En cada proceso electoral surge en el tintero político la discusión trillada sobre la existencia o no de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES: que sí las elecciones locales deben ser llevadas también por el Instituto Nacional Electoral (INE); que sí la reforma electoral del 2014 no cumplió con los objetivos que se tenían trazados desde un principio… Pero, principalmente, la pregunta que todos los ciudadanos nos hacemos es: ¿cómo mejorar el sistema electoral en nuestro país para incrementar el tan anhelado desarrollo democrático?
La respuesta a la pregunta no resulta tan sencilla. Primero debemos tener en consideración que el punto medular de la reforma no es la discusión de si deben existir o no los OPLES, en tanto que la respuesta a la pregunta sobre la coexistencia de estos organismos públicos con el INE es muy clara y se encuentra en la propia Carta Magna al señalar de manera enfática en el artículo 41 fracción V que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del INE y de los OPLES.
Otro aspecto que no se debe perder de vista es que los OPLES en sus territorios no sólo tienen la función de llevar a cabo las elecciones, sino también realizan como tarea primordial la ejecución de diversas actividades relacionadas con el ejercicio de los derechos político-electorales de los ciudadanos, dentro de las cuales se encuentran –aparte de las elecciones– los procesos de plebiscito, referéndum, la iniciativa popular o ciudadana, los observatorios electorales, las consultas ciudadanas, los presupuestos participativos, los procesos de participación de las comunidades indígenas o grupos originarios en temas de elecciones de sus autoridades, el ejercicio de su presupuesto y las consultas, así como la educación cívica; además, la potencialización de los derechos humanos en cada una de las actividades mencionadas anteriormente en beneficio de la igualdad de género y las políticas de protección a los grupos vulnerables, entre otros.
Estas actividades –la potencialización de los derechos político-electorales, entre los que se encuentran, desde luego, las elecciones– son tareas que tienen sus características propias y nacen de ellas la necesidad de coexistencia del organismo nacional –INE– y los organismos locales –OPLES–, que garantice a la ciudadanía no sólo el ejercicio de estos derechos sino también la frecuencia con que se ejecuten los derechos.
En otras materias, existe este fenómeno –el de la coexistencia de los organismos estatales con el nacional– bajo una misma directriz. Tal es el caso de la materia laboral, mercantil, fiscal y administrativa, y recientemente la penal, en las cuales existe medularmente una o varias normas rectoras y diversos organismos públicos, federal y locales encargados de aplicarlas. Afirmar lo contrario equivale a sostener que no deben existir los juzgados locales, so pretexto de que hay federales; que no deben existir las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, so pretexto de que hay federales; que no deben existir los tribunales fiscales y administrativos locales porque hay federales.
Ahora bien, de las actividades que llevan a cabo los institutos, tanto nacional como estatal, podemos clasificarlas básicamente en dos: la primera, relativa a la potencialización y la organización de los ejercicios relativos a los derechos político-electorales; y la segunda, la relativa a los procesos electorales federal y locales.
En la primera clasificación la función del INE y los OPLES, comparados entre sí, es diversa, incluso entre los propios organismos públicos locales. Por principio de cuentas estas materias son diferentes en cada ámbito; es decir, el INE actualmente no lleva a cabo procedimientos de plebiscito, referéndum, iniciativa popular, presupuesto participativo, consulta ciudadana, observatorio ciudadano, y menos realiza temas relacionados con los sistemas normativos propios de los grupos originarios o indígenas.
Por el contrario, las diversas entidades con las cuales se compone la nación llevan a cabo a su interior actividades muy diferentes y que varían entre sí. Por ejemplo, en el tema indígena existen entidades que por obligación tienen previsto este escenario en su legislación y cotidianeidad, como son Chiapas, Hidalgo, Michoacán, San Luis Potosí y Oaxaca; en el tema del presupuesto participativo existen entidades como la Ciudad de México, Jalisco o Nuevo León, que regulan el ejercicio de este derecho de manera más común que el resto de las entidades federativas, sólo por citar algunos ejemplos.
Ahora bien, dentro de la relación con los municipios y los distritos locales, la comunicación se da de manera más estrecha entre los ayuntamientos y los congresos locales con el organismo público local, más que con las juntas locales o distritales del INE; la información y las actividades que se realizan en el ámbito local con el organismo autónomo van más de la mano. El ejemplo lo tenemos con los observatorios ciudadanos, con las iniciativas y consultas ciudadanas o indígenas, en las que la actividad del organismo local es preponderante y la intervención del organismo nacional electoral es un poco más limitada.
