La generación de políticas públicas es un proceso creativo que se origina en las atribuciones que tiene encomendada alguna dependencia pública, en las que entre otras cosas, se estudia la conveniencia, desarrollo e impacto entre otras variables más para la implementación de acciones en el servicio público.
Porque pareciera que el anuncio del secretario de Hacienda de recortar el gasto público, pudiera haber sido consecuencia de una deficiente política pública, en la que las estimaciones y proyecciones económicas no fueron suficientes para prever que en 2015 la situación económica no sea de prosperidad, como fue diseñado producto de la reforma energética y de la reforma hacendaria o fiscal.
Nuevamente el precio del petróleo situado en la línea de los 40 dólares por barril es el causante que las finanzas públicas tengan que ser actualizadas con nuevas políticas públicas para hacer frente al faltante de ingresos para cubrir los gastos y compromisos del gobierno.
Por esta razón es que debería pensarse con seriedad la posibilidad de sustituir, en un determinado porcentaje, el ingreso que obtiene el gobierno por la venta de petróleo para complementarlo con alguna otra fuente de generación de ingresos.
Ojalá que esto no sea el motivo para que se deje de invertir en gasto social. Una propuesta que hizo el malogrado candidato Andrés Manuel López Obrador, es que se reduzcan las prestaciones de la burocracia dorada, consistente en teléfonos celulares, seguros de vida o viáticos de primer mundo y al mismo tiempo, que el Ejecutivo y el Congreso reduzcan los viajes de turismo político que no producen nada para el país.
Además de lo anterior, no se ve en el espectro público a algún servidor público defendiendo las bondades de la reforma energética, como fuente de generación de ingresos, cuando se ha anunciado que nuestro país comprará petróleo a Estados Unidos porque entonces, ¿dónde está el beneficio de la reforma energética si comenzaremos a importar crudo?
Otra mala decisión de política pública tiene que ver con las lagunas jurídicas que generaron una defraudación por 2,700 millones de pesos a 6 mil ahorradores de Ficrea, cuando la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público, su Unidad de Inteligencia Financiera o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no hayan detectado la movilización de cuantiosos fondos de una cuenta a otra, sin su intervención.
No hubo política pública que detectara el vacío jurídico para permitir a Rafael Amezcua, dueño de Ficrea y ahora buscado con ficha roja por la Interpol, que dejara en cero las cuentas de los ahorradores para retirarlas y depositar sus recursos en sus cuentas individuales. Esto podría ser una responsabilidad incluso penal.
A lo anterior podría sumársele una broma de mal gusto que lanzaron a la opinión pública y opinar sobre una iniciativa del diputado Alfredo Zamora García, para elevar de 11 a 21 los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Parece una broma de mal gusto porque se envía el mensaje de que en México, la clase política está desconectada de la ciudadanía, -como lo dijera el embajador de Holanda- y no parece que se comprenda que la percepción ciudadana es de enojo y molestia por el estado en que se encuentra la economía, la inseguridad o la ausencia de justicia por la inacción de la clase política, como para tomarle opinión sobre el aumento de integrantes de un Poder, que su desempeño no ha estado a la altura de las circunstancias que ha demandado el país.
La posible inacción en el desempeño de las atribuciones de la autoridad es el motivo por el cual fallaron los servicios de inteligencia para detectar las anomalías del presidente municipal de Iguala en Guerrero y sus consecuencias.
No hay política pública que justifique la inacción de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, salvo que un interés superior lo motive para hacerlo.
Por eso es que el desencanto de la ciudadanía con el desempeño de la clase política llega a la crítica, al desprecio, la descalificación y en algunas ocasiones que no son justificadas, a la ofensa y agresión.
Pero mientras persista la desconexión entre los que idean y aprueban la implementación de políticas públicas con la ciudadanía, no podrá prosperar la economía, la seguridad o la justicia y muy seguramente, el respeto hacia la autoridad.