Opinión

La encrucijada de Gertz Manero

Gertz Manero se halla en la encrucijada de dar por muerto el caso, o reclasificar los delitos de los que se acusa a Lozoya, Peña Nieto y Videgaray. | Roberto Rock

  • 13/08/2020
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“Cuando yo inicio cualquier procedimiento checo dos cosas: la personalidad (legal) del denunciante y la prescripción del delito”, declaraba apenas ayer durante un foro en el Colegio de México, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. “Se ha hablado mucho de la prescripción de los delitos electorales (pero) tenemos la certeza de que no hay prescripción…”, diría también.

Casi al mismo tiempo, el director general de Averiguaciones Previas de la propia Fiscalía General de la República (FGR), Gerardo García Marroquín, notificaba a diversas partes implicadas en el caso Emilio Lozoya que deben considerarse prescritos los delitos electorales atribuidos al propio ex director de Pemex, al expresidente Peña Nieto y al entonces coordinador de las finanzas del PRI durante la campaña presidencial del 2011-2012, Luis Videgaray.

Traducido al castellano, con ello se desplomó la posibilidad de llevar ante la justicia a los tres citados personajes bajo la acusación de haber utilizado sobornos de la empresa brasileña Odebrecht para financiar la campaña de Peña Nieto. También se debilita claramente, si no es que se desvanece, el principal señalamiento en contra del exmandatario.

Por la mañana de este mismo miércoles, el presidente López Obrador declaró su certidumbre de que tanto Peña Nieto como su antecesor, Felipe Calderón, tendrán que ser citados por el Ministerio Público Federal para responder a las imputaciones que les han enderezado. Al último de ellos, por supuestamente haber autorizado que Pemex dotara de materia prima (gas etano) a precios por debajo del mercado a la planta Etileno XXI en Veracruz, propiedad de una compañía filial de Odebrecht. Un proyecto que inició en el 2011 y fue respaldado ya bajo la administración de Peña Nieto.

Aún está por definirse si la ley puede alcanzar a Calderón tras casi 10 años de esos hechos, o si el presunto delito prescribió igualmente. De lo que no hay duda es de que el presidente López Obrador verá tambalearse el entramado que seguramente le ofrecieron cuando la justicia mexicana decidió negociar con Lozoya Austin un trato sedoso, tal como lo disfrutado desde que nació.

Resulta escandaloso el antecedente, tanto si Gertz no sabía de la resolución que se tomaría, como si tenía conocimiento de ella y aun así hizo las declaraciones consignadas al inicio de esta columna. 

Desde luego, el fiscal general puede impugnar la postura de su colaborador, incluso proceder penalmente en su contra. Denunciarlo ante la fiscalía de delitos federales de la propia FGR y pedir una auditoría del expediente para determinar si se procedió con venalidad. Suena cuesta arriba que ello ocurra. 

La otra hipótesis es aún más inquietante: el citado funcionario de la FGR, García Marroquín, es cuñado del coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, que ha demostrado reiteradamente que promueve su propia agenda. ¿Es posible imaginar que un flanco del gobierno AMLO esté trabajando para dar un escarmiento histórico en la persona de dos expresidentes, y otra facción de la 4T se haya conjurado para desbarrancar esa posibilidad utilizando como peón a un incondicional de Monreal?

De toda suerte, Gertz Manero se halla en la encrucijada de dar por muerto este caso, o presentar ante la opinión pública y López Obrador un acto de magia y, por ejemplo, reclasificar los delitos de los que se acusa a Lozoya, Peña Nieto y Videgaray para mantener sobre ellos el amago de un juicio de grandes vuelos y el riesgo de cárcel al final del camino. 

Otra opción es virar igualmente la estrategia jurídica que parecía ya asomarse para el manejo del caso ligado con la compra irregular de la planta Agro Nitrogenados, para lo cual la FGR lucía dispuesta a darse por satisfecha si la familia Lozoya Austin aceptaba la extinción de dominio sobre dos de sus mansiones, que pasarían a manos del gobierno, y la empresa AHMSA, que recibió 247 millones de dólares por su planta chatarra devolvía al menos 200 de ellos al erario federal. 

De ocurrir ello, solo nos restaría acudir al espectáculo menor que consistirá en los dichos de Lozoya de que le fue ordenado sobornar a legisladores y dirigentes de partidos de oposición a Morena (en especial PAN y PRI) para aprobar las llamadas reformas estructurales. Todo, al parecer declaró Lozoya en su denuncia, por órdenes de Peña Nieto y de Luis Videgaray.

Según el mencionado Gertz Manero, Lozoya cuenta con recibos por el dinero entregado, pero es difícil imaginar a cualquiera de los políticos a los que se ha mencionado estampando en un papel su nombre y firma. Se ha dicho que alguno de ellos aparece en un video mientras se enfunda fajos de billetes en los bolsillos. ¿Será buena idea difundir tal video, con quien sea, bajo el riesgo de que se nos refresque la memoria de una escena idéntica donde el actor principal fue el profesor René Bejarano, “El señor de las ligas”?

Queda, por último, claro, el recurso de dirigir los misiles de este acto de purificación republicana hacia el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el numeroso grupo de colaboradores que aparecen en un listado ya difundido en el que se les imputan desvíos en el manejo de un presupuesto de 40 mil millones de pesos en la Policía Federal. Se trata de una historia que merece un nuevo Informe Confidencial.

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