Cada vez está resultando más extraño el debate sobre el presunto recorte en el presupuesto federal destinado a la ciudad de México y en particular a la administración que encabeza el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.
Con el lenguaje propio de lo políticamente correcto, el nuevo secretario de Hacienda, José Antonio Meade, ha dicho mentiroso a Mancera y su equipo, quienes alegan daños a los ingresos e inversiones de que dispondrá la capital del país a raíz de los ajustes decretados en el gasto de la administración Peña Nieto.
En los planteamientos hechos por Meade ante el Congreso, pero en particular en los documentos entregados a las cámaras por Hacienda mismo en alusión al presupuesto, sus orígenes y destino, se advierte que la ciudad de México no sólo no sufrirá recortes en sus ingresos globales vía la Federación, sino que podría disfrutar de entre 9 mil y 18 mil millones de pesos por encima de lo obtenido el año anterior de 2015.
La diferencia entre ambas partidas estriba en si se considera o no beneficio directo para la ciudad la construcción del tren rápido a Toluca, que partirá de la zona de Observatorio, el mismo sitio que ahora escenifica a todas horas un caos vehicular que colapsa el poniente de la capital y atrae a actores diversos del deterioro social, como asaltantes, tratante de personas y asentamientos irregulares, debido a los diversos negocios, lícitos e ilícitos, que tienen actualmente como motor la terminal de autobuses en esa misma área.
Desde el momento en que el presupuesto federal fue presentado por Meade en San Lázaro, Mancera lanzó un reclamo aduciendo que se había dejado sin recursos el Fondo de Capitalidad, un ente impulsado por el propio jefe de Gobierno dentro de las discusiones de la reforma política que dio paso a una Constitución capitalina, entre varias innovaciones para la vida en la ciudad.
Por error de sus asesores o por un cálculo político, Mancera no aludió a otras partidas del presupuesto que beneficiaban a la ciudad. Habló incluso de impacto en el presupuesto del Metro, lo que no está del todo claro hasta ahora. El funcionario capitalino recurrió a un viejo cliché, al parafrasear el poema de Mario Benedetti y preguntarle a Meade por medio de la prensa: “¿De qué se ríe?”.
Apenas unos días después de su crítica, los papeles parecían haber dado la vuelta, pues Mancera y Meade protagonizaban un encuentro que a juzgar por las imágenes difundidas por la televisión y los periódicos, fue muy cordial pues ambos aparecen muy sonrientes. El jefe de Gobierno acudió acompañado por líderes del PRD en el Congreso federal y por la dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales.
Barrales fue impulsada a su actual posición por Mancera mismo, quien así hizo sentir su peso en un partido en el que no milita y en el que aspira apoyarse para lograr su candidatura presidencial en el 2018; aun más, él ha hecho las veces de vocero perredista al declarar que el partido del sol azteca no buscará una alianza con otras agrupaciones en los próximos comicios para suceder al presidente Peña Nieto.
El encuentro de las sonrisas parecía haber sellado un acuerdo entre Mancera y la administración federal, por la vía de un Meade que se presentó conciliador y cuidadoso de las formas.
Todo ello coincide con el patrón emprendido por el gobierno federal con respecto a Mancera desde inicios del sexenio: un virtual pacto de no agresión del jefe de Gobierno y el presidente de la República, que se extiende a todo el gabinete federal, cuyos integrantes tienen indicaciones de no emprender ninguna acción que incomode a Mancera, mucho menos usar operadores políticos para minar la preeminencia del PRD en la ciudad.
Lo que vino después entró ya en el campo de la esquizofrenia política: unas horas después del encuentro en el que ella misma lucía casi eufórica en presencia del secretario Meade, la señora Barrales convocó a una movilización sobre Paseo de la Reforma de la militancia perredista y sus grupos de influencia en la zona metropolitana, para “protestar” por los recortes presupuestales decretados por el gobierno Peña Nieto.
Debe entenderse que tal recurso fue dispuesto por Mancera y operado por Barrales, sea para presionar la liberación de recursos etiquetado para proyectos clientelares del gobierno de la ciudad, sea para lanzar la señal de que ahora sí, por fin, Mancera ha determinado plantarle cara a Peña Nieto, como se viene esperando de un personaje que tenía reservado el rol de polo opositor por parte de la izquierda.
La duda se ahonda sobre las estrategias y el margen de maniobra que puede ofrecer Alejandra Barrales, hasta ahora la aspirante más visible del PRD para buscar ser la próxima jefa de Gobierno en la ciudad, posibilidad que por ahora luce cuesta arriba ante el predominio exhibido por Morena en las dos más recientes elecciones locales, la de jefes delegacionales y diputados federales en 2015, y la de diputados constituyentes de este 2016.
Barrales deberá asumir los costos políticos internos y externos a su partido que le pueda atraer la celebración de la referida marcha, hecho que llamó doblemente la atención por la apatía mostrada en los años recientes por el PRD en la ciudad, cuyo liderazgo está sometido a Héctor Serrano, el operador político más obscuro de Mancera.