Al fin parece que la clase política se está dando cuenta de su profundo desprestigio y del gran distanciamiento con una sociedad que se ha vuelto cada vez más crítica y demandante por lo que, para dar respuesta a sus exigencias en el sentido de disminuir los excesivos recursos con que cuentan los partidos políticos y que se canalicen a la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos, han entrado en una suerte de competencia desesperada con propuestas que si bien pueden ser muy populares, habría que revisar su viabilidad jurídica y política, así como su posible impacto y sentido de responsabilidad y oportunidad.

Ya se ha dicho que sí es posible que los partidos reintegren o renuncien al monto que determinen de los recursos públicos que les corresponden por disposición constitucional (y no por ocurrencia del INE) tal y como era el planteamiento inicial, pero el Frente Ciudadano por México ha ido más allá al proponer la eliminación total del financiamiento público, a lo que al parecer se ha sumado el PRI.

La procedencia de esta propuesta es discutible, pues existe una restricción para realizar reformas a las leyes electorales 90 días antes del proceso electoral que inició el pasado 8 de septiembre. Aún concediendo que esta disposición pudiera no aplicar tratándose de una reforma constitucional, la eliminación del financiamiento público implicaría una modificación sustantiva al modelo de financiamiento y a las reglas de fiscalización, por lo que se tendría que llevar a cabo un gran esfuerzo de adecuación legislativa y reglamentaria tanto en el Congreso como en el INE, en pleno proceso de organización de la elección más compleja en la historia de nuestro país.

Adicionalmente, podría impactar significativamente en las condiciones de equidad de las contiendas, puesto que se generarían mayores incentivos para utilizar los aparatos gubernamentales y recursos públicos con fines proselitistas, lo que claramente favorecería al partido en el poder. También se potenciaría el riesgo de intercambiar apoyos económicos o en especie por favores y privilegios (por ejemplo en el ramo inmobiliario o en la asignación de obras de infraestructura que ya han tenido costos altísimos) y que la agenda pública sea determinada por intereses privados. Una vez más, quien tiene mayor capacidad de operación o "convencimiento" con entes privados es el partido gobernante y evidentemente no cumple con el propósito de empoderar a la ciudadanía.

Otro riesgo latente, lo representa la intervención de la delincuencia organizada en las campañas. Es de reconocer que estas prácticas ya han estado presentes en algunos procesos electorales, pero sería irresponsable asumirlas como algo inevitable o generar condiciones que incrementen su incidencia.

Por el contrario, se deben explorar alternativas que por un lado permitan disminuir el costo de las campañas y de los propios partidos como lo demanda la sociedad, pero que a la vez inhiban al máximo la recurrencia de dichas prácticas y se fortalezca el carácter de los partidos como entidades de interés público, para lo cual se requiere de una reflexión serena y objetiva que no sea producto de la coyuntura.

Una posibilidad que pudiera resultar más efectiva, consiste en disminuir al 50% el financiamiento público federal así como los topes de gastos de campaña, eliminar el financiamiento local, prohibir el financiamiento privado (o reducirlo únicamente a las aportaciones de militantes), restringir los conceptos de gasto permitido como en materia de propaganda, privilegiar los debates y reforzar la fiscalización.

Por su parte, el PRI ha propuesto eliminar a los legisladores plurinominales que, si bien parece atractiva y cuenta con un amplio consenso social, en realidad atentaría contra la pluralidad y el principio de representación política al fomentar una mucho mayor sobre-representación (actualmente el margen permitido es de 8%) y otorgarle mayorías artificiales al partido en el gobierno. En todo caso, lo pertinente sería reducir en el mismo porcentaje el número de legisladores de mayoría relativa y de representación proporcional.

Atender y dar cauce a las exigencias ciudadanas es indispensable, pero implica también un ejercicio de responsabilidad por lo que se debe tener sumo cuidado para no incurrir en acciones u omisiones que, en el afán de congraciarse con la ciudadanía, pudieran provocar consecuencias indeseadas en el mediano o largo plazo. 

@agus_castilla @OpinionLSR | @lasillarota



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