Opinión

La Distancia

La Sedena ha encabezado, penosamente, la lista de las dependencias con más quejas y denuncias por violaciones a los derechos humanos.

  • 03/03/2015
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1.- El Ejército Mexicano, más bien sus mandos, se sienten dolidos y separados del pueblo del que emanan. Su comandante en jefe, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, habla de argucias, de complots impronunciables para distanciar a los militares de la sociedad a la que protegen, respetan y cuidan como parte de sus misiones.

 

2.- Cienfuegos, como su antecesores, no pudo evitar la recurrencia al viejo y desgastado discurso de Estado, que siempre ha querido mezclar (para luego blindar) el origen de las fuerzas armadas con la presencia del “pueblo” en sus filas (¿indígena, campesino, rural originario de… autóctono, moreno, mestizo, urbano, desempleado, expulsado del campo, semi rural, semi urbano, ?), pueblo al que en momentos clave de la historia del país ha reprimido ferozmente.

 

3.- El general usó un recurso manoseado por otros secretarios de la Defensa como Guillermo Galván o Clemente Vega o Enrique Cervantes Aguirre, quienes, en contextos específicos, claro, pero que finalmente hablaban de presiones, de intentonas sectarias para alejar a los militares del multicitado, llevado y traído pueblo.

 

4.- Esta moda de invocar esta áspera relación entre civiles (del pueblo) y militares cuando el presidente en turno y su equipo de gobierno son sacudidos por episodios de inestabilidad que no pueden ser explicados como torpezas, excesos, omisiones, pésimas lecturas de la realidad y peor toma de decisiones políticas, sino como el resultado de conspiraciones para descarrilar los logros de mandatario en turno.

 

5.- En 1995, el secretario de la Defensa Enrique Cervantes Aguirre, se sacó de la manga una ceremonia  militar para apoyar al quebradizo régimen de Ernesto Zedillo, pronunciando un discurso plagado de apoyos, lealtades y compromisos de la milicia hacia su Comandante Supremo en tiempos de severa crisis.

 

6.- Eran los turbulentos años de la secuela zapatista en los que la andanada de rumores sobre el estado de salud de tal o cual funcionario (empezando por el presidente de la República) le pegó también a Cervantes. Al general lo enfermaron de todo y, al igual que a Zedillo, se filtraba aquí y allá que su dimisión era inminente. No hubo tal.

 

Lo que sí se dio fue la cadena de datos y versiones sobre las presuntas corruptelas del general secretario en torno a las licitaciones en las que la compañía constructora Comalcalco –los  resultaba beneficiada una y otra vez en los concursos abiertos convocados por la Sedena.

 

La empresa constructora era dirigida por alguno de los hijos del general Cervantes. La constructora fue disuelta y nunca hubo indagatorias judiciales al respecto.

 

7.- Su sucesor, el general Clemente Vega, hizo lo propio. No dejó pasar oportunidad alguna para reiterar el origen humilde y popular de la milicia mexicana, sin definir jamás qué han entendido históricamente los mandos militares de la Sedena por “pueblo”. El general Galván (y el almirante Saynez), bajo la presidencia de Felipe Calderón y envueltos en la dinámica de la guerra al narco, fueron más allá y además de hablar de intereses en busca de separar o dividir al ejército que emana del pueblo, señalaron de manera indefinida a grupos de la sociedad civil, a ONG, de orquestar campañas de desprestigio contra las fuerzas armadas.

 

Al final del sexenio calderonista, solicité a la Sedena (Folio: 00007000121511) y a la Marina (Folio: 0001300045711), vía el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) los documentos con los nombres, ubicación, directorio, cargos y detalles de las organizaciones civiles que el alto mando calificaba como orquestadoras de campañas para atacar y descalificar a los militares.

 

La invariable y esquiva respuesta de la Sedena y de la Marina, fue que no contaban en sus archivos con los datos solicitados y que, además, no estaban obligadas a elaborar documentos para responder a solicitudes de acceso a la información.

 

8.- Con el general Cienfuegos el panorama no es distinto. El discurso del alto mando sigue encuadrado en la anquilosada dinámica priísta que ensalza y eleva a lugares insospechados al pueblo del cual emanan y surgen los soldados.

 

Curiosa forma de utilizar históricamente a una figura para no llamar por su nombre a los desestabilizadores que quieren alejar, mantener a distancia, al ejército de su pueblo. Al final el recurso retórico queda intacto pese a la contundente realidad.

 

9.- No son necesariamente los intereses de grupos oscuros o radicales o antipatrióticos los que intentan, cíclicamente, distanciar al Ejército o a la Marina del pueblo del cual emanan.

 

El presidente Enrique Peña Nieto ha reconocido finalmente que el país vive momentos de incertidumbre y falta de credibilidad aquí y en el extranjero; ha dicho que es necesario revisar hacia dónde nos dirigimos.

 

10.- En ese extravío del poder, los militares no caminan aparte. El 25 de febrero de este año, el Comisionado de Derechos Humanos de Alemania, Chistoph Strasser, dijo en Tixtla, Guerrero, que su país revisaría a fondo el tema de la venta de armas de alto poder a México, debido a las evidencias sobre la exportación y distribución irregular de un lote de fusiles H&K G36V a nuestro país entre el 2006 y el 2009.

 

A principios de febrero de este año, el diario alemán Der Spiegel publicó una nota en la que señalaba que la empresa Heckler & Koch vendió 10 mil fusiles tácticos avanzados HKG36V a México.

 

El pedido original fue de alrededor de 8,500 piezas. Unas 1,500 armas llegaron al país sin ser declaradas y sin conocerse su destino final. La Unidad de Comercialización de Armas de Fuego de la Sedena era la responsable de la entrada de estas piezas.

