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La elección de un juez en medio de la política

Hasta ahora la administración de Obama solamente ha intervenido en la designación de dos juezas de la Suprema Corte.

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Escrito en OPINIÓN el

Recién en febrero pasado falleció Antonin Scalia, un juez con una gran relevancia y renombre dentro y fuera de la Suprema Corte de su país, y bien conocido por su visión textualista y conservadora del Derecho y de la Constitución estadounidense.

 

En plena efervescencia política entre republicanos y demócratas, el Presidente Barack Obama anunció que propondría al Senado norteamericano la aprobación de un juez (Justice) para ocupar el espacio que Scalia dejó vacante en la Suprema Corte.

 

Desde el surgimiento de los Estados Unidos de América, la Suprema Corte de ese país ha tenido un rol decisivo y definitorio en la política pública, y en la lectura que debe darse a los contenidos de la Constitución. Para entender la relevancia del rol de los jueces en nuestro vecino del norte, vale la pena tener presente que en el sistema legal norteamericano, al igual que en otros de inspiración anglosajona, los jueces gozan de un especial reconocimiento, respeto y autoridad por encima de cualquier otra figura pública.

 

Esa autoridad y reconocimiento a la figura judicial en el pensamiento norteamericano le ha dado a la Suprema Corte un papel central en la vida social, económica y política de los Estados Unidos.

 

De ahí que históricamente, tanto republicanos como demócratas hayan puesto especial atención en los perfiles de quienes integran ese órgano jurisdiccional, ya que si bien el propio Ejecutivo y los órganos legislativos pueden aprobar cualquier cantidad de disposiciones vinculantes para los ciudadanos, son los tribunales a los que les corresponde definir la interpretación y alcance de esas disposiciones legales, y en su caso si éstas deben subsistir en el sistema legal.

 

La oposición republicana

 

Previo a que Obama anunciara a su candidato para la Suprema Corte, un grupo importante de republicanos se había pronunciado por no permitir que el Presidente actual de los Estados Unidos nombrara un nuevo “Justice” para ese órgano máximo. 

 

Las razones que se han externado públicamente por los republicanos hacen referencia a que ese nombramiento le debería corresponder al próximo Presidente de los Estados Unidos, ya que el actual ha propuesto a suficientes integrantes para ese tribunal.

 

En realidad, hasta ahora la administración de Obama solamente ha intervenido en la designación de dos juezas de la Suprema Corte: Sonia Sotomayor y Elena Keagan. Sin embargo, en otras épocas algunos Presidentes estadounidenses, como George Washington o Frankling D. Roosevelt designaron a prácticamente todos los integrantes de la Corte. Incluso más recientemente, Ronald Reagan, un Presidente de origen republicano, llegó a designar durante los años ochenta hasta cuatro integrantes de la Suprema Corte.

 

El problema principal con la propuesta de Obama es evidentemente político. Tanto republicanos como demócratas tienen interés en que el máximo tribunal de ese país esté integrado por personas que compartan su visión, valores y entendimiento del alcance de los derechos y las políticas públicas estadounidenses.

 

La Suprema Corte se integra por nueve jueces que deciden procesos en los que están involucrados diplomáticos y miembros del gabinete, revisa las decisiones de algunos jueces norteamericanos, y funge como órgano de última instancia, estableciendo criterios obligatorios para todos los demás tribunales en ese país.

 

Hasta antes de muerte de Scalia, la Corte se integraba por una mayoría de jueces con un perfil conservador, y cuatro de ellos con un corte más liberal. Por esa razón, se considera que el próximo juez que se designe en la Suprema Corte podría definir la balanza para uno u otro lado, y ello representaría una victoria ya sea para los republicanos o para los conservadores.

 

En esa disputa, los republicanos apuestan fuerte a ganar el próximo 8 de noviembre la elección presidencial, y así asegurarse el contar con una Corte que comparta su visión política. Por eso tiene sentido, la oposición a cualquier propuesta que venga del Presidente Obama.

 

La historia de los jueces

 

Como ya se dijo, el nombramiento de un juez en los Estados Unidos tiene una gran relevancia y en particular si se trata de alguien que integrará la Suprema Corte. Por esa razón, en todos los casos, el Presidente en turno anuncia públicamente que ejercerá esta facultad, y presenta a los medios de comunicación y a la sociedad norteamericana a su candidato.

 

La presentación pública de un candidato a la Suprema Corte más que una revisión de sus credenciales académicas y profesionales es un recuento de su vida. Los norteamericanos tienen interés en conocer el carácter y perfil de su candidato, al igual que sus méritos académicos y profesionales.

 

El miércoles pasado, Obama no solamente habló de las tres décadas de Merrick Garland en el Poder Judicial y sus antecedentes como Procurador y abogado corporativo. Durante la conferencia en la Casa Blanca se resaltó el origen judío de la familia de Garland, el oficio de comerciante del padre, y los servicios como voluntaria de su madre. Obama mencionó que Garland aprendió el valor del trabajo con sus padres, que nunca perdió el contacto con su comunidad, y que siempre ha destacado como juez y abogado. En su rol de Procurador, Garland llevó ante la justicia a Timothy McVeigh y a Terry Nichols, principales responsables de los atentados que sucedieron en 1995 en la ciudad de Oklahoma.

 

Independientemente de lo “aderezado” o “adornado” que se pueda presentar la vida de un candidato a la Suprema Corte,  esa “historia oficial” le da una mejor idea a los norteamericanos de quién es verdaderamente la persona, qué es lo que ha hecho para llegar a ese espacio, y sobre todo cómo se espera que tome sus determinaciones.

 

En México no existe ningún acto oficial público ni privado de presentación con esas características, los ministros de la Corte mexicana son escogidos por el Senado de una terna que envía el Presidente, sin mayor explicación más que cumplen con los requisitos formales que establece la Constitución. La información oficial disponible sobre los actuales ministros se concreta en presentar su historial académico y laboral, además de las publicaciones que han realizado.

 

El perfil de un ministro de la Suprema Corte en México se concreta en la información que reúnen los medios de comunicación y que hacen pública desde el proceso de designación. En realidad los mexicanos sabemos muy poco no solamente de quienes integran la Suprema Corte, sino de todos los demás altos funcionarios que conforman el Gabinete presidencial, y ni se diga del Poder Legislativo.

 

La transparencia y la rendición de cuentas en México debería empezar por conocer los perfiles de quienes toman las decisiones en nuestro nombre o que nos pueden afectar en la vida diaria. La información pública sobre los servidores públicos en México es en realidad una caja de cristal pero con vidrios polarizados. Recién la muy comentada iniciativa ciudadana 3 de 3, propone además de las declaraciones patrimoniales y de impuestos, una declaración de posibles conflictos de interés.

 

A los mexicanos no solamente nos debiera interesar la situación patrimonial y fiscal de los servidores públicos, sino también su perfil biográfico. Para anticipar verdaderamente un posible conflicto de interés en un servidor público, no basta con que éste llene un formulario, sino que también es necesario conocer su historia personal. Tan es así, que el propio gobierno mexicano a través de sus aparatos de inteligencia se ha ocupado durante décadas, entre otras cosas, de investigar los perfiles de sus ciudadanos y de sus propios funcionarios.

 

@pacozorrilla

@OpinionLSR