Hace varios años, al reflexionar sobre la relativización de la escala de valores en cuanto a la mediocridad en la producción científica de la academia mexicana, el escritor Guillermo Sheridan sentenció: “Lo que debería ser normal pasa a ser excelente, lo mediocre pasa a ser normal y lo francamente imbécil, pasa a ser mediocre”.[1]
A esa misma reflexión nos conducen las acciones de un gobierno como el de Enrique Peña, que encontró en la expresión “misión cumplida” una forma de autoelogio que raya en lo ridículo. Vea usted si no: Diversas fallas dentro de un sistema penitenciario de máxima seguridad, operado por el gobierno federal, permitieron que Joaquín Guzmán pudiera escaparse de El Altiplano; luego entonces, la recaptura del Chapo, a cargo de la administración que estaba obligada a evitar su fuga y a mantenerlo en prisión, ¿puede considerarse como misión cumplida?
Es allí precisamente dónde se encuentra la relativización de la gestión gubernamental: lo mediocre pasa a ser normal y lo francamente imbécil pasa a ser mediocre, parafraseando al maestro Sheridan.
Con evidente ironía, la expresión “misión cumplida” fue utilizada por el Cuerpo Nacional de Policía en España, al referirse a la detención de Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, por órdenes de la Fiscalía Anticorrupción, acusado de lavado de dinero, malversación de fondos públicos y cohecho, entre otros. El uso del hashtag #misióncumplida devuelve al gobierno mexicano a la realidad y le hace ver que, en materia de rendición de cuentas y de combate a la corrupción, le falta muchísimo por hacer.
Ante la detención del también ex dirigente nacional del PRI, cabe preguntarse cuál fue realmente el destino que dio Humberto Moreira a los recursos obtenidos mediante la deuda pública: ¿Lo sabrá el Congreso local, la Secretaría de Hacienda, o el actual gobernador de Coahuila?
Por otro lado, la imagen de ex gobernadores como Moreira, apresados por autoridades extranjeras a raíz de una investigación que no fue abierta por autoridades mexicanas, sólo refuerza la noción de que en México la ley puede ser burlada impunemente, lo que a su vez socava el cumplimiento de las normas por parte de los ciudadanos y desgasta su voluntad de participar en los procesos democráticos.
Otra consecuencia del “Moreirazo” y el presunto mal uso de la deuda pública, es la reactivación de este tema en la agenda pública, ya que este martes un diario de circulación nacional analiza la deuda bruta[2] de México, que representa ya el 45% del PIB y casi duplica (193%) a los ingresos anuales del gobierno federal.
Estas cifras son alarmantes, no solamente porque las últimas dos administraciones federales lucharon por mantener un equilibrio presupuestario, sino también al comparar sus resultados con la última gestión presidencial priísta antes de la alternancia democrática.
Así, encontramos que durante la administración de Ernesto Zedillo, la deuda bruta representaba 25% del PIB y su proporción con los ingresos anuales era de 137 por ciento. Un adecuado manejo del balance presupuestario permitió que en los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón la deuda pública no rebasara el 35% del PIB, aún durante la crisis económica que sacudió las finanzas mundiales en 2009.
Debemos subrayar también que, ante el aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos y el incesante alza del dólar frente al peso, se incrementa el costo financiero de la deuda del sector público, a pesar de que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 se previó un costo financiero equivalente a 357 mil 362 millones de pesos; sin embargo, el análisis de riesgos expuesto por la SHCP[3] estima un posible incremento de 2.58%, es decir, más de 10 mil millones de pesos.
Diversos analistas han coincidido en que para lograr un equilibrio presupuestario el gobierno federal debe reducir el gasto público,[4] sin embargo, ante un escenario de elecciones para 2016 y con miras a la sucesión presidencial de 2018, será muy difícil que se instrumenten medidas de sostenibilidad fiscal y responsabilidad hacendaria tendientes a reducir el déficit del sector público.
Precisamente por ello y para evitar futuros Moreirazos, la ciudadanía y la sociedad civil organizada deben insistir y demandar ante los legisladores y las instituciones gubernamentales dos cuestiones fundamentales: Transparentar al máximo el ejercicio y destino del presupuesto, así como en impulsar la rendición de cuentas por parte de los ejecutores de recursos públicos, a fin de poder combatir la impunidad y la corrupción.
Solamente de esta manera, los ciudadanos podremos decir que, en materia de rendición de cuentas y combate a la corrupción, ahora sí, la misión ha quedado cumplida.
[1] http://www.jornada.unam.mx/1997/06/01/sem-sheridan.html
[2] Se trata del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público.
[3] http://finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/fp/2015/FP_201511.pdf
[4] Recordemos que el “Presupuesto Base Cero” anunciado el año pasado por el Gobierno Federal no representó un verdadero esfuerzo para apretarse el cinturón, tal como lo hicimos notar en Presupuesto Base Cero, otro engaño del gobierno federal aunado al hecho de que la propuesta del Ejecutivo Federal se traducía en menor crecimiento económico, menor bienestar social, menor seguridad y mayores montos para el pago de la deuda y el sistema financiero, lo que fue mencionado en Un presupuesto mal orientado.