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La delincuencia que no cesa

Uno de cada tres hogares mexicanos tiene entre sus integrantes a una persona que fue víctima de la delincuencia durante el año 2013.

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Escrito en OPINIÓN el

Los actos de barbarie que se han producido en Tlatlaya (Estado de México) y en Iguala (Guerrero) no son sino la punta del iceberg que nos muestra un profundo estado de descomposición en el tema de la inseguridad pública.

 

Lejos de las cifras triunfalistas (y en algunos casos maquilladas), lo cierto es que vivir en México sigue suponiendo para millones de personas un alto riesgo de ser víctimas de la delincuencia, muchas veces amparada o incluso promovida por las propias autoridades que –en teoría- deberían de estar a cargo del cuidado de todas las personas.

 

El INEGI acaba de dar a conocer las cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) correspondiente al año 2013. Los datos son extraordinariamente preocupantes.

 

Uno de cada tres hogares mexicanos tiene entre sus integrantes a una persona que fue víctima de la delincuencia durante el año 2013. Esto significa que 22 millones y medio de personas mayores de 18 años fueron víctimas en México de la delincuencia en el transcurso de ese año.

 

En total, se estima que se cometieron en México 33 millones de delitos, lo cual es una verdadera tragedia y viene a demostrar la profunda incapacidad de las instituciones públicas para prevenir la comisión de hechos ilícitos.

 

La inseguridad tiene un costo económico enorme, además del costo humano evidente. El INEGI estima que la inseguridad le cuesta al país 213 mil millones de pesos anuales, equivalentes al 1,27% del PIB.

 

Lo peor de todo es que del total de delitos cometidos en México el 93.8% NO fueron denunciados. Ahí es donde empieza la enorme rueda de la impunidad, ya que un delito que no es denunciado mucho menos va a ser investigado y mucho menos va a ser sancionado. Cuando se le pregunta a las personas sobre la razón o la causa por la que no denuncian, un porcentaje importante señala que lo considera una pérdida de tiempo (31.4%) o que tiene desconfianza en la autoridad (21%).

 

Ahora bien, es importante señalar que en la mitad de los casos en que SÍ hubo denuncia, simplemente no pasó nada o no se pudo resolver el caso. Esto significa que incluso en los (pocos) casos en que los ciudadanos se atreven a denunciar, la autoridad no es capaz de darles una respuesta significativa, lo que abona en la desconfianza hacia las instituciones públicas y refuerza el ciclo de la impunidad.

 

Los datos del INEGI demuestran que, lejos de avanzar en el combate a la delincuencia, hemos ido perdiendo terreno. En el 2010 hubo 23,993 víctimas por cada 100 mil personas mayores de edad en el país. En el 2011 fueron 24,317. En el 2012 llegamos a 27,337 y alcanzamos una cifra intolerable en el 2013 de 28,224. No creo que haya ningún motivo, a la luz de esos datos, para discursos triunfalistas por parte de las autoridades.

 

Una cosa que llama la atención cuando se analizan con cierto detalle los resultados de la ENVIPE es que lo que eleva mucho el promedio de víctimas a nivel nacional es la alta incidencia de victimización en la entidad más poblada del país: el Estado de México. En esa entidad federativa la tasa de víctimas es de 47,778 por cada 100 mil habitantes. De hecho, este dato no solamente es mucho peor que el promedio nacional (de 28,224 por cada 100 mil, como acabamos de apuntar), sino que está muy por arriba de entidades federativas consideradas como de alta tasa delincuencial.

 

Por ejemplo en Guerrero la tasa de victimización es de 26,002 por cada 100 mil habitantes. En Chihuahua es de 27,344. En Tamaulipas es de 17,570. En el Distrito Federal es de 33,068.

 

Las cifras de incidencia delictiva a nivel nacional mejorarían mucho si las autoridades del Estado de México hicieran mejor su trabajo, en vez de gastar tanto dinero y esfuerzo en promoverse y dejarse fotografiar en todo momento.

 

Los delitos que se cometen con mayor frecuencia son el robo o asalto en la calle o en el transporte público, la extorsión, el robo total o parcial de vehículo, el fraude, las amenazas y el robo en casa habitación.

 

El INEGI también estima una alta incidencia del delito de secuestro. Durante 2013 se cometieron en el país 131,946 secuestros con 123,470 víctimas. Tampoco en este caso hay algo que celebrar, sino todo lo contrario.

 

Lo cierto es que, a la luz de las cifras oficiales (que no han sido ni desmentidas, ni siquiera puestas en duda o cuestionadas por ninguna autoridad), seguimos teniendo un enorme problema de inseguridad en el país.

 

En junio de 2016 entrará en funcionamiento a nivel nacional el nuevo sistema penal con juicios orales que ya se aplica en diversas entidades federativas. Esperemos que para ese momento las autoridades estén preparadas para tener un mejor desempeño y para ofrecer buenas cuentas a la ciudadanía, que ya está cansada de ser víctima cotidiana de la delincuencia.

 

@MiguelCarbonell