Opinión

La deportación de migrantes con antecedentes criminales en tiempos de Donald Trump

PARTE I. Por: José Luis Pérez Canchola*.

  • 22/02/2017
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Fue el primero de septiembre en Phoenix, Arizona, cuando el ahora presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, en un acto de campaña anunció ante miles de simpatizantes la estrategia que denominó “cero tolerancia a los extranjeros criminales”. Esto fue lo que prometió el candidato republicano en aquel evento:

“De acuerdo a la estadística federal hay al menos dos millones,

piensen en eso, dos millones de extranjeros criminales

dentro de nuestro país, dos millones de gente extranjera criminal.

Los vamos a expulsar desde el primer día. Tan pronto como

ocupe la oficina. En una operación conjunta con agencias

de seguridad locales, estatales y federales”.

(Fuente: discurso de Donald Trump. Diario New York Times)

 

En aquel discurso el actual presidente de los Estados Unidos ofreció iniciar de inmediato la deportación de todo extranjero con antecedentes criminales o por violación a la Ley de Inmigración. Prometió a sus electores que su administración va a utilizar procedimientos sumarios a fin de expulsar a estos inmigrantes y especialmente a miembros del crimen organizado.

 

Aquel fue un discurso de 157 párrafos y Trump terminó su lectura después de escuchar 75 aplausos de sus seguidores, diciendo: “…juntos podemos salvar vidas americana, trabajos americanos y el futuro americano. Acompáñenme en esta misión y alcanzaremos de nuevo la grandeza americana”.

 

Durante su campaña, Trump buscó el voto de los lectores norteamericanos afines a su retórica antiinmigrante y presentó como algo novedoso la estrategia de deportar “a criminales, a ex convictos y a quienes violen la Ley de Inmigración”.

 

Lo cierto es que Donald Trump simplemente le está dando continuidad a una política del gobierno norteamericano que desde 1986 aprobó un programa especial orientado a la deportación de extranjeros con antecedentes criminales.

 

Dicho programa se convirtió en ley el 30 de septiembre de 1996, cuando el Congreso norteamericano aprobó una de las reformas más agresivas con relación a los residentes extranjeros relacionados con conductas fuera de la ley. La iniciativa original fue impulsada por la administración del presidente Clinton y se le conoció como Ley IIRAIRA (Ley pública 104/208), misma que modificó sustancialmente la Ley de Inmigración, la Ley Antiterrorismo, la Ley para el Control de Crímenes Violentos, así como otras leyes y normas en esta materia con la finalidad de otorgar facultades a diversas autoridades federales, estatales y locales para la identificación, arresto y expulsión de extranjeros reincidentes en faltas o delitos menores, con antecedentes criminales, ex convictos o por violación a la Ley de Inmigración de los Estados Unidos.

 

La nueva Ley autorizó la consulta de todas las bases electrónicas de huellas dactilares de todas las policías en coordinación con los archivos electrónicos del Departamento de Seguridad Interior, del FBI y del Servicio de Inmigración a fin de identificar a cualquier detenido incluso por faltas menores, y verificar su estatus migratorio. Este sistema electrónico se le identifica como IDENT/IAFIS.

 

Esta disposición entró en vigor el 1 de abril de 1997 y una de sus consecuencias fue todo acto ilícito cometido por un extranjero con o sin documentos, considerado hasta entonces como una falta menor, en lo sucesivo sería tratado como un delito agravante y en consecuencia, adicional a la pena de prisión, la persona quedaba sujeta a un procedimiento de deportación[i].

 

Con este sistema se han localizado, arrestado y deportado a sus países de origen a cientos de miles de migrantes. El siguiente cuadro nos da una idea de los números de expulsados en los últimos años.

 

Deportación de extranjeros con antecedentes criminales

o por violación a la ley de inmigración de los EEUU

 

PERIODO

TOTAL

CON ANTECEDENTES CRIMINALES

POR VIOLACIÓN A LA LEY DE INMIGRACIÓN

Año fiscal 2010

392,862

196,431     |     50%

196,431     |     50%

Año fiscal 2011

396,906

218,298     |     55%

180,208     |     45%

Año fiscal 2012

409,849

225,416     |     55%

184,433     |     45%

Año fiscal 2013

368,644

217,499     |     59%

151,145     |     41%

Año fiscal 2014

315,943

176,928     |     56%

139,015     |     44%

Año fiscal 2015

235,413

139,368     |     59%

  96,045     |     41%

Año fiscal 2016 (*)

240,255

138,699     |     58%

101,586     |     42%

 

(*) En el último año fiscal de 2016, del total de 240,255 deportados con antecedentes o por violación a la Ley de Inmigración,

los mexicanos sumaron un total de 149,821 (62.4%) entre personas con antecedentes o por problemas migratorios.

