No es extraña la detención de la abogada Susana Prieto Terrazas el pasado lunes en la ciudad de Matamoros, quien a inicios de 2019 acompañó las protestas de los trabajadores de las maquilas del Norte del país que reclamaban un incremento del 20% a los salarios contractuales y un bono de 32 mil pesos.
El movimiento 20/32 paralizó un centenar de empresas de la Ciudad de Matamoros, Tamaulipas, y miles de trabajadores salieron a las calles para reclamar que se respetara el contenido de sus contratos colectivos, que establecían el incremento en el mismo porcentaje de los salarios mínimos.
Empresarios, líderes sindicales (esos que fueron rebasados por sus bases) y el gobernador del Estado de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, no pararon de atacar a Susana Prieto Terrazas y achacarle la inconformidad de miles de obreros.
Vieron la paja en ojo ajeno
El descuido y abuso hacia los trabajadores de las maquilas explotó en el amanecer de 2019 al tiempo que empresarios de todo el país se alarmaron de que el movimiento irradiara por todo México.
La querella penal en contra de la abogada Susana Prieto se fue armando desde el interior del gobierno del estado de Tamaulipas, con expedientes, pruebas, testigos a modo y todo lo necesario para ponerla tras las rejas y darle un escarmiento. Se encargó el caso a personas de confianza de la Fiscalía General del Estado para que no se filtrara la información hasta tener el caso bien articulado.
Nunca se le citó, ni se le dio la posibilidad de ofrecer pruebas de descargo; armado el caso por la Fiscalía, se mandó al Juez de Control de la Tercera Región Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, y este presuroso, sin revisar garantías de audiencia para la abogada acusada, giró orden de aprehensión.
La denuncia proviene del licenciado José Manuel Gómez Porchini, presidente de la Junta Especial número Seis de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tamaulipas, autoridad que depende directamente del gobernador del Estado.
En aquella entidad nada se mueve si el gobernador no lo autoriza. Esta vez dio luz verde para operar la aprehensión de la abogada porque no se quedaba quieta y seguía asesorando a trabajadores de las maquilas ante la incomodidad empresarial.
La decisión en contra de la abogada Prieto ha causado regocijo en ciertos personajes como de Julio Ávila Coronado, secretario del Consejo de la Cámara de Comercio de Matamoros, quien en febrero de 2019 pidió acción legal contra la “agitadora foránea”, por desestabilizar el ambiente económico de la ciudad. En marzo de ese año dijo: “es inconcebible que no se le haya puesto freno a las acciones de una agitadora profesional”.
Jesús Mendoza Reyes, secretario general del Sindicato Industrial de Trabajadores en Plantas Maquiladoras y Ensambladoras de Matamoros (SITPMEM), sindicato que tiene contrato a modo con maquiladoras, al referirse a la abogada laboral la llama “ente diabólico”, así mismo señala:
“Andan agitando a la gente, alguna seudo abogada de Juárez, quien sólo se ha dedicado a alterar el orden laboral”.
Ese líder sindical fue acusado en febrero de 2019 por Susana Prieto, de haberla perseguido en confabulación con el Gobernador del estado, para impedirle el paso a la ciudad de Matamoros, Tamaulipas por medio de una caravana de al menos 6 camiones.
Mendoza Reyes, en octubre de 2019, después que la licenciada Prieto protestara por su reelección como líder sindical dijo:
“Ahorita todavía podemos decir que le dimos la primera derrota a su ofensiva, que no fue a nosotros, sino contra sus empresas, sobre un derrame económico, de una manera o de otra, un servidor levanta la voz diciendo, que ella no se merece que le digan licenciada, ni señora, ni nada, es una persona que vino a descontrolar y traer caos a nuestra ciudad”.
En diciembre de 2019, el Grupo Empresarial de Matamoros lanzó una carta abierta a la ciudadanía, exhortando a no hacer caso a Susana Prieto, diciendo que sólo buscaba intereses propios y desestabilizar la situación laboral, señalando expresamente:
“Susana Prieto es una enemiga de Matamoros, alguien que sólo persigue intereses obscuros que en nada beneficia a la industria y al comercio y sí perjudica en mucho a la clase trabajadora y la sociedad en general”. Agregan que no pueden estar indiferentes “ante la presencia de una persona perniciosa que desestabiliza la ciudad con intereses mezquinos.”
El gobernador del estado de Tamaulipas haciendo caso de sus consejeros y aprovechando la pandemia, considera que la mejor política laboral es la persecución penal; mantener en prisión a la abogada Susana Prieto como un trofeo para lograr así el beneplácito de los jeques de la maquila y de sus serviles dirigentes sindicales.
Es la nueva normalidad laboral de nuestros tiempos: mantener el piso caliente.