Opinión

La encrucijada actual de la CNDH

Poner a las personas al centro. | Norma Lorena Loeza Cortés*

  • 24/11/2019
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Para quienes, a lo largo de las casi tres décadas recientes, nos hemos dedicado profesional, activa o académicamente a la promoción, defensa y garantía de los derechos humanos en nuestro país, la palabra “crisis” no es nueva y lamentablemente, tampoco sorprendente.

La teoría y puesta en práctica de los derechos humanos en México, siempre ha sido una agenda postergada que nunca ha ocupado el nivel de centralidad que le permitiría al Estado Mexicano cumplir a cabalidad con los compromisos de los que es responsable, tanto en las legislaciones nacionales como con los instrumentos y mecanismos regionales e internacionales a los que se ha adherido.

Creada en 1999 durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, mediante un Decreto que la institucionalizaba de inicio como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, la comisión ha transitado por diferentes etapas en su proceso de consolidación.

En 1992 una Reforma Constitucional le otorga la naturaleza jurídica de Organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios. Con esta acción también se inicia la creación de un Sistema Nacional No Jurisdiccional de los Derechos Humanos en nuestro país.

En todo el tiempo posterior a su creación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha sido un actor fundamental en el tema, aunque también con diferentes claroscuros en la obtención de resultados efectivos.

A lo largo de su historia, la CNDH ha sido presidida por 6 personas hasta noviembre de 2019. Con luces y sombras, ninguna de las gestiones de cada uno de ellos y ella han estado exentas de críticas y señalamientos relativos a su falta de autonomía y objetividad, a la ausencia de seguimiento efectivo a las recomendaciones emitidas para que las instituciones atiendan y reparen violaciones y/o abusos que hayan cometido, a la incapacidad de proponer y/o apoyar la creación de leyes y/o políticas necesarias para eliminar prácticas violatorias y al lento avance en consolidar un sistema efectivo de protección, promoción y defensa ante las violaciones cometidas por el Estado.

Sin embargo, también habría que reconocer el trabajo que en todos estos años ha permitido articular otros avances significativos, como la Reforma Constitucional de 2011, que elevaba al rango de obligaciones constitucionales del Estado la promoción, garantía, protección y respeto de los derechos humanos y en donde la CNDH jugó un papel clave para hacerla realidad. También es de resaltar el trabajo realizado desde su creación que ha permitido documentar, investigar, capacitar y promover una cultura de derechos humanos en México. Y, finalmente, el de crear un sistema de profesionalización de personal de carrera que permite contar en la actualidad con personal especializado en la materia para el desarrollo e implementación de sus mandatos esenciales.

La actual controversia que rodea la elección de la Mtra. Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la CNDH para el periodo 2019-2024, pone sobre la mesa este balance pero también apunta a la necesidad de que una institución como la CNDH esté por encima de prácticas opacas y poco transparentes que comprometan su carácter autónomo, objetivo e independiente.

De todas las maneras en que la sociedad civil, colectivos, víctimas, activistas e instituciones pueden aportar al mejoramiento de una institución como la Comisión, definitivamente la de contar con procesos confiables y el fortalecimiento de la legalidad y legitimidad dentro de su vida institucional, debería estar al inicio de una larga y escrupulosa lista.

Resulta muy preocupante que en este momento en particular, donde existe una crisis severa en materia de derechos humanos en nuestro país, y justo cuando se necesita de una comisión sólida que coloque a las personas y a las víctimas al centro, existan señalamientos acerca de las irregularidades en el proceso de sucesión de la presidencia de la CNDH.

México es ahora un país en donde las necesidades que se avizoran en la construcción de una cultura de derechos humanos también pasan por las formas y procedimientos, y es claro que en el proceso de selección de la nueva presidenta, hay mucho todavía por transparentar.

Si bien la Mtra. Rosario Piedra Ibarra tiene una trayectoria conocida, destacada, histórica, en favor de las familias que vivieron en carne propia las desapariciones forzadas de uno del más oscuros periodos de la guerra sucia en nuestro país, es claro que se necesitará más que eso para atender la realidad compleja que se vive actualmente en el país.

Es por ello que me parece que resulta muy claro, en cualquier análisis que se haga al respecto de este delicado momento, que la CNDH enfrenta una profunda encrucijada: por un lado, la necesidad –y expectativa– de que la nueva presidenta aporte un enfoque diferente en la atención a las víctimas, tomando en cuenta su propia experiencia en el tema. Por otra, la de fortalecer a una comisión que no ha jugado en todos estos años un papel efectivo y estratégico –como correspondería a su mandato– en consolidar un sistema de defensa y protección de derechos humanos, en donde las personas y las víctimas estén al frente.

Y si de hablar de personas se trata, también es importante reconocer que las instituciones se construyen en función no solo de sus titulares, sino del personal que brinda los servicios, que hace propuestas, que capacita, que investiga. En eso, la CNDH también debería poner la mayor atención, impulso y reconocimiento a quienes han mantenido a la institución viva y funcionando, a pesar de los diferentes vaivenes políticos.

Es momento entonces de aprovechar las fortalezas, de construir legitimidad con hechos y resultados, de impulsar una agenda incluyente y multiactor que escuche a todas las voces, que atienda las propuestas, que salga de este penoso bache fortalecida y más cercana a las personas. Esa es la esperanza.

*Norma Lorena Loeza Cortés

Educadora, socióloga, latinoamericanista y cinéfila. Orgullosamente normalista y egresada de la Facultad de Ciencias Políticas sociales de la UNAM. Obtuvo la Medalla Alfonso Caso al mérito universitario en el 2002. Fue becaria en el Instituto Mora. Ha colaborado en la sociedad civil como investigadora y activista, y en el gobierno de la Ciudad de México en temas de derechos humanos análisis de políticas y presupuestos públicos y no discriminación, actualmente es consultora. Escribe de cine, toma fotos y sigue esperando algo más aterrador que el Exorcista.