el estado de Puebla le dictó auto de formal prisión, que ahora mientras sigue el proceso, lo hará en libertad provisional al pagar una fianza de 116 mil 140 pesos que tuvo que reunir con el apoyo de organizaciones sociales.
En Oaxaca se sabe de la aprehensión arbitraria de 25 personas con el fin de pretender detener la movilización magisterial masiva en contra la reforma educativa.
A pesar de estos actos represivos, las autoridades no dan explicación alguna en sus discursos recalcitrantes del por qué todos los exámenes que pretenden aplicar son iguales, sin distinguir nivel académico, años laborados, especialización o lugares de trabajo, muchos de ellos con grandes carencias económicas y de comunicación.
Con los exámenes, el gobierno federal pretende sustituir políticas de mejora nacional educativa con simples mediciones de conocimientos de información no contempladas en los planes de estudio. Lo hace con amenazas, desacreditando al magisterio y estableciendo sanciones imparciales y sin defensa en contra de ellos.
No dicen esos altos funcionarios que el gobierno federal ha ignorado la preparación constante de los docentes y la incorporación de éstos para la mejora de los proyectos de educación.
Es la evaluación de los docentes no una política en materia educativa sino una campaña propagandista gubernamental para aparentar que el gobierno federal se ocupa de mejorar la infraestructura escolar y el nivel académico de los docentes. Pero todo es una falsedad que pronto se ira develando al quedar en descubierto el abandono gubernamental en el sistema escolarizado obligatorio.
Quedará en evidencia que esos desplantes amenazantes son únicamente posturas demagógicas que esconden la incapacidad gubernamental; esa visión corta que da el autoritarismo estatal.
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