Opinión

La desaparición de la respuesta social y Estatal

Ya es hora que el Estado (los tres poderes y los tres órdenes de gobierno) muestre voluntad política con recursos humanos suficientes y capacitados. | Karla i. Quintana*

  • 03/09/2018
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¿Usted tiene la menor idea de lo que es vivir allá? Se llevaron a mis dos hijos, a mis hermanos y a mi marido. Yo los sigo buscando. Tengo mucho miedo. Me pueden llevar en cualquier momento. ¿Sabe lo que es levantarse todos los días con este dolor? Yo estoy muerta en vida.”

Si bien la Constitución reconoce diversos derechos a las víctimas –como, por ejemplo, el derecho a contar con un asesor jurídico o a la reparación por la violación a los derechos humanos- el reconocimiento legal de derechos de víctimas ha sido, en su totalidad, debido a la lucha de las propias víctimas. Así tenemos la Ley General de Víctimas (que, por supuesto, no se restringe a víctimas de desaparición), y más recientemente, la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

¿Cuántas son 37 mil personas? Difícil de imaginar en abstracto: cerca de la mitad del Estadio Azteca. Los familiares de las personas desaparecidas afirman, sin embargo, que son miles las desapariciones que no son denunciadas. Lo saben porque lo ven, porque lo escuchan, porque caminan juntos los senderos donde la gente ha sido desaparecida; porque se han unido, porque van en colectivo; en decenas de colectivos. Esto último coincide con la estadística nacional de que sólo se denuncia 1 de 10 delitos. ¿Cuántos miles de desaparecidos serán, entonces, realmente? ¿Cuántos estadios se llenarían? Decenas de miles de familias buscando, esperando, luchando.

En sede internacional, el gobierno mexicano ha negado el fenómeno de desaparición. A nivel federal tenemos una Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de PGR con menos de 40 agentes ministeriales y más de mil casos. Contamos con una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas con más de 40 plazas para atender el fenómeno nacional de búsqueda de personas desaparecidas. Si de por sí este número es insuficiente para el mandato de esa institución, también habría que cuestionarse las razones por la cuales, a meses de su creación, tendría menos de 10 plazas cubiertas, mientras el número de desaparecidos sigue aumentando. Los familiares de personas desaparecidas cuentan –si es que cuentan– con un/a asesor/a jurídico/a federal, que tiene bajo su responsabilidad la representación de cerca de 100 casos de desaparición. Por otro lado, aún no se tiene una base unificada de todas las personas reportadas como desaparecidas en el país.

La realidad, en México, supera cualquier cosa imaginable

Las fosas comunes y las morgues están llenas de cuerpos, cuyos datos genéticos aún no han sido obtenidos y menos procesados, donde muchos ya están contaminados, muchos otros separados en partes, y otros cuerpos más han sido incinerados antes de ser reconocidos. Los peritos resultan, a todas luces, insuficientes.

A esta realidad habría que agregar la diferencia de trato a las víctimas de delitos federales y de delitos del fuero local. Si bien saldrá algún paladín a explicar el federalismo –que entendemos bien-, lo cierto es que las distinciones competenciales, en la práctica, generan víctimas de primera, segunda y tercera. Así tenemos aquellas que tienen derecho a acceder a los servicios federales por ser la desaparición de su familiar, hecha por un agente federal o por delincuencia organizada (si bien existen muchas limitaciones y carencias en este nivel, es donde existe mayor atención); aquellas que la desaparición fue realizada por un agente local –estatal o municipal- y que, por tanto, deben ser atendidas por las instituciones locales que no tienen recursos, o no existen y, además, se encuentran en el lugar donde se cometió el delito. En el último escalafón están aquellas que no acceden a ninguna institución, por miedo, por pobreza, por desconocimiento.

Por otro lado, en el ámbito judicial, existen menos de 20 sentencias relacionadas con tema de desaparición forzada (con esa tipificación); solo una de ellas, decidida por la Suprema Corte de Justicia. Veinte sentencias para 37 mil desapariciones. Varios juzgadores desconocen o rechazan los estándares internacionales –que son constitucionales- en materia de desaparición forzada. Por demás está decir que en México prácticamente no hay precedentes de cadena de mando para los –pocos- casos en que se ha comprobado la participación de agentes gubernamentales, a diferencia del resto de América Latina.

Se han presentado cientos de amparos buscadores con la finalidad de que se tomen medidas inmediatas para investigar y buscar a las personas, con resultados casi nulos, a no ser por algunas decisiones aisladas que son vistas por la mayoría como temerarias –aunque con plena base constitucional y legal- o, en el mejor de los casos, como valientes.

Si esto sucede a nivel federal, a nivel local, la respuesta es aún más precaria.

La realidad, en México, supera cualquier cosa imaginable. Mujeres abriendo el suelo con varillas, descubriendo las mayores fosas clandestinas de las Américas. Levantamientos de restos humanos por PGR en fosas para después ordenar “regresar” lo levantado a “su lugar”, porque le correspondía hacerlo a las autoridades de la entidad federativa. Niños y niñas escribiendo cartas de Navidad pidiendo que regrese su padre o que su madre sepa que sacó 10 en matemáticas. Mujeres desaparecidas en contextos de trata. Adolescentes levantados en la calle frente a su familia.

Se llevaron a mi hijo. Era un joven profesionista. Ya no vivía acá. Vino de visita. Fue a lavar el carro. Ya nunca regresó. Yo lo voy a buscar hasta el último día de mi vida. No me importa que me maten.” Así se repiten miles de voces de mujeres que se levantan todos los días buscando a sus hijos, hijas, hermanos y esposos, en los pantanos, en el desierto, en la montaña, en medio de amenazas. Exigiendo justicia. Exigiendo ver los expedientes. Exigiendo representación jurídica. Exigiendo sentencias. Exigiendo sus derechos. Con la cabeza en alto.

La indiferencia nacional duele. El silencio social aturde y, cuando habla, casi siempre lo hace para señalar a quien fue desaparecido. La respuesta estatal ofende, pese a los esfuerzos aislados.

Ya es hora que el Estado (los tres poderes y los tres órdenes de gobierno) muestre voluntad política con recursos humanos suficientes y capacitados, y con instituciones fuertes para verdaderamente atender esta crisis. Las mujeres –con una sororidad profunda- seguirán caminando y buscando todos los días. De eso no hay duda. Es obligación constitucional del Estado mexicano, desde las diferentes instituciones, acompañarlas, apoyarlas y garantizarles su derecho a la verdad y a la justicia. Con dignidad.

* Experta en derecho constitucional y en derechos humanos. Las opiniones expresadas son responsabilidad de la autora y no refleja necesariamente las opiniones de la institución en la que trabaja o en las que ha trabajado.

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