Ese es el título de Gabriel Zucman, el tesista de doctorado de Thomas Piketty, que se propuso conocer y calcular los montos que se transfieren a los paraísos fiscales en el mundo. Un objetivo de Zucman es en realidad proponer un sistema de registro global de depósitos, que eventualmente permitirá gravar a las grandes fortunas, independientemente de donde se generen y depositen. El otro es mostrar cómo las personas de muy altos ingresos pueden evitar o eludir el pago de impuestos, gracias a que existen pequeños países dispuestos a servir de refugio de fortunas. Zucman estima que alrededor de 7.6 trillones de dólares están depositados en fondos productivos en este tipo de naciones. Varios autores afirman que dicho cálculo es bastante conservador, ya que no se contabilizan activos que no generan rendimientos directos, como obras de arte, yates o acciones de control de compañías. El autor estima que cerca del 80% de los depósitos en cuestión, provienen de fuentes ilegales o buscan evadir impuestos.
El permisivo régimen en los paraísos fiscales tiene costos importantes para las haciendas públicas del resto de las naciones. Zucman calcula que América Latina pierde alrededor de 21 billones de dólares de ingresos fiscales cada año, los ciudadanos de esa región poseen el 22% de los depósitos en los paraísos. Considerando lo anterior, y haciendo un cálculo seguramente poco preciso, podríamos estimar que México pierde aproximadamente entre un punto y un punto y medio del producto nacional.
Es algo poco menor a lo recaudado por la reciente reforma fiscal. Es decir una parte considerable de la riqueza nacional no contribuye al financiamiento público gracias a ese tipo de regímenes. Además, si una persona, como el señor Hinojosa, dueño de HIGA, se las ingenia para sacar del país 17 mmdp, estos no son reinvertidos en el país, por lo que se pierden recursos que podrían financiar actividades que generen crecimiento económico del país. El origen ilegal o la intención de evadir impuestos de dichas ganancias, es probable cuando estos recursos solamente le va a generar un rendimiento de 5% y la operación se realiza por medio de una donación a familiares de edad avanzada.
El uso de refugios fiscales no es una práctica legítima que deba ser tolerada en la economía global. Es una forma de acrecentar la brecha de desigualdad entre los millonarios que pagan tasas efectivas de impuestos muy bajas y otros sectores de la población que enfrentan las tasas impositivas normales. Es una manera de evitar políticas fiscales que buscan establecer altas tasas a las personas de altos ingresos y a las transacciones de activos de alto valor. Se trata también de un mecanismo que facilita en buena media y promueve las actividades del crimen organizado, que puede lavar y guardar dinero en sus bancos, y la corrupción que se genera en las esferas gubernamentales.
Los paraísos fiscales no contribuyen a que la economía global sea más eficiente o productiva, tampoco son necesarios para el mejor funcionamiento del sistema financiero global. Por el contrario, como señala Zucman, en casos como el de Chipre, en realidad contribuyeron a la crisis financiera global.
Eliminar los paraísos fiscales es una meta que se ha propuesto lo mismo la OCDE que el gobierno de los Estados Unidos. Se tiene que avanzar en acuerdos de intercambio de información y en establecer mejores prácticas. Sin embargo, el monto de las transferencias a los paraísos fiscales se han incrementado a raíz de la crisis financiera global. Incluso es probable que los controles internos que se han establecido en Estados Unidos también han ahuyentado los capitales a los paraísos. No obstante es mucho lo que se puede hacer.
Estados Unidos podría presionar Puerto Rico, su estado asociado, para evitar ese tipo de prácticas. La Unión Europea podría controlar a Luxemburgo, un país comunitario y presionar a Suiza, para cambiar de manera radical sus prácticas. Reino Unido podría hacer lo mismo a los territorios caribeños en los que mantiene cierto tipo de soberanía. La comunidad internacional podría sancionar con restricciones al comercio a países como Singapur o Panamá.
Sin embargo, la principal solución sería establecer un mecanismo global para registrar todas las transacciones financieras y compartir la información con el resto de las autoridades fiscales y financieras del mundo. Eso permitirá gravar a las corporaciones y a las personas independientemente del lugar en el que registren sus ingresos. Los impuestos se asignarían a los países en los que las ganancias se generaron en proporción al valor que se generó en cada uno de ellos. Eso con la finalidad de que se elimine la posibilidad de manipular los precios de transferencia entre corporaciones alrededor de los países para reducir el pago de impuestos. Eso ayudaría a limitar la capacidad de lavado de dinero de criminales y funcionarios públicos corruptos. Podría también permitir que se gravara con una tasa especial a los individuos que acumulan grandes fortunas, el uno por ciento de la población que posee buena parte de la riqueza del planeta. Recordemos que 62 personas poseen la misma riqueza que las 3.6 mil personas más ricas del mundo.