A 77 años de la expropiación petrolera, que se cumplen este 18 de marzo, la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) vive su peor crisis y el mayor proceso de desnacionalización que haya tenido en su historia. Las petroleras extranjeras rondan como zopilotes para acabar con sus restos y los funcionarios de este gobierno hacen lo posible para que sucumba en el corto plazo.
La deuda de la empresa estatal se ha incrementado en niveles exorbitantes que la ponen en riesgo de su autonomía a la par de sus ingresos reales que son confiscados por el gobierno mexicano que la mantienen en punto de quiebra técnica.
Hace 10 años Luis Ramírez Corso, en ese entonces director de Pemex, reconocía que la deuda de 45 mil millones de dólares y pasivos por 88 mil 500 mdd “nos tienen al borde de la quiebra”. Ahora en el transcurso de los años y sometida a la destrucción y desmantelamiento de los gobiernos panistas y priístas su carga va en aumento irrefrenable. A 2014 la deuda de Pemex alcanza cifras de muchos ceros: un billón 143 mil millones de pesos, 36% más que en 2013.
Cuando la expropiación petrolera realizada por el presidente Lázaro Cárdenas se volcaron miles de mexicanos para aportar parte de sus ahorros y bienes para aminorar la deuda contraída. El trabajo de los técnicos mexicanos fue determinante, fabricaron sus propias herramientas y tecnología con el sello nacional. Numerosos inventos en materia de tecnología petrolera eran motivo de orgullo y prestigio internacional. Pero todo ese avance se echó por la borda.
Lo más grave es que en los últimos sexenios el trabajo sucio para debilitar a Pemex ha provenido de funcionarios mexicanos panistas y priístas, convencidos que lo mejor es la entrega de bienes nacionales a extranjeros para que haya “competitividad”.
Los gobernantes en turno han cedido con legislación desnacionalizadora lo mejor de la industria petrolera. Desde la llegada a nuestro país de las empresas subcontratistas, éstas han ido sustituyendo gradualmente las operaciones que antes realizaban los trabajadores sindicalizados de Pemex.
La misma actividad pero más barata. Trabajadores subcontratados con prestaciones a ras de la ley pero obligados a laborar en jornadas extendidas sin el pago del tiempo extra. En ocasiones contratados como de honorarios para evadir la seguridad social y en el mejor de los casos como eventuales para despedirlos cuando fuere necesario.
En estos “negocios” han participado funcionarios de Pemex que vieron incrementadas sus fortunas personales al licitar a conveniencia la apertura de empresas subcontratistas. La privatización de la materia de trabajo en Pemex entró como mantequilla al tener como estandarte la corrupción en la que han ganado todos los operadores de ese saqueo, menos la Nación.
Ahora con la reforma energética impulsada por el presidente Peña Nieto, son los técnicos extranjeros quienes definen la operación estratégica del petróleo mexicano con el argumento de ser poseedores de tecnología de uso exclusivo. Solo ellos pueden manejarla y nadie más.
En los pasillos y oficinas de Pemex se ve deambular a técnicos extranjeros que han hecho suyas las instalaciones de la petrolera mexicana. Ellos ganan en dólares y euros mientras que los obreros mexicanos ven en riesgo su propio empleo.
El proceso de privatización ha provocado la cancelación de la materia de trabajo de los sindicalizados. Los más vulnerables son los 30 mil trabajadores transitorios afiliados al sindicato petrolero, que están en la fila de los primeros sacrificados. La renovación de miles de contratos ha dejado de realizarse en todo el país. La mayoría con varios años de trabajo que son expulsados de la empresa sin derecho a indemnización alguna.
Pemex tiene una plantilla de 155 mil trabajadores de los cuales 113 mil son sindicalizados, pero este número se encuentra en proceso de recorte. En distintas regiones del país donde opera Pemex se revisa junto con el sindicato listas para definir quienes saldrán de la empresa.
La baja en los precios del petróleo, el mal manejo de la empresa, la creciente deuda, la confiscación gubernamental y la privatización de sus funciones han sido factores que han contribuido a su debacle.
La reforma energética ha traído un cambio en el modelo laboral: cancelación de la estabilidad laboral, anulación de sindicatos y desaparición del derecho de huelga. El sindicato petrolero ha sido marginado en la contratación de personal sindicalizado de las empresas petroleras extranjeras y por tanto éstas llegan sin contrato colectivo real. Tienen estos corporativos sindicatos y contratos de papel, de membrete, que los manejan a su antojo. Contratos colectivos de protección al por mayor para que los trabajadores al servicio de los contratistas no tengan herramientas para exigir mejores prestaciones.
Una desnacionalización petrolera diseñada para agotar el recurso energético hasta saciar a las empresas extranjeras. Hasta que los mantos petroleros queden devastados. Gobernantes pequeños y traidores que entregan la Nación. Nada tenemos que festejar este 18 de marzo.
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