La semana pasada, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador afirmó categórico que “no se está despidiendo a nadie en el sector salud”. Sin embargo, el secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala, afirmó en entrevista con Azucena Uresti, que han sido cesadas alrededor de 10 mil personas.
Una investigación de Marcos Muedano —de esta casa editorial La Silla Rota— reveló que entre el 1o de diciembre de 2018 y el 30 de marzo de 2019, se dieron de baja mil 207 trabajadores del sector salud, según documentos en posesión del ISSSTE y de la Secretaría de la Función Pública.
Y aunque la fracción XV del artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal obliga a la Secretaría del Trabajo a llevar las estadísticas correspondientes a la materia laboral, a pregunta expresa referente al “número de renuncias y despidos ocurridos en la administración pública federal centralizada y paraestatal”, Gabino Ignacio
Despidos en Turissste
Doscientas sesenta y cinco personas laboraban, hasta el 15 de mayo, en el Sistema de Agencias Turísticas Turissste. Formaban parte del personal de mando y operativo. Ocupaban plazas de base y confianza.
Noventa y seis estaban adscritas a alguna de las 30 oficinas que existían en los estados y 196 laboraban en la Ciudad de México.
Su salida quedó sellada desde el 1o de febrero, cuando se publicó en el Diario Oficial el nuevo Estatuto Orgánico del ISSSTE, que ya no contempló al órgano desconcentrado denominado Sistema de Agencias Turísticas Turissste, creado el 28 de abril de 1997.
El priista Luis Antonio Ramírez Pineda, hijo del ex gobernador de Oaxaca Heladio Ramírez López, fue el encargado de desaparecer al Turissste por instrucciones del presidente de la república.
En su calidad de director general del ISSSTE y presidente de la Junta Directiva, Ramírez Pineda firmó el acuerdo 26.02.E 2018 Sus señalamientos sirven de evidencia para que los cesados aleguen la subsistencia de la materia del trabajo, lo que genera la posibilidad de un escenario de movilizaciones de protesta y amparos que vendría a generar mayores presiones contra el gobierno de López Obrador, cuyas determinaciones pueden calificarse de neoliberales.
La oferta de servicios turísticos a bajo costo para los trabajadores del Estado, resultan obligatorias de conformidad con el artículo 4o de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Por eso, siguiendo los pasos de Felipe Calderón Hinojosa, quien determinó la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, se dio la instrucción para que la tarde del 15 de mayo, justo antes de concluir su jornada laboral, los trabajadores de Turissste En ellos, Jesús Pacheco Vázquez, subdirector de Contaduría, solicitó hacer del conocimiento de los trabajadores —sin distinción alguna por tipo de plaza o puesto— que “la última nómina que percibirán es la del 15 de mayo”, por lo que debían “concluir su trámite de baja definitiva ante la Subdirección de Personal”.
Y aunque Ramírez Pineda —ex diputado federal por el PRI— haya declarado días después que el personal de base sería reubicado y que “sólo se prescindirá de los servicios de aproximadamente 200 trabajadores de confianza”, lo cierto es que se ha despedido a la totalidad de trabajadores del Turissste, sin importar antigüedad o tipo de plaza.
Orondo, el contador Pacheco señaló en los oficios mencionados que, con fecha 5 de marzo “fui nombrado por el Mtro. Luis Antonio Ramírez Pineda para llevar a cabo las acciones necesarias para concluir con la liquidación de Turissste”, lo que no deja lugar a dudas de la desaparición de dicho sistema y no su “reingeniería” como se informó en su momento.
También señaló, mediante oficio 120.123.1/000428/2019, relativo al “cese total de operaciones de Turissste”, que “es de vital importancia que sea dado de baja todo el equipo tecnológico que se tenía asignado en las 30 agencias estatales”.
