Estamos a unas cuantas horas de conocer las cuatro quintetas que el comité técnico de evaluación -conformado por un grupo plural de siete integrantes nombrados por la Cámara de Diputados, la CNDH y el INAI- entregará a la Junta de Coordinación Política, con lo que se dará inicio a la negociación política entre los grupos parlamentarios para que por mayoría calificada se designe a las y los nuevos consejeros electorales del INE, lo que constituye una decisión de la mayor importancia no sólo para la organización del proceso electoral de 2021 que será el más grande en la historia, sino para nuestro sistema democrático.
Es pública y notoria la animadversión del presidente hacia el organismo electoral a partir de los acontecimientos de 2006 -aunque la legislación electoral se ha modificado sustancialmente en dos ocasiones y su conformación es muy distinta-, al igual que los intentos de la 4T por lograr su captura como ha sucedido en muchos otros casos como el de los órganos reguladores o la misma CNDH, o en su defecto debilitarlo mediante severos recortes presupuestales.
Las descalificaciones del presidente son constantes -y a su vez detonan ipso facto bien orquestados embates en redes sociales- e incluso ha acusado al IFE-INE de someterse al poder público, lo que no se sostiene en los hechos pues basta con recordar que los partidos que en su momento detentaban el poder fueron derrotados en tres elecciones presidenciales así como en más del 60% de las gubernaturas que se han disputado y en el 82% de las senadurías entre 2015-2018. También es pertinente señalar que el tan criticado incremento en el presupuesto del órgano electoral responde, en muy buena medida, a las múltiples nuevas atribuciones que se le han impuesto en cada reforma como la fiscalización en tiempo real de miles de candidaturas tanto federales como a nivel local.
Sin duda es necesario revisar el modelo de organización electoral que al paso del tiempo se ha vuelto cada vez más complejo y por tanto costoso, y ciertamente es mucho lo que se puede corregir y mejorar, pero también es claro que lo que realmente pretendían las iniciativas impulsadas por el grupo dominante era el control de la autoridad electoral, aunque afortunadamente no prosperaron.
A pesar de la presión que han ejercido quienes sostienen posiciones radicales al interior de la 4T para apostar por personajes cercanos o que les aseguren su incondicionalidad a cambio de apoyo aprovechando que cuentan con los votos suficientes incurriendo con ello en las mismas prácticas que antes criticaban, hasta ahora el proceso de designación ha marchado bien, para lo cual ha sido muy importante el acompañamiento y exigencia de organizaciones y actores de la sociedad civil, y ha prevalecido la óptica de quienes entienden el riesgo que implica optar por el mayoriteo por encima de la valoración de perfiles -siendo un elemento fundamental su independencia- y la búsqueda de consensos entre las fuerzas políticas.
Lo que se puede poner en juego con esta decisión que en breve habrá de tomar la Cámara de Diputados es nada menos que la legitimidad de las elecciones e incluso la estabilidad política del país, por lo que no se debe cometer el error de repetir la historia de 2003 -en que uno de los principales partidos políticos se levantó de la mesa de negociación y fue excluido del proceso de designación de consejeros del entonces IFE-, pues ya sabemos cuales son las consecuencias cuando se cuestionan los nombramientos, y algunos de los jugadores no confían en el árbitro.
Estamos ante una gran oportunidad de fortalecer a la autoridad electoral, lo que cobra particular relevancia en tiempos de alta polarización. Esperemos que se imponga la sensatez y altura de miras, se privilegie el consenso y no la lógica del carro completo.