 

11.- Strasser viajó a México para documentar las denuncias sobre la venta y distribución de los HK36, algunos de los cuales fueron utilizados para atacar a jóvenes normalistas de Ayotzinapa.

 

Aún antes, en diciembre de 2014, el Parlamento de Suecia incluyó en su agenda internacional de derechos humanos la posibilidad de suspender la venta de armas a México tras conocerse el historial de abusos y corrupción policial derivado de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

 

Datos del Parlamento de Suecia indicaban entonces que desde 2007 hasta el 2013, Suecia le otorgó a México 17 licencias de venta de armamento por 147.2 millones de coronas suecas (unos 20 millones de dólares).

 

Dos de esas licencias fueron aprobadas en 2013 en categorías relacionadas con equipos de tiro, sistemas de “contramedidas” (contraespionaje y vigilancia) y “materiales energéticos” (composiciones explosivas o para propulsión).

 

Los contratos más jugosos (equivalentes a 58% del monto total entre 2007 y 2013) se efectuaron en los dos últimos años de la administración de Felipe Calderón, señalaba Marco Appel para la agencia Eurofocus.

 

Hasta el momento, la Sedena no ha reportado si investiga o no la parte que le corresponde en torno al proceso de adquisición y distribución de las armas alemanas en México. Mucho menos ha señalado nombres, grados, cargos y situación de los mandos militares relacionados con la compra de los fusiles H&K.

 

Las reacciones y medidas restrictivas han surgido de la otra parte, de los vendedores alemanes, no del lado mexicano.

 

12.- El mismo día en que Cristopher Strasser adelantaba que el gobierno alemán analizaría a fondo lo sucedido con la venta de armas H&K, el embajador de ese país en México, Viktor Elbling, declaraba en la Ciudad de México que en definitiva Alemania no vendería más armas automáticas a México tras la desaparición de estudiantes.

 

a) La Sedena ha encabezado, penosamente, la lista de las dependencias con más quejas y denuncias por violaciones a los derechos humanos en los últimos dos sexenios.

 

Un informe de esa dependencia menciona más de mil casos con toda clase de abusos (amenazas, amedrentamientos, allanamientos y cateos ilegales, detenciones ilegales, golpes, abusos sexuales y homicidios) cometidos por soldados en diversas latitudes el país entre 2007 y 2009.

 

b) El caso de la ejecución de 22 civiles armados que se enfrentaron a tropas del 102 Batallón de Infantería en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, sigue en el aire pese a la detención y consignación de 8 militares (de los cuales solo tres fueron acusados de asesinar a 15 civiles).

 

c) Fue gracias a dos investigaciones periodísticas de medios extranjeros como nos enteramos que el enfrentamiento entre militares y civiles fue en realidad una ejecución sumaria. Dichas investigaciones revelaron también que funcionarios del gobierno del Estado de México encubrieron la violación grave cometida por tropas del ejército que emana del pueblo.

 

d) Parte de esas investigaciones hechas en una segunda etapa también por medios nacionales, revelaron irregularidades en la cadena de mando, irregularidades que provocaron la remoción del general José Luis Sánchez León al frente de la 22 Zona Militar.

 

e) La opacidad y el encubrimiento con el que se manejó el caso desde el principio, derivó también en la separación del cargo del Coronel Raúl Castro Aparicio, comandante del 102 Batallón cuando ocurrió la ejecución. El coronel logró un amparo contra órdenes de aprehensión e incomunicación en un caso que se prolonga, que molesta y altera profundamente a la Sedena y que se trató de maquillar haciéndolo pasar como un sui generis enfrentamiento de militares contra sicarios.

 

f) El pasado 15 de febrero, tropas del 16 Batallón de Caballería Motorizado con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas, dispararon contra el civil Gustavo Ortega Pérez, a quien hirieron de gravedad. El joven de 23 años estuvo en coma, internado en dos hospitales diferentes hasta que el 22 de febrero falleció como consecuencia del ataque.

 

g) De acuerdo con la versión de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDH Nuevo Laredo), la esposa de Gustavo denunció que su marido fue perseguido por los  militares hasta darle alcance en la entrada de su colonia, en donde le dispararon porque él los había atacado con arma de fuego minutos antes.

 

h) Personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que viajó a Nuevo Laredo constató, según la CDH de esa ciudad, que los militares permanecieron todo el tiempo afuera de los hospitales en los que estuvo Gustavo, asediando, hostigando a sus familiares y al personal médico que lo atendió.

 

i) La CDH de Nuevo Laredo informó que los militares fueron separados del batallón y deberán responde por lo sucedido. La CNDH inició la queja 2/1277/2015 por el ataque de los soldados y por los presuntos abusos cometidos tras la agresión.

 

Sin contar el ataque a Gustavo Ortega, la CDH contabiliza las siguientes agresiones fatales de militares contra civiles ocurridas en Tamaulipas:

 

  1. Israel Ayala Ramírez, 31 Marzo 2009.
  2. Miguel Ángel Gama Habif, 31 Marzo 2009.
  3. Aarón Rojas de la Fuente, 31 de Marzo de 2009.
  4. Niño Bryan Almanza Salazar, 03  Abril 2010.
  5. Niño Martin Almanza Salazar, 03 Abril 2010.
  6. Juan Antonio Pedraza Castillo, 15 Junio 2010.
  7. José Manuel Esqueda Nieto, 27 Diciembre 2011.
  8. Raúl Eduardo Romero Vedia, 19 Agosto 2012.
  9. Alfredo Ruiz Rojas, 18 Marzo 2013.
  10. Rubén Gámez Valdez, 27 Marzo 2013.
  11. Jesús Alberto Castro Quintero, 17 Octubre 2014.

La distancia se mide también en los dos sentidos.

 

@JorgeMedellin95

 

 

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