Opinión

La dificultad de defender derechos humanos

La dificultad para defender los derechos humanos no es exclusiva de Guanajuato. Éste solo representa un ejemplo de una realidad nacional. | Leonardo Bastida

  • 12/12/2020
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Golpes, personas heridas, detenciones de familiares de personas desaparecidas y de un visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue el saldo derivado de la intervención de la policía del estado de Guanajuato al tratar de disuadir un plantón instalado por parte de grupos de búsquedas de personas desaparecidas, quienes cuestionaron la decisión del gobernador de la entidad, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de nombrar como titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Guanajuato a Héctor Díaz Ezquerra,  cuya experiencia profesional estaba más vinculada con las cuestiones financieras. 

Los sucesos ocurrieron en julio de este año, en la capital guanajuatense, pero la gobernatura del estado hizo caso omiso de los cuestionamientos y ha continuado hostigando a los colectivos de familiares de personas desaparecidas, pues, incluso, el polémico Díaz Ezquerra, les ha señalado como “mentirosos”, cuando se le increpó por el mal manejo de los restos óseos hallados en la fosa clandestina de la presa El Conejo. Además de mantener los cargos en contra de las personas detenidas aquella tarde en la glorieta de Santa Fe por más de tres meses, culpabilizándolas de los sucesos, y negarles el acceso a fosas como las de Acámbaro, por cuestionar a las autoridades.

Incluso, el propio gobierno estatal ha tratado de archivar los expedientes de las investigaciones abiertas en contra de los policías involucrados en los sucesos de julio, medida que, la semana pasada, fue revocada por la jueza Liliana Martínez Sandoval, quien ordenó a la Fiscalía del estado reactivar la investigación.

A pesar de que el gobierno guanajuatense había negado el fenómeno de la desaparición de personas en la entidad, en los últimos meses se han encontrado fosas en Salvatierra y Cortázar, y en otras poblaciones, recuperándose alrededor de 150 cuerpos, pero se estima que podrían ser más de dos mil.

En agosto, se supo del caso de Evelyn, una joven que salió con amigas y amigos a un bar, pero que al quedarse sola al interior de un auto, mientras sus acompañantes cenaban en un puesto de tacos, fue abordada por la policía de León, que, con el pretexto de la búsqueda de drogas, la obligó a desnudarse y le hizo tocamientos en sus genitales. 

Ante la inacción de las autoridades, decenas de mujeres salieron a las calles a exigir el esclarecimiento del caso, la respuesta gubernamental fue la detención de 22 mujeres, un hombre y agresiones por parte de los cuerpos policíacos a cuatro reporteras, y un acto de violencia sexual en contra de una menor de edad al interior de una de las patrullas. Ante los hechos, se decidió cesar a los policías que detuvieron a Evelyn, pero no se ha investigado a los que participaron en la represión de la marcha.

Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, conmemorado el pasado 10 de diciembre, diversas colectivas y agrupaciones de defensoras de derechos humanos locales y nacionales hicieron un llamado al cese a la represión de sus actividades y al poco avance de la agenda de derechos humanos en territorio guanajuatense. 

Al respecto, Libertad Martínez de Ludoarte, una de las organizaciones convocantes, en conjunto con NIMA, la Red de Movimientos Feministas de Guanajuato y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, comentó que hay poca empatía del gobierno estatal hacia las víctimas de vulneraciones a los derechos humanos, no hay interés por la investigación de los hechos ni por la reparación de los daños, y como respuestas, hay intimidaciones. 

La activista compartió que en varias ocasiones se ha solicitado la destitución del fiscal, Carlos Zamarripa, pero, por el contrario, ha sido ratificado. Y todos los llamados a dialogar sobre los temas de derechos humanos son simulaciones, pues no se ha llegado a ningún acuerdo concreto hasta el día de hoy.

Como parte de este cuestionamiento, las organizaciones recordaron que en la entidad se han registrado mil 106 niñas, adolescentes y mujeres víctimas de corrupción de menores; doce mil 241 violaciones sexuales contra mujeres, niñas y adolescente; 29 feminicidios por cada 100 mil habitantes, y 59 agresiones en contra de defensoras y periodistas a lo largo de 2020, una cifra sin precedentes.

La omisión ha sido la constante provocando una crisis severa de derechos humanos, argumenta Martínez, para quien los programas de apoyo a sectores como las mujeres no dan resultados y no contemplan a aquellas que se dedican a la defensa de derechos humanos

La dificultad para defender los derechos humanos no es exclusiva de Guanajuato. Más bien, este solo representa un ejemplo de una realidad nacional en la que ya no hay recursos de apoyo a los programas de protección de defensores de derechos humanos y periodistas a pesar de que durante el último año fueron asesinadas 21 personas defensoras de derechos.

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