Opinión

La dictadura que viene

Militarización, sometimiento de poderes, ataque a instituciones y espionaje a gobernados sólo pueden conducir a un escenario dictatorial. | Adolfo Gómez Vives

  • 18/04/2021
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En su conferencia de prensa del viernes 16 de abril, el presidente de la República reconoció como suya la autoría de la inconstitucional iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuyo artículo décimo tercero transitorio pretende que Arturo Zaldívar Lelo de Larrea ocupe la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta “el 30 de noviembre de 2024”, por más que el quinto párrafo del 97 constitucional señale, textualmente, que “cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior”.

El artículo 12 de la Ley Orgánica en cuestión también contradice abiertamente a su propio transitorio, pues —con todo y su lenguaje con perspectiva de género— señala que “cada cuatro años, las y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia elegirán de entre ellas y ellos a la o al presidente, quien no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior”.

No es la primera vez que el presidente de la República pisotea el texto constitucional. Lo ha hecho en cada ocasión que realiza sus encuestas a modo, sin respetar los preceptos contenidos en la fracción VIII del 35 constitucional.

Pero en esta ocasión va más allá. La propuesta de continuidad del ministro Lelo de Larrea al frente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, tiene como objetivo contar con el respaldo del Poder Judicial a la hora en que el jefe del Ejecutivo anuncie su reelección.

En esa lógica van: el sistemático golpeteo al INE, la creciente militarización del país, la iniciativa que crea el padrón de datos biométricos de los usuarios de telefonía celular y los contratos para la adquisición de software para espionaje, por parte de la Fiscalía General de la República, según investigación de la periodista Zorayda Gallegos para El País.

Apenas la semana pasada la Cámara de Diputados avaló una reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología, que pretende integrar a los titulares de Defensa y Marina al Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, en un contexto en el que el presupuesto de la Sedena para 2021 es superior a 8 secretarías de Estado —entre las que destaca la Secretaría de Cultura—, y que asciende a más de 112 mil 500 millones de pesos, lo que representa un incremento del 39 por ciento con respecto al presupuesto de 2018.

Al golpeteo sistemático al INE se ha sumado el empresario asesor de Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Salinas Pliego, quien a través de publicidad expuesta en sus sucursales bancarias y en su página de internet promueve con total impunidad “la muerte” del Instituto Nacional Electoral.

No se requiere demasiada ciencia para juntar las piezas del rompecabezas. La subversión de la democracia fundamentada en normas aparentemente legales está conduciendo a México a una dictadura de inimaginables consecuencias. En este juego de poder, la oposición cómplice o timorata brilla por su ausencia.

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