Opinión

La cuesta económica y política de enero

Uno de los problemas principales lo constituye la corrupción y la resistencia de la clase política a ser investigada y procesada judicialmente.

  • 03/01/2016
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En un desafortunado comentario pronunciado en enero de 2011 el entonces secretario de Economía, Bruno Ferrari, decía que la cuesta de enero se trataba de un asunto cultural, el cual puede ser combatido, si los ciudadanos adoptan un consumo inteligente y responsable para comparar precios y calidad de los productos y servicios.

 

Hoy en día, a 5 años de distancia y con una alternancia política en el gobierno federal, las cosas parecen ser las mismas, porque no sólo se trata de una cuesta económica de inicio de año, sino con unas proyecciones económicas que esperaríamos que fueran producto de una pesadilla.

 

Pero no sólo se trata de la cuesta económica que impacta en la economía de las familias mexicanas, sino la cuesta política producto de una poca o nula credibilidad en transparentar la relación de la política con el dinero.

 

Como consumidor responsable que es usted de los bienes y productos que lleva a la mesa de su hogar, la cuesta de inicio de año no sólo consiste en el aumento de los productos que consumen en casa, sino el costo que nos debe de pagar la clase politica por su permanencia en los cargos de elección popular, consistente en la dotación de credibilidad al ciudadano, por la vía de la implementación del sistema anticorrupción, con controles para el ejercicio de los recursos públicos.

 

Si usted como particular es sujeto de investigación para autorizarle un crédito para la compra de un auto o bien inmueble, ¿por qué la clase política no está sujeta a un buró de crédito político, en donde se lleven contabilizados los compromisos asumidos en campaña y los cumplidos, los delitos, faltas, actos de corrupción y demás que han cometido por sí mismos o por medio de su descendencia, para decidirse por el mejor de los candidatos?

 

O bien, exigamos a nuestros representantes populares que inscriban su #3de3, es decir, su declaración de bienes, patrimonial y de declaración de intereses.

 

Además, si a partir de enero de 2016 pagaremos 40 centavos menos por litro de gasolina, ¿porqué nuestros diputados federales y senadores no exigen a la Secretaría de Hacienda que se ajuste este precio con el pagado por litro al que PEMEX acaba de iniciar su venta en la frontera con Estados Unidos, a la mitad de los 13.57 a 14.38 pesos de la gasolina Magna y Premium, respectivamente?

 

No sólo esto. Bien haría el gobierno en procesar a unos cuantos servidores públicos de primer nivel, por corrupción. Ejemplos hay en PEMEX, CFE, en cualquier Secretaría de Estado o los demás Poderes.

 

Hoy por hoy, uno de los principales problemas de este país lo constituye la corrupción y la resistencia de la clase política a ser investigada y procesada judicialmente. Esta es la verdadera cuesta para el sistema político mexicano.

 

La cuesta política también alcanza la justicia, en cuyo desempeño el Estado mexicano ha dado mucho qué desear, en temas como Ayotzinapa o la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, temas en los que tambien hay un crédito político que no ha sido saldado, en contraste que con los excesos y abusos de integrantes de la clase política, muy alejados del espíritu republicano de medianía que pregonaba el presidente Juárez: “No se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No se pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala”.