Opinión

La deuda con Zapata

Una oportunidad para revisar los conflictos a los que se han enfrentado los pueblos ante las concesiones de tierras para ejecutar proyectos. | Leonardo Bastida

  • 28/12/2019
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Este 2019 fue el año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata, conforme a decreto presidencial, en recuerdo a los 100 años de su asesinato, ocurrido el 10 de abril de 1919 en la hacienda de Chinameca, Morelos. En su momento, se destacó que el jefe del Ejército Libertador del Sur contribuyó a la búsqueda de justicia para los pueblos campesinos que eran despojados de sus tierras y que fue ampliamente respaldado por los habitantes de diferentes comunidades morelenses, donde comenzó una de las gestas campesinas más relevantes de la historia de nuestro país.

Oriundo de Anenecuilco, Morelos, Zapata Salazar, fue una de las personas que desde 1909 comenzó a cuestionar la manera en que diferentes lugartenientes se apropiaban de las tierras de las comunidades de manera irregular, sobreponiendo los intereses de las haciendas por sobre los de las poblaciones campesinas. En septiembre de ese año, las personas de mayor edad de esos lugares, decidieron darle a resguardar todos los documentos históricos que respaldaban la tenencia de sus tierras (un mapa, cédulas reales y peticiones) y le pidieron que se enfocara a recuperar aquellos que les habían sido quitados.

El resto es ampliamente conocido. Zapata respondió al llamado de Francisco I. Madero del 20 de noviembre de 1910 para comenzar un proceso en el que se suscitara un cambio de gobierno y de políticas. Sintiéndose traicionado, rompió con el gobierno maderista, proclamó el Plan de Ayala, se reunió años después con Francisco Villa, sus representantes participaron en la Convención de Aguascalientes y luchó contra las tropas carrancistas hasta su fallecimiento.

A 100 años de su muerte, aún hay muchos aspectos sobre los qué cuestionarse en Morelos, pero no únicamente allí, sino en todo el país ante la presencia de múltiples megaproyectos que han despojado de sus tierras a centenas de pueblos y se han propiciado entornos socialmente muy violentos.

En Morelos, la situación ha sido documentada por estudios antropológicos de diversas instituciones locales y federales. Aplicado en comunidades ubicadas junto a megaproyectos, como es el caso de Tepetzingo, donde hay una cementera y una mina de oro. Allí, las investigaciones, cuyo objetivo es conocer la percepción del riesgo que tiene el sector adolescente con respecto a su salud y su bienestar, derivada de la presencia de los megaproyectos en sus localidades, tras realizar trabajo de campo y mediante el apoyo de cartografías, es decir, dibujos elaborados por aquellas personas entrevistadas, identificaron la existencia de violencia al interior de la comunidad debido a la coexistencia de dos visiones diferentes con respecto a la presencia de la mina y la cementera.

Otra investigación del mismo corte, aplicada en el municipio de Temixco, pero a población infantil, arrojó resultados similares.

Justo en este año de Zapata, en Huexca, las posturas se polarizaron frente al megaproyecto de la Termoeléctrica, el corazón del Proyecto Integral Morelos, que busca generar energía eléctrica mediante la operación de dos plantas termoeléctricas. Una parte de las poblaciones argumenta que la operación de las plantas afectará sus fuentes de extracción de agua y que el ruido emanado por la operatividad de las mismas, es ensordecedor y constante. Sumado al despojo de tierras y de fuentes de agua de uso comunitario. Y el asesinato de uno de los líderes opositores, Samir Flores, quien fue ejecutado un día después de la consulta pública en la que se decidió dar continuidad al proyecto, pero que fue ampliamente cuestionada por no ser clara y estar manipulada por la empresa constructora de las plantas y las autoridades gubernamentales.

Más allá de ser nombrado el año del Caudillo del Sur o de montarse una exposición pictográfica en honor a Zapata en el Palacio de Bellas Artes, este 2019 representaba una oportunidad para hacer una revisión sobre la gran cantidad de conflictos a los que se han enfrentado centenas de pueblos, más de 500, ante las concesiones de tierras para la ejecución de proyectos de instalación de fuentes de energía “limpia” o de minería, entre otros.

Estos últimos, como ha reseñado Francisco López Bárcenas, se han situado en lugares donde las vetas mineras se acabaron, y ahora, se recurre a métodos más ambientalmente agresivos como la minería a cielo abierto, consistente en eliminar cerros, utilizando grandes cantidades de agua y químicos para lograr la separación de minerales de otras materias, provocando el vaciado de miles de millones de partículas de polvo en el aire, con los respectivos daños a la salud de quienes habitan las áreas circunvecinas, destrucción de tierras cosechables y sobreexplotación de mantos acuíferos, pago muy bajo de impuestos por la explotación de un determinado espacio y nulos impuestos por concepto de exportación.

En su Segundo Manifiesto en náhuatl, Emiliano Zapata alentaba a “seguir combatiendo sin desmayar por la conquista de la tierra que fue de nuestros antepasados y que manos rapaces nos arrebataron a la sombra de pasadas dictaduras; continuar enarbolando con mano firme y corazón resuelto el hermoso estandarte de la dignidad y de la libertad campesina; luchar hasta el fin contra los nuevos cómplices de los despojadores de tierras, de los explotadores del trabajo, de los negreros de las haciendas; tal es nuestro deber, si queremos merecer el dictado de hombres libres y de ciudadanos conscientes”.

El historiador John Womack en la revisión de su ya clásico texto Zapata y la Revolución Mexicana, reeditado a propósito de la efeméride,  hace mucho énfasis en que el movimiento revolucionario de Morelos estuvo sustentado en el constante reclamo de las comunidades campesinas por sus tierras, debido a que, dentro de sus principios, era imposible pensar en que debían abandonar los territorios de sus antepasados.

Hoy en día, esta idea ha cobrado enorme vigencia en muchas comunidades morelenses que se sienten asediadas frente a los grandes desarrollos inmobiliarios de casas de fin de semana para habitantes de la Ciudad de México, la sobre explotación de sus recursos naturales, el crimen organizado y la violencia, la imposición de proyectos energéticos y mineros, y así como hace más de 100 años, el aval de los gobiernos para llevar a cabo el despojo territorial.

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