 

En términos generales de todo este universo de migrantes expulsados cada año, lo cierto es que más del 50 por ciento de ellos fueron deportados a México por ciudades fronterizas  como Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Reynosa, Nuevo Laredo y otras.

 

En el año 2010 en la Conferencia binacional celebrada en San Diego, California, los alcaldes fronterizos del lado mexicano presentaron un reclamo por el incremento de la incidencia delictiva en sus municipios a consecuencia de las deportaciones de este tipo de migrantes[ii].

 

A fin de cuentas el gobierno mexicano siempre estuvo enterado de estos hechos, pero no promovió las políticas públicas necesarias a fin de atender y prevenir las posibles consecuencias negativas de estos eventos[iii].

 

Lo más que se hizo fueron pronunciamientos sobre el tema, tal como quedó registrado en el discurso del Ejecutivo federal en octubre de 2011:

“Parte de la violencia que se vive en algunas ciudades fronterizas de México es por muchos factores, pero uno de ellos también es porque a las autoridades americanas simplemente les da por deportar cada año a ciudades como Ciudad Juárez o Tijuana a 60 o 70 mil migrantes. Pero dentro de estos hay muchos que son realmente criminales, que han cometido algún delito y que simplemente les sale más barato dejarlos del lado mexicano que iniciar un proceso legal, como debe ser, para ver si son culpables o no, y estos se vinculan rápidamente con redes criminales de la propia frontera”. Fuente: Discurso de Felipe Calderón en la inauguración de la Semana Nacional  de Migración. México D. F., 17/10/2011

 

Poco después el gobierno norteamericano diseñó otro programa denominado “Comunidades Seguras”. Con la ejecución en paralelo de ambos programas se obtuvieron resultados inmediatos y para junio de 2012 esta estrategia se activó en 48 estados.

 

A fin de cuentas el propósito del gobierno norteamericano, desde la administración de Clinton hasta la de Obama, era ejecutar este plan en todo el país de manera institucional y sin hacer ningún escándalo al respecto[iv].

 

Solamente en los 8 años de la administración de presidente Barak Obama fueron deportados a sus países de origen un total de 2 millones 496 mil 313 extranjeros con antecedentes criminales, ex convictos, o extranjeros acusados de violación a la Ley de Inmigración.

 

*José Luis Pérez Canchola. Consejero de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, A. C. y ex Procurador de Derechos Humanos del Estado de Baja California, periodo 1991/1994

 

@OpinionLSR

 

[i] Un ejemplo es el caso de Víctor Manuel Pérez Monroy, de 51 años de edad, sentenciado en agosto de 2008 a un máximo de meses de cárcel por haber ingresado a los Estados Unidos después que fue deportado desde diciembre de 2002 por la frontera de Nogales y por habérsele encontrado durante el procedimiento de identificación tres arrestos previos por robo en el estado de Arizona. Casos como este se pueden contabilizar por miles. La Asociación Americana de Abogados de Inmigración, ha demandado al Congreso que se reforme esa ley a fin de reducir el alcance del término ”delitos con agravante “ y aplicarlo solo en el caso de delitos cometidos con posterioridad al 1 de abril de 1997. Fuente: American Immigration Lawyers Association, Suite 300, 1331 G Street, NW, Washington, DC 20005-3142, Phoe: 202-507-77600, Fax: 202-783-7853.

[ii] En el marco de la Conferencia Binacional celebrada el 29 de septiembre de 2010 en la ciudad de San Diego, California, los alcaldes de las principales ciudades fronterizas del lado mexicano, solicitaron al gobierno norteamericano un alto a la deportación de inmigrantes con antecedentes criminales ya que esto estaba provocando mayor violencia en sus comunidades.

[iii] El alcalde de Ciudad Juárez, José Reyes, declaró que en un periodo de tres años se habían registrado 28 mil deportados por dicha frontera con antecedentes criminales, incluyendo 7 mil por delitos sexuales y 2 mil con sentencias por el delito de homicidio. Igualmente en la frontera de Nuevo Laredo, Tamaulipas, hubo diversas denuncias en marzo  de 2012, señalando que esas deportaciones de mexicanos ex convictos considerados peligrosos por las autoridades norteamericanas, se hacían sin notificar a las autoridades consulares ni judiciales de México. La diputada local por Nuevo Laredo, Rosa María Alvarado, afirmó conocer los expedientes de algunos de estos casos y encontró antecedentes de multihomicidas: “que sin ninguna consideración especial los deportan y esto representa un serio un serio riesgo para nuestra ciudad”. (Fuente: Entrevista de En Línea Directa de Nuevo Laredo, Tamaulipas, 14 de Marzo de 2012, reportero Gaston Ma).

[iv] El programa de Comunidades Seguras es un mecanismo de identificación de  toda persona que por cualquier motivo llega a manos de alguna autoridad local, estatal y federal y cuyas huellas deben ser cometidas al banco nacional denominado Sistema Automático de Identificación de huellas LAFIS, administrado por el FBI.

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