La instrucción final provino del jefe de Servicios en Turissste, José Luis Viveros Acosta quien, mediante oficio DNPESC/USTT/JS/554/ Queda pues demostrado, con sus propios comunicados oficiales, que no habrá tal reubicación de personal y que en el proceso de separación del empleo no se respetó a los trabajadores de base, como señaló el director general de dicho instituto, el priista Luis Antonio Ramírez Pineda.
Al recorte del personal de Turissste se suma el reconocimiento de su director general respecto del problema de desabasto de medicamentos, como también sucede en el IMSS. No se entiende qué ocurrió con los procedimientos de compras consolidadas que lideraba la Secretaría de Salud, como cabeza de sector, desde la época de Julio Frenk Mora. Al día de hoy, la propia página del IMSS reporta procedimientos de compras consolidadas en 2019, en las que ha intervenido también la Semar, la Sedena, Pemex, 25 estados de la república y 23 institutos.
Llama la atención que el propio López Obrador refiera la existencia de actos de corrupción en los procesos de licitación formalizados el año pasado, pues su equipo de transición conoció de antemano los términos de referencia, así como la integración de los montos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, calificado por la nueva legislatura, de mayoría morenista, en la Cámara de Diputados.
Si en los procesos de licitación hay elementos que demuestran corrupción, las dependencias involucradas deben denunciarlo ante las instancias correspondientes y no limitarse a informar sobre hechos que bien pudieran resultar falsos. No hacerlo abonará a generar especulaciones respecto de la ineficiencia e incapacidad de quienes nos gobiernan.
En el contexto de la grave crisis de desabasto de medicamentos y de recortes de personal en el sector salud, presidencia de la república lanzó dos ataques contra el quehacer periodístico. Por una parte, filtró a través de sus medios afines una lista con los nombres de los periodistas y empresas que supuestamente firmaron El segundo ataque —aunque primero en la línea de tiempo— consistió en calificar como “hampones” a los periodistas que se atrevieron a informar en relación al despido de médicos y enfermeras.
El ataque sistemático hacia la prensa por parte del presidente de la república, en un contexto dominado por el descuido de los mecanismos de protección y por la violencia prevaleciente —en lo que va de la administración han sido asesinados 13 periodistas— constituye un hecho gravísimo que atenta contra la libertad de expresión, al tiempo que dibuja la política dictarorial que prevalecerá en la actual administración.
Daniel Moreno, director de Animal Político, señaló en su cuenta de twitter al menos dos anomalías en la lista filtrada por presidencia: la exclusión de los principales medios que recibieron publicidad durante la administración de Peña Nieto, ya que el monto expuesto sólo representa el 2.5 por ciento del total ejercido en la administración pasada, y la manipulación de su contenido, al incluir su nombre y no la razón social que representa, lo que demuestra un grave hecho de tergiversación por parte del gobierno de López Obrador.
Desde luego que hay periodismo que se elabora con sólidas bases éticas y periodismo que responde a intereses particulares. Como ejemplo del primero está la investigación de Laura Sánchez Ley y Valeria Durán, que exhibe la corrupción del súper delegado de Morena en Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños. Periodismo de calidad y no “grilla” y “politiquería”; términos con los que López Obrador pretendió descalificarla.
Los géneros de opinión, por su naturaleza, se construyen con elementos subjetivos que pueden resultar cuestionables. Pero calificar a algunos periodistas de “hampones” vuelve a demostrar la pobreza de miras y la bajeza del primer mandatario así como su urgencia por denostar a quienes ejercen la crítica contra su gobierno y con ello dinamitar su derecho humano a la libertad de expresión.
Si los medios se equivocan, el presidente está obligado a presentar la evidencia documental que exhiba sus yerros. No bastan sus dichos, que han resultado mentirosos en múltiples ocasiones, como cuando ofreció que retiraría al Ejército de las calles y terminó por reconvertirlo en una Guardia Nacional que ya opera, ilegalmente, pues no existen aún sus leyes secundarias.
Descalificar por descalificar no lo convierte en un estadista, sino en un burócrata pendenciero con tintes de dictador.
Desabasto de medicamentos
Hampones