Hace unos días la bancada del PAN en la Cámara de Diputados soltó un dardo envenado para el equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador. En un punto de acuerdo, que fue aprobado por todas las bancadas, pidió al secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, que se someta a un examen de confianza y haga públicos los resultados.
En el exhorto que fue presentado por el diputado federal panista, Armando Tejeda Cid, pero respaldado por todos los partidos, incluso Morena, recordaron que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que todos los funcionarios relacionados con las tareas de seguridad deberán de someterse a exámenes de confianza, incluidos los titulares de las dependencias.
El acuerdo fue bien planchado para pasar sin problema. Esta vez no hubo intención de Morena de frenar el exhorto, como ha frenado cualquier propuesta que vaya en contra de ese partido o del presidente López Obrador. Jesús de los Ángeles Pool Moo, el legislador que habló a nombre de ese partido, se dio el lujo de advertir que nadie está por encima de la ley aunque trabajen en el gobierno morenista.
El ex presidente Vicente Fox, de quien Durazo fue secretario particular en la presidencia de la República, se sumó a la siembra de la desconfianza. Desde su cuenta de Twitter hizo un agregado a la solicitud de que Durazo presente dicha prueba: "Me temo que no la va a pasar, le conozco bien!!”. No aclaró por qué.
Los legisladores consultados respecto a su insistencia en que se realice las pruebas de confianza y las haga públicas, responden sin una prueba contundente en contra de la probidad del funcionario.
Sin embargo, refieren que tienen información que les permite concluir que no las pasará y, además, dos hechos son suficientes para desconfiar de que sea la persona ideal para encabezar la dependencia encargada de seguridad del país:
Uno de ellos es la detención, ocurrida en febrero de 2005, de Nahum Acosta Lugo, en ese momento coordinador de giras internacionales del presidente Vicente Fox y a quien la PGR de Rafael Macedo de la Concha acusó de proporcionar desde 2001 la agenda presidencial al narcotráfico con información concreta del personal de seguridad que lo acompañaba, rutas de llegada y salida e itinerarios precisos.
El cartel presuntamente beneficiado era el de Sinaloa, encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán.
El acusado había llegado a trabajar en la presidencia de Fox por recomendación de panistas de Sonora. Uno de ellos, Manuel Espino, encargado de las giras presidenciales en los primeros ocho meses del sexenio foxista. Pero Espino se apresuró a declarar que la contratación había sido aprobada por Durazo. Los tres sonorenses, los tres conocidos entre sí.
Durazo había dejado un año antes Los Pinos confrontado con Marta Sahagún por sus aspiraciones presidenciales.
Acosta Lugo fue liberado en abril de ese mismo año por falta de pruebas. La PGR advirtió que apelaría la resolución del juez y de la investigación sobre quién lo había llevado a trabajar a Los Pinos ya no se supo nada.
El segundo caso se dio a conocer en marzo de este año. El reportero David Saúl Vela reveló en El Financiero que Durazo había adquirido una casa en Sonora que en su momento fue propiedad del narcotraficante Amado Carrillo, “El señor de los cielos”.
El inmueble fue vendido en 2012 por Amado Carrillo Barragán, hijo de “El señor de los cielos”, a través de Gabriel Mendoza Gutiérrez –su apoderado legal-, a la empresa Inmobiliaria Alta Sierra, propiedad de Durazo. El funcionario admitió que en los documentos aparece el nombre de Amado Carrillo Barragán pero dijo desconocer si se trataba del hijo del narcotráfico.
De ambos casos, el ahora secretario de seguridad dio una explicación que tiempo después sigue sin convencer a los legisladores y nos dejan una certeza: El fantasma de la desconfianza persigue a Durazo.