El futuro de la Suprema Corte, su papel protagónico en la consolidación de un Estado Constitucional de Derecho, su rol como guía jurisdiccional en materia de Derechos Humanos depende de muchos factores. Uno de ellos es, sin duda, su integración.
Es fundamental que sus miembros sean los más adecuados y ello supone tanto un compromiso por parte de la Presidencia de la República al nombrar las ternas para ocupar los asientos vacantes en la Corte en 2015, como del Senado al momento de designar a las Ministras o Ministros que conformarán la Suprema Corte. También supone objetividad en los miembros del Poder Judicial que sean consultados sobre las posibles candidatas o candidatos.
En ese sentido, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial tienen un gran compromiso con la ciudadanía: una Suprema Corte para un Estado Constitucional y Democrático; una Corte que proteja los fundamentos democráticos de la Constitución; que proteja los Derechos Humanos; y que no sea ajena a la realidad socio-política mexicana. Finalmente, la responsabilidad es la de garantizar una Corte que inspire confianza a la sociedad.
En las próximas semanas se espera que la Presidencia de la República envíe al Senado la terna para sustituir al Ministro Sergio Valls quien falleció el pasado diciembre de 2014. Mientras que después de noviembre de 2015 habrá dos vacantes más, debido a la salida de la Ministra Olga Sánchez Cordero y el Ministro Juan Silva Meza. Así que es un año de una reconfiguración sustantiva de la SCJN.
Es importante que las ternas respondan a algo más que a coyunturas políticas y que haya un gran sentido de responsabilidad al hacerlas. Ello supondría que quienes conformen las ternas deberían tener un perfil en el que encontremos mucho más que los requisitos constitucionales (nacionalidad mexicana, 35 años, gozar de buena reputación, 10 años de experiencia en el derecho, etc.). Mínimamente, son deseables personas con total independencia de poderes públicos o fácticos, con sólida formación como juristas, y con sensibilidad ante las problemáticas socio-políticos del país. Todas estas características, por supuesto, están sujetas a interpretación y discusión, esto no sólo es deseable sino necesario. Una discusión parlamentaria sobre estas características abre la posibilidad de fortalecer a los poderes públicos y, por tanto, al Estado Constitucional.
En ese sentido, es ideal que los procesos de designación no sean ajenos a la sociedad, de lo contrario se corre el riesgo de generar desconfianza pública y robustecer la idea de que las designaciones se deben a favores políticos y que la SCJN decide sus asuntos de forma discrecional.
Desde hace algún tiempo, existe la exigencia de la sociedad civil de que estos procesos de designación –especialmente el de la elección en el Senado- deben ser abiertos. Con ello se pretende algo más que poder escuchar las comparecencias de candidatas y candidatos, y algo más que tener a la mano los discursos en los que se enuncian las razones por las que una u otra persona cree que su candidatura a la Suprema Corte es idónea. Entonces, cuando se piensa en un proceso de designación abierto, lo que se quiere es un acercamiento de los poderes públicos con la sociedad y también una justificación clara de porqué se eligió a quien se eligió.
En esta óptica, acercamiento con la sociedad implica al menos tres cuestiones: la necesidad de que el proceso sea transparente y comprensible; cercanía de los representantes con sus electores; y finalmente el fomento de la participación ciudadana. Esto es: tener las herramientas necesarias para saber qué está haciendo el Senado y porqué; una explicación de los criterios que tomaron en cuenta las senadoras y senadores para elegir a la persona que ocupará un asiento en la SCJN; y canales para que la sociedad pueda externar sus dudas sobre candidatas/candidatos y pueda involucrarse con quien a la postre tendrá uno de los cargos más relevantes en materia de administración de justicia.
Se trata entonces de un proceso en el que #ParlamentoAbierto y #JusticiaAbierta se tocan. Por un lado se requieren los datos que le dan sentido a la discusión parlamentaria, y por otro los datos que justifican la designación de una Ministra o Ministro que durante 15 años trabajará en la Suprema Corte.
Durante el año habrá muchas especulaciones sobre quiénes son las candidatas y candidatos preferidos por la Presidencia, el Senado o los grupos de poder. Es parte del juego político y, aunque no siempre de manera adecuada, ayudan a poner atención en un proceso que impacta la vida pública. Nos da cuenta además de la dimensión política que tiene la Corte que es importante no perder de vista. Sin duda, es indispensable tener Ministras o Ministros que sean independientes y juzguen conforme a derecho, pero eso no debe hacernos suponer que la Corte es “a-política”, eso significaría que ella es ajena a los conflictos socio-políticos del país y también distante a la sociedad a la que sirve. Ninguna de estas dos condiciones es deseable en una República con ánimos de consolidación democrática.
El autor es Octavio Martínez Michel @Octavio_MMichel @BordeJuridico
Maestro en Filosofía Política por la UAM-I y Licenciado en Filosofía por la UNAM. Dedicado a la Historia y la Filosofía del Derecho desde hace 4 años, ha sido profesor de Historia del Derecho e Historia de los Derechos Humanos en la Escuela Libre de Derecho, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Panamericana y el ITESM. Actualmente es Director General de Borde Jurídico.