En materia de educación cívica, si bien es cierto existe una estrategia nacional comandada por el INE, que se encuentra confeccionando, también cada entidad y la Ciudad de México tienen su propia inercia, y su estrategia obedece a las realidades sociales que presenta cada una de ellas; es decir, la estrategia en Oaxaca va más dirigida a las comunidades indígenas y a los sistemas normativos propios, los temas de la costa en Veracruz y Sinaloa son diferentes a los de Guanajuato y el Estado de México. Ello depende del nivel educativo y de la problemática que cada entidad presenta, razón por la que más que analizar la estrategia conveniente, nacional o estatal, lo importante es generar políticas que permitan trazar un plan conjunto, respetando cada competencia para inculcar en la ciudadanía el ejercicio de sus derechos político-electorales y su amor a la patria.
En el proceso electoral –que es el segundo rubro que nos ocupa– podemos advertir que el tema no es reduccionista al discutir si se llevan a cabo las elecciones federales y locales por el INE o no, desapareciendo a los organismos locales del mapa, sino más bien determinar si el sistema competencial otorgado por la reforma es el correcto.
En este segundo aspecto podemos advertir varios aspectos: si se hace necesario continuar con las casillas únicas o no; si la estrategia de capacitación unísona por el INE es la adecuada o si se debe permitir la incorporación de los OPLES; si el tema de la repartición y recolección de los paquetes electorales debe continuar como exclusividad del INE o se debe de realizar conjuntamente con los organismos públicos locales; si el mecanismo del PREP y de la fiscalización conviene que se ejerza por el organismo autónomo federal o debe de ser ejecutado por sus similares locales.
Existen temas en el proceso electoral que el INE no interviene en los estados como son las candidaturas comunes, el voto en el extranjero, la elección de autoridades por sistemas normativos propios, las candidaturas independientes, la elaboración de la documentación y material electoral. Todos se llevan a cabo por los estados, y si bien es cierto que en algunos casos el INE emite lineamientos, también es cierto que el propio organismo local es quien los advierte sin pasar por la aduana federal.
De ahí que el planteamiento debe hacerse sobre la base de reconsiderar el mejoramiento de la actual esfera competencial que trajo la reforma, o idear una diferente que permita coexistir y trabajar en un rumbo en común entre los organismos locales y el federal, contribuyendo al desarrollo del federalismo y competencia local en beneficio de la democracia.
Por tanto, es de resaltar la labor de los OPLES como interlocutores con las diversas instancias relacionadas con el quehacer electoral, particularmente con la autoridad electoral nacional, así como la tarea –ardua e inmediata– que han cumplido estos órganos en las elecciones de 2015 y 2016 en los diversos procesos electorales posteriores a la reforma.
En estos comicios se han puesto a prueba los retos y las áreas de oportunidad en la instrumentación de la reforma político-electoral desde la perspectiva de los OPLES. Es decir, a estos organismos les ha tocado, dentro de los márgenes de acción que se les permite, llevar a cabo o consolidar algunas de las figuras jurídicas más recientes de acuerdo con las circunstancias de cada entidad.
No se debe pasar por alto la enorme contribución que han tenido los organismos públicos locales electorales en temas que ya han sido comentados como el voto en el extranjero, la utilización de material biodegradable, el recuento de votos, la fiscalización, las candidaturas independientes, las campañas y precampañas electorales, la educación cívica, el presupuesto participativo, el referéndum y plebiscito, el observatorio ciudadano, las consultas indígenas y los procesos de nombramiento de autoridades a través de sistemas normativos propios, entre otros, que han contribuido al desarrollo de la democracia en nuestro país y que han sido en ocasiones incorporados por el legislador federal para aplicarse por la autoridad nacional.
Ello sin dejar a un lado la contribución tan importante que ha hecho el INE –anteriormente IFE– en temas nodales para el desarrollo de las instituciones democráticas en el país que no puede pasar por desapercibido.
No se trata de una dicotomía de saber quién es mejor, y menos aún de quién debe subsistir y tomar las tareas de quien, sino más bien se trata de idear una fórmula que permita a cada organismo ejercer sus funciones en plenitud y de manera armoniosa y colaborativa se lleven a cabo acciones que redunden en un menor costo y en un mayor beneficio para la democracia en nuestro país.
Todo esto, enmarcado a final de cuentas en atender el objetivo básico de cumplir la voluntad electoral de la ciudadanía, por hacer valer la ley e incentivar la participación ciudadana. Pero, sobre todo, se trata de velar por la unidad y consolidación institucional del sistema electoral mexicano. Por lo pronto ¿Usted qué opina?
