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La derrota moral de López Obrador: el caso de la FRG

Las supuestas bondades del cambio de PGR a FGR no han funcionado, ya que las fiscalías se someten a los intereses del presidente o los gobernadores. | Iván Arrazola*

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Escrito en OPINIÓN el

Las últimas semanas no han estado exentas de escándalos políticos y sociales, producto de actos de violencia extrema y casos de corrupción. Particularmente resulta delicado el caso del fiscal Gertz Manero del que se revelaron unos audios en días pasados que permiten observar la forma en que se maneja la justicia en México, por lo que vale analizar qué es lo que hace una Fiscalía y cuál es impacto que tendrá este hecho sobre la agenda del presidente en su lucha contra la corrupción. 

En el año 2019 fue designado Alejandro Gertz Manero como el titular de la Fiscalía General de la República. Con su nombramiento se inauguraba una nueva época en el tema de la procuración de justicia en México, aunque fue con Peña Nieto con quien se dio el cambio de PGR a FGR,  no pudo nombrar a un titular del nuevo organismo ante la presión de la sociedad civil y medios que señalaban que el presidente quería nombrar un fiscal a modo, por lo que Raúl Cervantes no pudo asumir el cargo como primer fiscal. La alternancia política que se dio en 2018 y la llegada de López Obrador permitieron finalmente nombrar al fiscal, el cargo recayó en la figura de Alejandro Gertz Manero y se consideró algo positivo porque el presidente podría trabajar de forma mucho más articulada con el fiscal.

Uno de los cambios que se esperaba a partir de la nueva configuración de la FGR era crear una institución más independiente del poder ejecutivo, anteriormente el presidente nombraba al procurador y el Senado lo ratificaba, con la reforma el presidente presenta una terna y es el Senado quien lo elige, dura nueve años en el cargo y para removerlo deben intervenir el presidente y el Senado. Como organismo público autónomo se esperaba crear una institución con mayor independencia para investigar y perseguir los delitos en el país. También se esperaba que la Fiscalía diera mejores resultados en temas como los altos índices de impunidad, la desaparición de personas en México y el alto número de homicidios producto de las disputas entre grupos del crimen organizado.

Todos estos cambios que en materia de procuración de justicia se esperaba dieran mejores resultados pronto quedaron en el olvido. La razón principal es la polémica actuación que ha tenido el fiscal. Hay diferentes episodios en los que la actuación de la Fiscalía ha sido más de comparsa o cómplice que de un actor vigilante de la legalidad. La persecución a 31 investigadores acusados de los delitos de delincuencia organizada, el manejo del caso Emilio Lozoya, quien no pisó la cárcel después de su extradición a México, la simulación en la entrega de un cheque para pagar premios de la rifa del avión presidencial, dinero que en realidad pertenecía al Infonavit y la triangulación de recursos provenientes de la Universidad de las Américas, son una muestra de simulación, ineficacia y abuso de poder.

El episodio más reciente del fiscal ocurrió el pasado viernes 4 de marzo cuando se revelaron unos audios en los que el fiscal conversa con uno de sus colaboradores sobre un litigio que mantiene en contra de la expareja y la hijastra de su hermano, a las que mandó a encarcelar y las acusa de no haberle dado la atención médica adecuada a su hermano lo que provocó su muerte. En la llamada se revela la influencia que Gertz tiene sobre algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en los que confía para que fallen a favor de mantener a parte de su familia política presa, entre ellos, el presidente del máximo órgano constitucional en el país. Si bien puede ser cuestionable el apresar a una mujer de 94 años y a otra de 68 en un caso que ya prácticamente estaba cerrado y que él reaviva a partir de que llega al cargo de fiscal, lo más cuestionable es cómo Gertz utiliza a las instituciones que imparten justicia en el país para litigar asuntos personales. 

Los actores implicados en el tema han salido a expresarse, en el caso de la SCJN a través de un comunicado informó que “todos los asuntos de la competencia de la Corte se resuelven con independencia, imparcialidad y transparencia, en sesiones públicas en las que las ministras y los ministros expresan los argumentos que dan sustento al sentido de sus votos, de cara a la sociedad y al escrutinio público”. El presidente López Obrador señaló “No los escuché, pero sí tengo la información de lo básico y opino que tiene que resolver la Corte en este caso. Entiendo la situación personal, moral, humana, del fiscal porque se trata de un asunto vinculado con su hermano, lo entiendo. Él quiere que se haga justicia” y agregó que sí tiene confianza en el fiscal. Resulta preocupante escuchar al presidente justificar cómo es que el fiscal abusa del poder que le confiere el cargo, y si bien no depende únicamente de él separarlo de su puesto, si podría pronunciarse ante un asunto que es preocupante para el país porque constituye un abuso de poder.

Cuando a López Obrador se le preguntó qué características debían tener sus colaboradores, él mencionó “que más que la experiencia le importaba la honestidad”, también mencionó que la oposición estaba moralmente derrotada. Ahora después de revisar los casos de su secretaria de educación que descontaba 10% de su salario a los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco para destinarlo a actividades partidistas, el de su secretario particular desviando dinero destinado a ayudar a damnificados del sismo de 2017 para darlo a políticos de Morena, o el caso de Gertz que utiliza a las instituciones para atender sus intereses personales, conviene preguntar si el presidente cumplió con la supuesta lucha que emprendió en contra de la corrupción y de formar un equipo con gente honesta.

Por otra parte, las supuestas bondades del cambio de procuraduría a fiscalía tampoco han funcionado, se ha visto en la práctica que las fiscalías se someten a los intereses del presidente o los gobernadores y las que no lo hacen se convierten en enemigos del poder político en turno. Esto muestra de manera clara la derrota moral del presidente al tolerar la corrupción y el abuso de sus colaboradores, pero también refleja la derrota del país al no tener instituciones de justicia eficientes.

*Iván Arrazola

Colaborador de Integridad Ciudadana, Doctor en estudios Científico-Sociales con mención en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO. México). Especialista en participación ciudadana, cultura de paz, democracia subnacional y gobierno abierto. 

Integridad Ciudadana

Es una asociación no lucrativa, independiente, sin afiliación partidista, que se creó en 2008 por un conjunto de profesionistas provenientes de diferentes disciplinas. Poco a poco, Integridad Ciudadana fue involucrándose en proyectos relacionados con el análisis y el diseño de las políticas públicas de los gobiernos locales; su planeación, evaluación y fiscalización, así como con su desarrollo urbano regional y el impacto que todo ello genera en el hábitat y por tanto en la calidad de vida. Nuestro objetivo principal, es impulsar la participación ciudadana, la investigación, la docencia, la elaboración de propuestas de políticas públicas, así como fomentar la cultura de la legalidad, mediante la divulgación de opiniones informadas y responsables.