2018 fue el año más violento del que se tenga registro. Desafortunadamente, se dijo lo mismo de 2017. Un año más de máximos históricos en homicidios, crimen y violencia; un año más de impunidad y de justicia que no llega. Un año más de perseguir una paz que parece aún lejana.
Pero ¿qué hemos aprendido a 13 años de iniciada la Guerra contra las drogas en México? ¿Sabemos más, comprendemos mejor las violencias y su evolución a lo largo de estos años? ¿Contamos con mejores políticas públicas implementadas por nuestras autoridades? ¿Qué objetivos se han logrado?
Después de cientos de miles de vidas perdidas, de incontables crímenes sin castigo y miles de millones de pesos gastados, las respuestas a estas preguntas no parecen ser alentadoras.
De acuerdo con el Índice de Paz México (IPM), elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), el nivel de paz en nuestro país se deterioró 5% en 2018. Esta caída se debió principalmente al incremento de los homicidios en 14%, llegando a una tasa de 27 homicidios por cada 100 mil habitantes, el nivel más alto registrado. Aunque pueda parecer obvio, es importante considerar que este incremento se suma al máximo histórico anterior alcanzado en 2017.
Durante 2018, el 69% de los homicidios fueron cometidos con un arma de fuego, dato que refleja buena parte del problema, y obliga a preguntar si realmente una mayor disponibilidad de armas de fuego entre la población reducirá la violencia. La evidencia internacional indica que no.
Otro aspecto que destaca es el alto nivel de violencia política observado en México. De acuerdo con los datos publicados por Etellekt Consultores, entre septiembre de 2017 y agosto de 2018 se registraron 850 agresiones en contra de actores políticos, de los cuales 75% pertenecían al ámbito municipal y 81% formaban parte de algún partido opositor. Los estados con mayor número de asesinatos políticos registrados fueron Guerrero y Oaxaca, con 32 y 29 respectivamente.
En el rubro de impacto económico de la violencia, la estimación del IEP asciende a 5.16 billones de pesos o 24% del PIB. Sin embargo, al analizar los montos invertidos por el gobierno federal en el fortalecimiento de los sistemas de seguridad y de justicia, estas cifras resultan muy bajas, sobre todo si se comparan con el resto de los países de la OCDE que, a pesar de no tener problemas tan graves de violencia, invierten en promedio el doble que México (como porcentaje del PIB).
El hecho de que la violencia sea altamente costosa no significa que los recursos se gastan o invierten de la mejor manera, sino al contrario: cuando las instituciones y los gobiernos solo reaccionan frente a la violencia tratando de contener sus efectos, la ejecución de los presupuestos públicos es poco estratégica y poco efectiva. El IPM recomienda mejorar tanto las capacidades institucionales como las capacidades humanas dentro del sistema de justicia mexicano. Es decir, que para mejorar la eficacia de las instituciones a cargo de la seguridad y la justicia, no solo es necesario invertir más sino invertir mejor.
Al analizar los diversos tipos de violencia y su impacto, se concluye que diversos crímenes afectan de manera distinta a ciertas poblaciones. Así, aproximadamente 90% de las víctimas de homicidio fueron hombres, y un tercio de las víctimas fueron jóvenes (entre 15 y 29 años). De hecho, la tasa de homicidios de jóvenes fue 42% más alta que la tasa de homicidios para la población en general.
Por otra parte, la ENDIREH[1] reporta que más de 41% de las mujeres han padecido algún episodio de violencia sexual a lo largo de su vida, y 25.6% de las mujeres encuestadas sufrieron algún tipo de violencia por parte de su pareja. En cuanto al delito de trata, 71% de las víctimas fueron mujeres o niñas, y 40% fueron menores de edad.
La ENVIPE 2018[2] muestra que el 85% de los delitos en México fueron cometidos por un hombre o un grupo de hombres.
A pesar de contar con estos datos, existe poca información acerca de las dinámicas y ambientes en los cuales suceden las violencias. Para contener y prevenir las diversas modalidades de crimen y violencia, es fundamental contar con más y mejores datos sobre las víctimas (de las cuales se sabe poco), así como información sobre los victimarios (de quienes se sabe aún menos).
A trece años de esta profunda crisis, es difícil vislumbrar cuáles serán los efectos sociales de la violencia en el largo plazo: ¿qué clase de ciudadanos serán los huérfanos de la violencia de hoy? ¿cómo se reconfigurarán las familias de los miles de viudas y madres que buscan a sus hijos? o ¿cuáles serán los efectos sociodemográficos del altísimo número de personas desplazadas?
Ante tal panorama, resulta clara la urgente necesidad de comprender el fenómeno de violencia a mayor profundidad, para aspirar entonces a la construcción de sociedades más pacíficas, que mantengan condiciones de paz en el largo plazo.
A través de su investigación global, el Instituto para la Economía y la Paz propone un marco conceptual denominado Ocho Pilares de Paz Positiva, que identifica los factores que impulsan la paz y la resiliencia de una comunidad de manera sostenible. Los pilares interactúan y se afectan mutuamente, operando como un sistema complejo. En el caso de México los pilares más débiles son Bajos niveles de corrupción, Buen funcionamiento de gobierno, y Libre flujo de información[3], factores cuyo fortalecimiento podría revertir algunos de los ciclos nocivos que obstruyen la paz desde hace décadas.
El Índice de Paz México se publica desde hace seis años. Sin embargo, esta es la primera vez durante ese periodo, que el contexto político del país presenta una verdadera oportunidad de transformar de fondo la política pública de paz y seguridad.
El cambio de sexenio y las condiciones bajo las cuáles ha sucedido; la apabullante elección y la legitimidad sin precedentes que lleva implícita; así como los dos sexenios anteriores que ofrecen múltiples lecciones y aprendizajes, representan la gran oportunidad de replantear las estrategias implementadas durante más de una década.
Estamos frente a la posibilidad de transversalizar la paz en todos los ámbitos públicos y privados, de construir agendas amplias y colectivas que trasciendan los esfuerzos e intereses individuales, de adecuar los programas escolares a las necesidades del país y, sobre todo, de escucharnos y colaborar.
La construcción de la paz requiere de la decidida y permanente participación de todos los actores sociales, incluso si estos no están completamente de acuerdo. Después de haber perdido tanto, es momento de rescatar los aprendizajes y no repetir errores, el momento histórico de México nos convoca urgentemente a todos. Ojalá que no desaprovechemos la oportunidad.
*Carlos Juárez Cruz.
Es director en México del Institute for Economics and Peace.
El reporte completo puede ser consultado en www.indicedepazmexico.org y www.economicsandpeace.org.